En ningún periodo de nuestra restaurada democracia han faltado tanto los grandes y necesarios acuerdos de Estado entre el gobierno y la oposición. Y no precisamente por culpa del Partido Popular, que ha sido capaz de respaldar al gobierno en los graves conflictos de política exterior, como Líbia o Afganistán, y de apoyar decisiva y generosamente a un lendakari socialista en el País Vasco y sostener la política antiterrorista de un gobierno que al mismo tiempo negociaba con los terroristas por detrás. Pero los gobiernos de Zapatero y Rubalcaba, desde el 2004, no han cesado de excitar el enfrentamiento.
Empezando por la Memoria Histórica que sólo ha servido para resucitar el fantasma de nuestro pasado, y alentando separatismos con Estatutos anticonstitucionales o gobernando en comunidades autónomas con partidos que se quieren ir de España.
El resultado, como se puede comprobar, ha sido desalentador. Mucho de lo construido en los difíciles años de la Transición se está desmoronando.
Y cuando al fin se ha producido un acuerdo entre el PP y el PSOE, como es el de limitar constitucionalmente el déficit e incluir en esta disciplina a las Comunidades Autónomas, algo que por cierto exige Europa para seguir cubriendo nuestra deuda, la reacción nacionalista ha sido revolucionaria.
Es claro que para nuestros nacionalistas cualquier gran acuerdo de Estado en el que no participen significa una ruptura nada menos que de la Constitución y de las reglas de juego.
El Pacte del Tinell, en el que CiU y los socialistas se juntaban con los comunistas y los republicanos o separatistas, para excluir al Partido Popular de la Reforma del Estatut o de cualquier otro pacto, fue por lo visto muy democrático. Algunos incluso fueron al Notario para acreditarlo. El pensionazo de mayo del 2010, en el que gracias al apoyo de CiU se ha prorrogado innecesariamente la crisis y que trituraba nada menos que el Pacto de Toledo, fue también un modélico pacto de Estado.
Seguramente, para un político tan “pactista” como Duran i Lleida, cualquier pacto que excluya al Partido Popular o cualquier estrategia que pueda impedir la mayoría absoluta del PP es bueno para los catalanes, para superar la crisis, para la democracia y para defender la Constitución. A la que unas veces se apela para el recuento de los votos de un concejal en Barcelona y otras en nombre de un consenso que sólo se produce cuando las sentencias de los Tribunales les gustan a nuestros nacionalistas.
Sin embargo, el manifiesto desacato a la sentencia del TC sobre la reforma del Estatut, la retirada y el desprecio a los símbolos comunes, el etiquetaje y los rótulos, las multas lingüísticas, el doblaje de las películas, las cuotas, las matrículas, la immersión lingüística educativa o sanitaria, no sólo son una sistemàtica violación de las reglas constitucionales. És que atentan además contra el sentido común y sólo se pueden entender porque ocultan una intención: separar a Cataluña del resto de España, por el idioma y por fases, desde el soberanismo y la emancipación hasta llegar a otra Transición ¿hacia?... la independencia.
Por eso no es de extrañar que la reciente sentencia del TSJC, que viene a ratificar sentencias anteriores del Constitucional y del Supremo sobre la immersión del sistema educativo de Cataluña, haya sido el pretexto para encender la efervescencia identitaria.
Hay que decir que las tres sentencias sólo pretenden que un alumno pueda estudiar parte de sus asignaturas en catalán y otra parte en castellano, que además del idioma oficial de todo el estado es, junto con el catalán, el idioma propio de Cataluña. Se trata del ejercicio de un derecho de libertad, de enriquecer el conocimiento de nuestros estudiantes, y que los que mandan cumplan las leyes.
En ninguna otra parte del mundo, salvo en las islas Feroe, podríamos encontrar un precedente en el que el idioma común de todo el Estado es excluido del ámbito educativo en una parte del Estado.
El público desacato a las sentencias, anunciado por el Presidente de la Generalitat, es mucho más grave que la ruptura constitucional. Supone la quiebra del sistema democrático, al que se incorporan con su habitual deslealtad y doble cara los socialistas catalanes liderados por la insumisa Ministra Chacón.
Es evidente que para CiU una mayoría absoluta del PP representa una tragedia. Porque en el fondo prefiere pactar con un PSOE debilitado que desactive la oposición socialista en la Generalitat, y que les prometerá lo que le pidan aunque luego no lo cumpla.
Pero presentar el equilibrio constitucional de las cuentas de todas las Administraciones, la defensa del bilingüismo catalán-castellano y el obligado cumplimiento de las leyes y las sentencias como un ataque a Cataluña, para justificar su oposición al único cambio posible a las fracasadas políticas socialistas, es un inaceptable ejercicio de cinismo y un engaño.
Ya sabemos que cada 11 de septiembre cualquier pretexto sirve para encender una agitación, que luego se desvanece como la espuma, y que sólo sirve para desviar la atención de los problemas reales que tienen los ciudadanos, que necesitan más que nunca un cambio. Cambio que sólo puede llegar con la mayoría absoluta del Partido Popular.
J.I.Llorens Torres
Diputado del PP por Lleida y portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso
