jueves, 24 de enero de 2013

Tiempos de convulsión

Desde la restauración de la democracia, España ha vivido momentos difíciles, de verdadera convulsión. El golpe de Estado, afortunadamente fallido, del año 1981, los escandalosos episodios de principios de los 90, que acompañaron el fin del felipismo, y que coincidieron además con una crisis económica similar a la actual, han marcado etapas criticas que, no obstante, se han podido superar porque se han respondido con medidas y decisiones adecuadas.

Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica que comporta dolorosos costes sociales y sacrificios personales, a los que hay que añadir las irregularidades y escándalos conocidos estos últimos días, que acentúan la justa indignación ciudadana, y para colmo, un gobierno legalmente constituido plantea la ilegal segregación de una parte del Estado. Estamos pues ante un momento difícil, delante de una grave crisis económica, política, social e institucional. Una crisis de Estado.

Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnostico y después aplicar las soluciones necesarias. Todos los partidos, no solo al que me honro pertenecer desde el año 1982, hemos vivido casos de corrupción. Considero que formo parte de un proyecto colectivo, por tanto, me parecería insolidario sumarme a las criticas, que ya nos llueven desde todos los ámbitos.

Solo quiero añadir que la propuesta del presidente Mariano Rajoy para depurar responsabilidades internas del PP hasta las ultimas consecuencias, resolver de una vez la financiación de los partidos políticos y ofrecer un gran acuerdo a todas las formaciones políticas para luchar contra la corrupción, es un verdadero pacto de Estado que no debería ser desaprovechado. Sobre esta cuestión, no deja de ser llamativo el tratamiento que los medios de comunicación catalanes dispensan a los casos de corrupción, según a quien afecte. Ciertamente, Catalunya es un oasis... informativo, y para tener una información completa, uno tiene que recurrir a lo que aquí se llama "caverna mediática de Madrit".

El derecho a decidir. Despejemos equívocos, bajo este eufemismo se esconde un subterfugio, una gran mentira. Quienes lo defienden intentan crear una confusión interesada entre democracia y legalidad. Pero la primera regla de oro en democracia es el respeto a las leyes y al Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia. El derecho a decidir desde la legalidad, tal y como lo plantean quienes lo quieren someter a la voluntad del pueblo catalán es una ilegalidad, por tanto, es una falacia y no es democrático. Ese derecho le corresponde al conjunto del pueblo español a través de los procedimientos legales vigentes, reiteradamente expuestos.

Si llegara ese momento, se tiene que plantear con honestidad y transparencia y sinceridad a los ciudadanos de Catalunya y del resto de España, las consecuencias de una hipotética secesión. No se puede sostener en serio y sin faltar a la verdad que Catalunya seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Quedaría fuera, y no es necesario un alarde de imaginación para enumerar los costes de todo tipo que iban a suponer para el resto de España y para Catalunya, especialmente, la secesión.

La ruptura se basa en unos agravios que son falsos. España no nos roba, al contrario. El superávit comercial de Catalunya con el resto de España es de mas de 22.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB catalán. No es cierto, como aseguro Artur Mas el mismo día de la llegada del AVE a Girona, que el Estado no invierte en Catalunya. Al revés. Desde el año 1996 es la Comunidad Autónoma en la que mas se ha invertido, con más de 20.000 millones de euros. En caso de ruptura, según datos contrastables del Instituto de Estudios Económicos, Catalunya tendría que pagar 180.000 millones de euros de la deuda española, las exportaciones a España descenderían en un 50 por ciento y el PIB catalán en un 20 por cien, y todo ello sin contar la fuga de capitales y empresas y los costes de una moneda propia.

La solución a la espantosa situación económica heredada en el conjunto de España no ha sido ocultarla, sino reconocerla y afrontarla. La reforma laboral y la reforma financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el esfuerzo de todas las administraciones en recortar el gasto y reducir el déficit empiezan a surtir efecto. España es percibida ya como un país serio, el crédito europeo comienza a fluir y se empiezan a notar síntomas esperanzadores. No hay derecho a que en estos momentos la irresponsable actitud del Govern de Catalunya se haya convertido en el principal lastre para la recuperación de la economía del conjunto de España.

Los movimientos populistas y nacionalistas cobran especial fuerza con sus falsas retóricas en épocas de crisis, prometiendo soluciones fáciles que no son ciertas. Con la independencia no viviríamos mejor porque los costes de todo tipo serian muy superiores a los beneficios. Artur Mas y los suyos, que en solo dos años han elevado la deuda de la Generalitat en mas de 9.000 millones de euros pueden seguir culpando al Gobierno Central de sus incumplimientos del déficit, en vez de atajar la hemorragia en los gastos de los Consorcios, Agencias, Consells, de la juventud, del agua, audiovisuales, deporte, lingüísticos, etcétera, y de las cerca de 500 empresas públicas que hay en Catalunya.

También es muy libre, quien hoy preside la Generalitat, de cambiar de socio, de penalizar el sentido de la responsabilidad de Durán i Lleida y de Unió y seguir perdiendo votos en favor de ERC. Pero de la crisis que vivimos no se sale con utopías y visiones mesiánicas, ni con confrontaciones estériles. España tiene que resolver sus diferencias para mantener el proyecto común, y eso exige por parte de todos pactos de Estado y políticas de grandeza. Porque señor Mas: la culpa no es siempre de los demás. La culpa de su fracaso electoral no es del señor Duran i Lleida, y la culpa de su fracaso económico tampoco del señor Rajoy, sino de los derroches identitarios, que al final obligan a que personajes tan significativos como el señor Josep Pujol Ferrusola haya cambiado su domicilio fiscal a 'Madrit'.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del PP por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

viernes, 11 de enero de 2013

La ley nos obliga a todos

El año 2010, los catalanes le dieron a Artur Mas y a CiU la mayoría suficiente para gobernar. Antes de llegar a la mitad de ese mandato, tras la “espontánea” manifestación del 11-S, promovida, alentada y subvencionada por el Govern de la Generalitat, su President decidió anticipar las elecciones. De repente, el señor Mas, preso de un súbito fervor mesiánico, sintió la imperiosa necesidad de pedirles a los catalanes que, como un solo pueblo, le otorgaran una mayoría excepcional, una mayoría indestructible, para romper con España.

Pero el pueblo catalán que respondió como lo que es, como una sociedad plural, no le confirió la mayoría requerida para la ruptura que había sido el objeto del anticipo electoral. Y no solo eso, le castigó a Mas con 12 escaños menos, lo que no fue óbice para que en vez de dimitir, que hubiera sido la lógica respuesta democrática, Artur Mas emprendiera una suicida salida hacia delante y se entregara a los que pedían lo mismo para lo que él pidió una mayoría excepcional, que le había sido negada. Error tras error.

Pactar con ERC, partido que no se ha distinguido precisamente por su aportación a la gobernabilidad, y menos ahora que pretender ser a la vez gobierno y oposición, es otro error grave. Pero lo es más someterse a planteamientos económicos que hace tres meses se consideraban inviables. El caso es que gobierna CiU pero manda ERC, que vigilará a través de los comités mixtos el estricto cumplimiento de los compromisos, entre ellos una nueva organización territorial de Cataluña, que relegará a Lleida al limbo, y doce nuevos impuestos que convertirán a Cataluña en la comunidad que soporta mayor fiscalidad de España.

Pero no nos dejemos engañar, el gran objetivo político es romper lo que siempre ha estado unido. No, este no es un gobierno de diálogo y moderación. Todo lo contrario, porque no puede presumir de moderado un Govern que quiere romper 500 años de historia en común con España, porque así lo han decidido en tres meses Artur Mas y los suyos, a sabiendas de que esa quimérica ruptura provocaría una profunda quiebra social, económica, profesional y afectiva con el resto de España, y entre tantos catalanes que no aceptamos el enorme desagarro personal que supone que se nos quiera despojar de unos de los dos sentimientos con los que hemos nacido.

El diálogo no consiste en imponer a la otra parte, sí o sí, lo que uno quiere. Y es que el diálogo no interesa a un Govern que busca la confrontación, que desde el primer momento propone una serie de medidas y leyes que no caben en la Constitución, propias de un Estado independiente, destinadas a sustituir al que hay, y todo ello desde antes de convocar un referéndum ilegal que se da ya anticipadamente por refrendado y respaldado. En realidad, lo que interesa es el conflicto permanente, para alimentar una mayoría de ruptura inexistente.

Porque así lo expresan los sondeos, como uno reciente del grupo Godó, que reduce a una tercera parte los votantes de CiU que elegiría la independencia si significara la exclusión de Cataluña de la UE, y como se desprende de una adecuada interpretación parlamentaria de la aritmética electoral que quisiera repasar para corregir un error numérico que cometí en mi último artículo publicado en Segre el 14-D. Así, si de los 50 diputados que obtuvo CiU se restan por lo menos 13 de Unió que no están por la independencia, quedan 37, que sumados a los 21 separatistas sin tapujos de ERC más los 3 del CUP, suponen 61 diputados. Es muy aventurado decir que los 13 de IC representen votos independentistas y desde luego no lo son ni los 19 de PP, ni los 9 de Ciutadans, ni los que votaron a los 20 del PSC. En resumen, una cámara fragmentada como nunca y prácticamente dividida en dos bloques respecto a la independencia.

Por eso, a partir de ahora, para alcanzar un respaldo mayoritario de ruptura que hoy no existe, estos visionarios, promotores de la versión actualizada del plan Ibarretxe, tratarán de excitar los ánimos contra el enemigo exterior, que es España. Así, el debut del nuevo conseller de Presidencia no ha podido ser más beligerante, “Madrid ha dictado nuestra sentencia de muerte.”Y nosotros sin enterarnos…Y nada tan eficaz, sobre todo, en época de crisis, que incorporar a los sentimientos separatistas, presuntas afrentas económicas y los intereses de quienes ingenuamente se creen que en una Cataluña independiente viviríamos mejor.

Aunque es difícil sostener en serio que “España nos roba” cuando nos compra la mitad de nuestras ventas al exterior, la renta media de Cataluña es de 27.340 euros al año, frente a los 23.271 euros del conjunto, Cataluña percibe 8.300 millones de euros, una tercera parte del Fondo de Ayuda Autonómica para toda España, y desde 1996 ha sido la más favorecida en inversión de infraestructuras. Tampoco importa la deslocalización de empresas (Planeta, Cobega…) que no ha hecho más que empezar, la fuga de capitales o que la inversión extranjera haya experimentado en Cataluña la mayor caída el último trimestre.

Hemos empezado “un camino incierto”, ciertamente. Porque no sabemos el impacto de los aranceles sobre nuestras ventas a la UE y al resto de España. Ni el alcance de las tensiones devaluatorias e inflacionistas que comportaría una moneda propia o seguir en el euro, tampoco se sabe como se va a pagar nuestra deuda, la mayor de España, y los patrióticos bonos.

Lo que sí sabemos es que en una Cataluña independiente se produciría una caída del 20% del PIB, según los análisis del Instituto del Estudios Económicos, cuyo Presidente ha señalado que “los que buscan la secesión de Cataluña no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen”. Eso sin contar las pérdidas de la PAC, los fondos sociales europeos y los proyectos comunitarios de energía y transporte. Existe otro riesgo mayor. Un gobierno no puede vivir al margen de la ley. La democracia es una consecuencia –y no al revés– del Estado de Derecho y del cumplimiento de unas leyes, por encima de las cuales está la Constitución que nos obliga a todos y que es la que ha legitimado y legitima al actual Parlament, Govern y President de la Generalitat. Convendría recordarles a quienes solo tienen la máxima aspiración de conseguir una Cataluña independiente de España, para convertirla en una Cataluña mucho más dependiente de la UE, lo que además es imposible, que no se puede pedir a los ciudadanos que respeten y cumplan las leyes cuando sus gobernantes no lo hacen y abandonan los caminos del diálogo y del entendimiento tan necesarios como posibles.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura