viernes, 22 de marzo de 2013

El derecho a saber la verdad

A MUY pocos les puede sorprender la suspensión de la cumbre económica social,“Entre tots ho farem tot”, prevista por el Govern este fin de semana. Entre la prioridad de esta coalición CiU-ERC que gobierna la Generalitat, no figuran las prestaciones sociales que ponen en peligro la situación de emergencia económica que se vive en Cataluña.

Naturalmente la culpa se sigue atribuyendo al déficit fiscal, “España nos roba”. Pero cada vez resulta más difícil ocultar la monstruosa deuda que nos ha dejado el Tripartit, uno de cuyos socios es quien verdaderamente manda ahora en Cataluña, y que se ha visto ampliada por el actual Govern nada menos que a 50.000 millones de euros. El caso es que la Generalitat no tiene dinero, es la Comunidad más endeudada de España y no paga a nadie.

¿Qué hace con el dinero el Govern de la Generalitat? ¿Cómo es posible, cuando no se paga el transporte escolar o a las farmacias, que siga el despilfarro en subvenciones identitarias, el gasto en tantos canales autonómicos de televisión y empresas públicas, o en el soez engrase a unos medios de comunicación entregados a la causa soberanista? La respuesta no es difícil de imagina aunque parezca descabellada. Porque no es demasiado inteligente ni razonable el intento de recuperar el diálogo –económico– con el gobierno de Madrid y no despreciar al mismo tiempo ninguna ocasión para colocarlo contra las cuerdas, aunque sea de forma tan grotesca como la de plantear en el Parlament la reprobación de la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, porque ha tenido la osadía de exigir que la bandera española figure también en los edificios e Instituciones Públicas.

No, no parece razonable el camino emprendido hacia Ítaca por quien al día siguiente de perder diez escaños para la mayoría indestructible pedida para llegar a la meta, ha hecho lo contrario de lo que expresaban las urnas. Los modelos se han ido sucediendo y empeorando. De Escocia, visto el declive separatista que expresan los sondeos al conocerse las verdaderas consecuencias de la independencia, hemos pasado al modelo Kosovo, o sea, a la declaración unilateral de independencia.

Toda una gran patraña, un verdadero despropósito que no puede conducir más que a un desastre para Cataluña. Sin duda se busca el amparo internacional. Porque el derecho a decidir inunda nuestras vidas y pretende taparlo todo, pero en realidad es una propuesta incompleta. Así, en abstracto, el derecho a decidir puede resultar democráticamente atractivo. A muchos les gustaría decidir sobre el pago de las hipotecas, o sobre una rebaja del IBI, que en Lleida pagamos cuatro veces. Y no faltarían quienes querrían decidir sobre la pena de muerte para los terroristas o incluso sobre la permanencia de algunos vecinos de su comunidad.

Pero, afortunadamente, el derecho a decidir que ejercitamos todos cuando votamos tiene sus limitaciones, que son el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, que nos legitima a todos. Por lo tanto, el derecho a decidir... sobre la independencia de Cataluña, que es lo que realmente y en el fondo plantea la cuestión apoyada por los nacionalistas y socialistas, no es más que un regate a la legalidad nacional y a la internacional, y un derecho que va contra la legalidad no es tal.

El derecho a decidir la independencia de una parte del territorio le corresponde al sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, tal y como establece la Constitución, que también contempla los mecanismos para que se reforme. El derecho a decidir la independencia de un pueblo, Kosovo, o sea la Autodeterminación, es un derecho universal reconocido por la ONU en tres supuestos, situación colonial, ocupación militar y apartheid, que evidentemente no se dan en Cataluña, aunque algunos los hayan descubierto después de la manifestación del 11-S del 2012.

Hay otro derecho que aquí, en Cataluña, en la que hasta hace poco se presumía de oasis, no se respeta. No me refiero a que se cumpla las sentencias o al valeroso ejercicio de las Universidades catalanas que han decidido no supeditar la excelencia académica a las imposiciones lingüísticas. Se trata de un derecho natural y universal, el derecho a saber la verdad. Cuando Cataluña va a percibir más de la mitad del Fondo de Liquidez Autonómico, concretamente 7.133 millones, no se puede seguir alimentando la confrontación con quien nos ayuda.

El último desprecio al rigor y a la verdad, uno más entre mil, lo han protagonizado en la inauguración de la Fira de Mollerussa el Conseller Pelegrí y el Alcalde de Mollerussa, el diputado Solsona, afirmando que si Cataluña no cumple el déficit nuestros payeses no cobrarán la PAC. Es una información falsa, tendenciosa y equívoca, de la que por lo visto no se enteró el diputado cuando se lo preguntó, tres días antes, al Ministro de Agricultura en la Comisión. Las ayudas de la PAC, que solo se perderían en una Cataluña independiente, como la que algunos defienden, porque quedaría fuera de la UE, tienen un destino finalista, y aunque el gobierno de España quisiera no podrían destinarlo a otro fin que no fuera ayudar a los agricultores y ganaderos. Seguramente a los dirigentes nacionalistas les traiciona el subconsciente porque es el Govern de la Generalitat el que desvía ayudas a otras finalidades de las previstas, ya sean fondos sociales europeos o fondos procedentes del Gobierno Central, que no llegan al pago de los proveedores.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

jueves, 7 de marzo de 2013

La nueva PAC 2014-2020

El reciente debate sobre el Estado de la Nación no puede ocultar el acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el marco financiero 2014-2020 de la Unión Europea, que ha sido excelente para España y un éxito del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha visto reconocido tanto su esfuerzo negociador como el respeto que merece en nuestros socios europeos el programa de reformas y austeridad emprendidas por el gobierno español.

Las grandes cifras del nuevo marco financiero europeo así lo acreditan, porque aun descendiendo por primera vez el techo de gasto de la Unión para el periodo 2014-2020 en 34.000 millones de euros hasta 960.000, España logra mantener un saldo favorable con la UE hasta 2020. En lugar de contribuyentes netos, como se preveía, seguiremos siendo receptores y además se consiguen 1.800 millones para fondos estructurales y 1.000 millones para el programa de empleo juvenil.

Se trata sin duda de un espaldarazo de Europa a las políticas del gobierno español, que ya tienen reflejo en el aumento de la competividad y de las exportaciones de la economía española.

Una atención especial merece el capítulo destinado a la PAC. Los augurios y los pronósticos no podían ser más pesimistas. El Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, anunciaba una rebaja de más del 15% respecto a la situación actual. Los últimos Estados de la Unión van a tener derecho en el nuevo periodo a las ayudas directas al primer pilar, que hasta ahora no percibían. O sea, menos dinero para distribuir entre más socios. Finalmente, a pesar de que el recorte ha sido de 54.000 millones de euros, España va a percibir en la nueva PAC 35.700 millones de euros en ayudas directas para el periodo 2014-2020, 286 millones de euros más que las percibidas en el actual periodo.

Los resultados positivos de esta negociación no acaban ahí, porque España también será destinataria de 8.300 millones de euros para el segundo pilar durante los próximos seis años, es decir, 250 más que en el periodo actual para el desarrollo rural. Como todas las organizaciones profesionales y el sector han reconocido, el buen hacer, la entrega y la capacidad y habilidad negociadora del Ministro Miguel Arias Cañete han sido decisivos en lo que no puede calificarse de otra manera como de un éxito tan inesperado como rotundo. Faltan aún otros trámites. Como se sabe, ahora el Parlamento Europeo tiene ya la capacidad de co-decisión y quedan por cerrar flecos muy importantes, que impedirán posiblemente que la nueva PAC entre en vigor antes del 2015.

No obstante, cabe destacar que la primera batalla se ha ganado y ahora vendrán otras, y probablemente como ha señalado el Ministro no ha sido ajeno al éxito alcanzado la colaboración de todos los eurodiputados españoles, que han sido capaces de mantener un frente unido en defensa de nuestro sector agrario. El sobre nacional, las ayudas agrarias para España, se han mantenido gracias a que se ha aceptado el modelo propuesto por España de convergencia interna de las ayudas de la PAC, que en nuestro país, con una media de 223 €/ha, está por debajo de la media europea, que es de 243 €/ha. En el modelo español se descarta la obligación de alcanzar una tarifa plana de las ayudas directas de 100 €/ha propuesto por el gobierno del PSOE, y a cambio se prevé la posibilidad de introducir una aproximación de las mismas a nivel nacional o regional.

No menos importante ha sido la posibilidad solicitada también por nuestro país de que el Estado Miembro puede limitar la superficie elegible con derecho a percibir las ayudas directas. En la propuesta original de la Comisión, la superficie elegible sería toda la superficie agraria útil, lo que en el caso español se traduciría en la práctica duplicación, de 21 hasta 38 millones, del volumen de hectáreas con derecho a percibir las ayudas de la PAC, lo que supondría que se reducirían a la mitad el importe actual de las ayudas.

En materia de reverdecimiento, greening, se ha logrado una suavización notable de los requisitos que se exigiría a los agricultores y que podrían suponer un coste añadido importante. Las explotaciones que se encuentran acogidas a programas agroambientales de Desarrollo Rural, la agricultura ecológica o las explotaciones que están situadas en la zona de Red Natura, quedarán exentas de la práctica del greening, así como las tierras con cultivos permanentes, como aceite de oliva, vid y árboles frutales, que están dentro de la superficie elegible, que tampoco tendrán que cumplir las nuevas exigencias ecológicas.

Otras medidas destacadas que merecen mención son la aprobación de un Programa Nacional de Desarrollo Rural en convivencia con los 17 Programas Autonómicos, el rechazo a la propuesta de la Comisión de obligar a un ahorro del 25% de agua para acceder a las inversiones en regadíos, el aplazamiento al 2030 de la eliminación de los derechos de plantación de los viñedos, la ampliación al mercado de la UE de las campañas de promoción de los vinos y la obligatoriedad de establecer un porcentaje mínimo de ayudas que se tendrán que dedicar al apoyo a los jóvenes agricultores.

Por último, para la agricultura leridana cobran singular importancia las medidas de gestión de mercado que refuerzan los instrumentos de intervención y la introducción de un nuevo instrumento para hacer frente a las crisis en el sector de frutas y hortalizas, financiado a parte de los fondos gestionados para ese fin por las organizaciones de productores, así como la posibilidad de intercambiar fondos entre pilares y el incremento de un 10% a un 15% del porcentaje que podía ser destinado a pagos acoplados y que incluye a petición española la posibilidad de conceder ayudas asociadas a los ganaderos que no dispongan de tierras en propiedad, o sea, a la ganadería de cebo.

Queda ahora un largo camino. A la aprobación del Parlamento Europeo seguirá el complejo reparto de las ayudas nacionales, donde ya se percibe las protestas de quienes sin embargo apoyan una Cataluña independiente que nos dejaría fuera de las importantes ayudas de la nueva PAC.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida