Los agricultores de Lleida están
consternados y no les faltan motivos para ello. He hablado con varios de ellos
y con el Presidente de Afrucat, y es fácil comprender y compartir su inquietud
y zozobra, porque el cierre de la frontera rusa a las importaciones agroalimentarias
y pesqueras de los países que pertenecen a la UE, además de las que proceden de
Estados Unidos, Australia y Canadá, va a tener un impacto especialmente negativo
para los productores de Lleida que tienen en Rusia uno de los prioritarios
destinos de exportación.
Lo cierto es que la actividad agraria,
que es la base de unos de los principales pilares de la recuperación económica
de España, está sometida continuamente a una serie de riesgos impredecibles. Unas
veces son los climatológicos, otras crisis como la del pepino del año 2011, en
la que nuestro país cargó injustamente con los efectos de la bacteria e.Coli. Este
año las sanciones económicas impulsadas principalmente desde la UE y los
Estados Unidos contra Rusia en represalia a su actuación en el conflicto de Ucrania,
ha provocado la respuesta rusa, que recae otra vez injustamente en nuestros
agricultores y ganaderos.
Esta respuesta consiste en la prohibición
revisable por un año a la importación de determinados productos
hortofrutícolas, cárnicos y lácteos procedentes de la UE y resto de países que impulsaron
las sanciones económicas contra Rusia. El veto ruso a las exportaciones
comunitarias podría suponer más de 5.000 millones de euros, siendo Lituania con
927millones, Polonia con 841millones y Alemania con 595 millones los más
afectados. Para España el impacto de las prohibiciones se estima en unos 337 millones
de euros, pero respecto a la producción hortofrutícola, España, que exportó
225,8 millones de euros en 2013, el 12% del total exportado a Rusia por la UE,
es el tercer país más perjudicado tras Lituania y Polonia.
Casi una tercera parte del importe de
las prohibiciones rusas a España corresponde a Cataluña y de esa cantidad unos
70 millones de euros proceden del sector cárnico, principalmente porcino, y
unos 40 millones de los productores de fruta, especialmente melocotón y
nectarina, por lo que, aunque el impacto de la prohibición en su conjunto es limitado
para España y no supera el 1,8%del total de las ventas agrarias, en el caso de
Lleida, que es la principal exportadora a Rusia en dichas producciones, el quebranto
económico es muy grave y concierne a la totalidad de la economía leridana que
como sabemos gravita sobre el sector agroalimentario.
Por eso, todos los esfuerzos que haga
el Gobierno español y concretamente el Ministerio de Agricultura, y me consta
que están haciendo todo lo que pueden, serán pocos. Pero conviene aclarar e
insistir antes que nada que esta es una crisis internacional que tiene que
resolverse en el ámbito comunitario. Por eso, la Ministra de Agricultora,
Isabel García Tejerina, con que la que pude hablar inmediatamente, solicitó en
nombre del Gobierno español una reunión del Comité de Gestión de Crisis en
Bruselas para el jueves día 14 de agosto, que es uno de los logros importantes en
la nueva reforma de la PAC 2014-2020 y tiene competencias y recursos
importantes para sufragar las pérdidas que pueden producirse como consecuencia de
graves alteraciones del mercado.
Mientras tanto, ¿qué está haciendo el
Gobierno español, cuya actuación algunos no desperdician la oportunidad de
criticar aunque sea de forma tan infundada como la que nos ocupa? Pues reaccionar
con rapidez, con proximidad y con sensatez. La Ministra se ha reunido con las
organizaciones y los principales sectores agrarios afectados, se están evaluando
los daños reales y sin duda negociará con firmeza y habilidad para conseguir
las máximas ayudas para los sectores afectados, no solo a cargo del presupuesto
de las ayudas agrarias ordinarias como pretende Bruselas, sino también para
obtener recursos del Fondo de Gestión de Crisis a los que no piensa renunciar Isabel
García Tejerina, como acertadamente ya ha anunciado.
El Comisario Ciolos ya ha anunciado medidas
de apoyo excepcional, con un aumento de los volúmenes de fruta que se retira del
mercado y que se compensará con ayudas europeas y fondos extraordinarios para
programas de promoción en mercados alternativos, pero la ministra española de Agricultura,
Isabel García Tejerina, propondrá que ese dinero provenga del Fondo de Gestión
de Crisis y no solo del presupuesto de las ayudas agrícolas ordinarias. Es
decir, el Gobierno español además de enviar mensajes de tranquilidad a los mercados
para evitar que cunda el pánico y se hundan más los precios, no abandonará a
los agricultores y ya está actuando con seriedad y solvencia donde tiene que
hacerlo.
Por último, también es conveniente recordar
que pertenecer a la Unión Europea comporta derechos y obligaciones solidarias. Grandes
ventajas y también como ahora inconvenientes, pero son tan superiores las
primeras que hasta los que se quieren ir de España no querrían abandonar la Unión
Europea. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es apoyar todos juntos la
excelente labor de la ministra de Agricultura, buena conocedora de los entresijos
de Bruselas, donde Miguel Arias Cañete a las puertas de su probable
nombramiento como comisario supondrá un apoyo eficaz para nuestros sacrificados
payeses, que un año más tienen que enfrentarse a unas adversidades que con la ayuda
de todos, sin duda, podrán superar.
José Ignacio Llorens Torres
Presidente de la Comisión de Agricultura en el
Congreso de los Diputados
