Tiempos de convulsión

Desde la restauración de la democracia, España ha vivido momentos difíciles, de verdadera convulsión. El golpe de Estado, afortunadamente fallido, del año 1981, los escandalosos episodios de principios de los 90, que acompañaron el fin del felipismo, y que coincidieron además con una crisis económica similar a la actual, han marcado etapas criticas que, no obstante, se han podido superar porque se han respondido con medidas y decisiones adecuadas.

Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica que comporta dolorosos costes sociales y sacrificios personales, a los que hay que añadir las irregularidades y escándalos conocidos estos últimos días, que acentúan la justa indignación ciudadana, y para colmo, un gobierno legalmente constituido plantea la ilegal segregación de una parte del Estado. Estamos pues ante un momento difícil, delante de una grave crisis económica, política, social e institucional. Una crisis de Estado.

Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnostico y después aplicar las soluciones necesarias. Todos los partidos, no solo al que me honro pertenecer desde el año 1982, hemos vivido casos de corrupción. Considero que formo parte de un proyecto colectivo, por tanto, me parecería insolidario sumarme a las criticas, que ya nos llueven desde todos los ámbitos.

Solo quiero añadir que la propuesta del presidente Mariano Rajoy para depurar responsabilidades internas del PP hasta las ultimas consecuencias, resolver de una vez la financiación de los partidos políticos y ofrecer un gran acuerdo a todas las formaciones políticas para luchar contra la corrupción, es un verdadero pacto de Estado que no debería ser desaprovechado. Sobre esta cuestión, no deja de ser llamativo el tratamiento que los medios de comunicación catalanes dispensan a los casos de corrupción, según a quien afecte. Ciertamente, Catalunya es un oasis... informativo, y para tener una información completa, uno tiene que recurrir a lo que aquí se llama "caverna mediática de Madrit".

El derecho a decidir. Despejemos equívocos, bajo este eufemismo se esconde un subterfugio, una gran mentira. Quienes lo defienden intentan crear una confusión interesada entre democracia y legalidad. Pero la primera regla de oro en democracia es el respeto a las leyes y al Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia. El derecho a decidir desde la legalidad, tal y como lo plantean quienes lo quieren someter a la voluntad del pueblo catalán es una ilegalidad, por tanto, es una falacia y no es democrático. Ese derecho le corresponde al conjunto del pueblo español a través de los procedimientos legales vigentes, reiteradamente expuestos.

Si llegara ese momento, se tiene que plantear con honestidad y transparencia y sinceridad a los ciudadanos de Catalunya y del resto de España, las consecuencias de una hipotética secesión. No se puede sostener en serio y sin faltar a la verdad que Catalunya seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Quedaría fuera, y no es necesario un alarde de imaginación para enumerar los costes de todo tipo que iban a suponer para el resto de España y para Catalunya, especialmente, la secesión.

La ruptura se basa en unos agravios que son falsos. España no nos roba, al contrario. El superávit comercial de Catalunya con el resto de España es de mas de 22.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB catalán. No es cierto, como aseguro Artur Mas el mismo día de la llegada del AVE a Girona, que el Estado no invierte en Catalunya. Al revés. Desde el año 1996 es la Comunidad Autónoma en la que mas se ha invertido, con más de 20.000 millones de euros. En caso de ruptura, según datos contrastables del Instituto de Estudios Económicos, Catalunya tendría que pagar 180.000 millones de euros de la deuda española, las exportaciones a España descenderían en un 50 por ciento y el PIB catalán en un 20 por cien, y todo ello sin contar la fuga de capitales y empresas y los costes de una moneda propia.

La solución a la espantosa situación económica heredada en el conjunto de España no ha sido ocultarla, sino reconocerla y afrontarla. La reforma laboral y la reforma financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el esfuerzo de todas las administraciones en recortar el gasto y reducir el déficit empiezan a surtir efecto. España es percibida ya como un país serio, el crédito europeo comienza a fluir y se empiezan a notar síntomas esperanzadores. No hay derecho a que en estos momentos la irresponsable actitud del Govern de Catalunya se haya convertido en el principal lastre para la recuperación de la economía del conjunto de España.

Los movimientos populistas y nacionalistas cobran especial fuerza con sus falsas retóricas en épocas de crisis, prometiendo soluciones fáciles que no son ciertas. Con la independencia no viviríamos mejor porque los costes de todo tipo serian muy superiores a los beneficios. Artur Mas y los suyos, que en solo dos años han elevado la deuda de la Generalitat en mas de 9.000 millones de euros pueden seguir culpando al Gobierno Central de sus incumplimientos del déficit, en vez de atajar la hemorragia en los gastos de los Consorcios, Agencias, Consells, de la juventud, del agua, audiovisuales, deporte, lingüísticos, etcétera, y de las cerca de 500 empresas públicas que hay en Catalunya.

También es muy libre, quien hoy preside la Generalitat, de cambiar de socio, de penalizar el sentido de la responsabilidad de Durán i Lleida y de Unió y seguir perdiendo votos en favor de ERC. Pero de la crisis que vivimos no se sale con utopías y visiones mesiánicas, ni con confrontaciones estériles. España tiene que resolver sus diferencias para mantener el proyecto común, y eso exige por parte de todos pactos de Estado y políticas de grandeza. Porque señor Mas: la culpa no es siempre de los demás. La culpa de su fracaso electoral no es del señor Duran i Lleida, y la culpa de su fracaso económico tampoco del señor Rajoy, sino de los derroches identitarios, que al final obligan a que personajes tan significativos como el señor Josep Pujol Ferrusola haya cambiado su domicilio fiscal a 'Madrit'.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del PP por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

La ley nos obliga a todos

El año 2010, los catalanes le dieron a Artur Mas y a CiU la mayoría suficiente para gobernar. Antes de llegar a la mitad de ese mandato, tras la “espontánea” manifestación del 11-S, promovida, alentada y subvencionada por el Govern de la Generalitat, su President decidió anticipar las elecciones. De repente, el señor Mas, preso de un súbito fervor mesiánico, sintió la imperiosa necesidad de pedirles a los catalanes que, como un solo pueblo, le otorgaran una mayoría excepcional, una mayoría indestructible, para romper con España.

Pero el pueblo catalán que respondió como lo que es, como una sociedad plural, no le confirió la mayoría requerida para la ruptura que había sido el objeto del anticipo electoral. Y no solo eso, le castigó a Mas con 12 escaños menos, lo que no fue óbice para que en vez de dimitir, que hubiera sido la lógica respuesta democrática, Artur Mas emprendiera una suicida salida hacia delante y se entregara a los que pedían lo mismo para lo que él pidió una mayoría excepcional, que le había sido negada. Error tras error.

Pactar con ERC, partido que no se ha distinguido precisamente por su aportación a la gobernabilidad, y menos ahora que pretender ser a la vez gobierno y oposición, es otro error grave. Pero lo es más someterse a planteamientos económicos que hace tres meses se consideraban inviables. El caso es que gobierna CiU pero manda ERC, que vigilará a través de los comités mixtos el estricto cumplimiento de los compromisos, entre ellos una nueva organización territorial de Cataluña, que relegará a Lleida al limbo, y doce nuevos impuestos que convertirán a Cataluña en la comunidad que soporta mayor fiscalidad de España.

Pero no nos dejemos engañar, el gran objetivo político es romper lo que siempre ha estado unido. No, este no es un gobierno de diálogo y moderación. Todo lo contrario, porque no puede presumir de moderado un Govern que quiere romper 500 años de historia en común con España, porque así lo han decidido en tres meses Artur Mas y los suyos, a sabiendas de que esa quimérica ruptura provocaría una profunda quiebra social, económica, profesional y afectiva con el resto de España, y entre tantos catalanes que no aceptamos el enorme desagarro personal que supone que se nos quiera despojar de unos de los dos sentimientos con los que hemos nacido.

El diálogo no consiste en imponer a la otra parte, sí o sí, lo que uno quiere. Y es que el diálogo no interesa a un Govern que busca la confrontación, que desde el primer momento propone una serie de medidas y leyes que no caben en la Constitución, propias de un Estado independiente, destinadas a sustituir al que hay, y todo ello desde antes de convocar un referéndum ilegal que se da ya anticipadamente por refrendado y respaldado. En realidad, lo que interesa es el conflicto permanente, para alimentar una mayoría de ruptura inexistente.

Porque así lo expresan los sondeos, como uno reciente del grupo Godó, que reduce a una tercera parte los votantes de CiU que elegiría la independencia si significara la exclusión de Cataluña de la UE, y como se desprende de una adecuada interpretación parlamentaria de la aritmética electoral que quisiera repasar para corregir un error numérico que cometí en mi último artículo publicado en Segre el 14-D. Así, si de los 50 diputados que obtuvo CiU se restan por lo menos 13 de Unió que no están por la independencia, quedan 37, que sumados a los 21 separatistas sin tapujos de ERC más los 3 del CUP, suponen 61 diputados. Es muy aventurado decir que los 13 de IC representen votos independentistas y desde luego no lo son ni los 19 de PP, ni los 9 de Ciutadans, ni los que votaron a los 20 del PSC. En resumen, una cámara fragmentada como nunca y prácticamente dividida en dos bloques respecto a la independencia.

Por eso, a partir de ahora, para alcanzar un respaldo mayoritario de ruptura que hoy no existe, estos visionarios, promotores de la versión actualizada del plan Ibarretxe, tratarán de excitar los ánimos contra el enemigo exterior, que es España. Así, el debut del nuevo conseller de Presidencia no ha podido ser más beligerante, “Madrid ha dictado nuestra sentencia de muerte.”Y nosotros sin enterarnos…Y nada tan eficaz, sobre todo, en época de crisis, que incorporar a los sentimientos separatistas, presuntas afrentas económicas y los intereses de quienes ingenuamente se creen que en una Cataluña independiente viviríamos mejor.

Aunque es difícil sostener en serio que “España nos roba” cuando nos compra la mitad de nuestras ventas al exterior, la renta media de Cataluña es de 27.340 euros al año, frente a los 23.271 euros del conjunto, Cataluña percibe 8.300 millones de euros, una tercera parte del Fondo de Ayuda Autonómica para toda España, y desde 1996 ha sido la más favorecida en inversión de infraestructuras. Tampoco importa la deslocalización de empresas (Planeta, Cobega…) que no ha hecho más que empezar, la fuga de capitales o que la inversión extranjera haya experimentado en Cataluña la mayor caída el último trimestre.

Hemos empezado “un camino incierto”, ciertamente. Porque no sabemos el impacto de los aranceles sobre nuestras ventas a la UE y al resto de España. Ni el alcance de las tensiones devaluatorias e inflacionistas que comportaría una moneda propia o seguir en el euro, tampoco se sabe como se va a pagar nuestra deuda, la mayor de España, y los patrióticos bonos.

Lo que sí sabemos es que en una Cataluña independiente se produciría una caída del 20% del PIB, según los análisis del Instituto del Estudios Económicos, cuyo Presidente ha señalado que “los que buscan la secesión de Cataluña no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen”. Eso sin contar las pérdidas de la PAC, los fondos sociales europeos y los proyectos comunitarios de energía y transporte. Existe otro riesgo mayor. Un gobierno no puede vivir al margen de la ley. La democracia es una consecuencia –y no al revés– del Estado de Derecho y del cumplimiento de unas leyes, por encima de las cuales está la Constitución que nos obliga a todos y que es la que ha legitimado y legitima al actual Parlament, Govern y President de la Generalitat. Convendría recordarles a quienes solo tienen la máxima aspiración de conseguir una Cataluña independiente de España, para convertirla en una Cataluña mucho más dependiente de la UE, lo que además es imposible, que no se puede pedir a los ciudadanos que respeten y cumplan las leyes cuando sus gobernantes no lo hacen y abandonan los caminos del diálogo y del entendimiento tan necesarios como posibles.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura

El pacto separatista

Entre todas las opciones que CiU tenía para gobernar, ha elegido la peor. Esta legislatura, que se presume tanto o más breve que la anterior, no tiene otro objetivo que la independencia de Catalunya, o sea, la ruptura con España, y todo lo demás, los problemas reales de los ciudadanos, no le importan a un Govern entregado a ERC, que le ha puesto un precio a su apoyo: el referéndum ilegal para el 11 de septiembre de 2014, ilegal porque para que fuera legal tendría que celebrarse en toda España, previa reforma de la Constitución a través de los procedimientos legales y mayorías cualificadas establecidas para reformarla.

Esta es la situación. CiU ha cometido el mayor error de su historia y lo pagará muy caro, en términos electorales porque los proyectos radicales refuerzan a los más radicales, como se acaba de ver, y en términos de responsabilidad y credibilidad. Podía haber continuado gobernando, tenía apoyos suficientes, y asumir los esfuerzos que se necesitan para reducir el déficit, que son los que exige Bruselas para que lleguen las ayudas necesarias para superar la crisis. Pero el señor Mas le ha dado la espalda a esa responsabilidad y nadie puede creer que un socio que ha sido protagonista y cómplice en la desastrosa gestión económica de dos tripartitos, le va a aportar las ayudas necesarias para una gobernabilidad responsable.

Al contrario. Pero ya hablamos de que la obsesión republicana ha sido desde hace siglos la independencia al precio y coste que sea, y que los catalanes, como somos muy buenas personas, no necesitaremos ni a la OTAN ni al Ejército, podremos permanecer en la Unión Europea y nuestros payeses percibir la PAC, que el resto de españoles, que también son muy buena gente, nos seguirán comprando, aunque nosotros solo consumamos productos catalanes y que en una Catalunya independiente no habrá paro ni corrupción, ni desahucios ni huelgas, y todos seríamos más felices.

Lo más sorprendente es que quien hasta el 11 de septiembre declaraba reiteradamente que en Catalunya no existía el clima y los apoyos suficientes para la secesión, como lo estaban señalando las consultas clandestinas, en Lleida un 8%de los votos, de golpe y sopetón, después de la manifestación que no supo leer, convocara unas elecciones en pos de una mayoría excepcional e indestructible, conceptos de dudosa legitimidad democrática, con unos resultados que tampoco el señor Mas ha sabido interpretar y que en cualquier otro país le hubiera llevado a la dimisión.

Asegura ahora el señor Mas que ya tiene la foto real del país, que desde luego no puede estar más lejos de sus ambiciosos sueños. Porque el voto independentista sin tapujos es el de ERC, que, con 21 diputados, no supera sus mejores resultados, mientras que CiU obtiene los peores y la suma de ambos está lejos de los resultados obtenidos en el 95, o sea, que el binomio ERC-CiU está estancado y a la baja.

Por otra parte, no todo el voto de CiU tiene la misma intencionalidad, porque hay quien lo utiliza instrumentalmente para conseguir ventajas económicas, otros optan por el pacto fiscal y muchos no acaban de creer que CiU quiera realmente romper con España. Cuando se utilizan tantos eufemismos, desde el soberanismo hasta el derecho a decidir, aunque se pretenda encubrir el objetivo real, la interpretación del voto puede inducir a la confusión y, desde luego, no cabe duda de que a los 60 de CiU habría que restar los 12 de Unió, que no están por la independencia.

Nos quedamos pues en 48 más 21, igual a 69 diputados, representativos de la causa soberana independentista, a los que cabría sumar los 3 de la CUP. A la hora de seguir ampliando esa opción, conviene aclarar que no se puede sumar caballos con perdices. Es decir, es arriesgado pensar que los 13 de IC, que apoyan el referéndum legal, quieran la independencia. En el otro lado están Els Altres, los 21 diputados del PP, que hoy por hoy representan el único proyecto estable que garantiza la cohesión nacional, los 9 de Ciutadans y los 20 del PSC, que representan un voto desorientado y difícil de clasificar, al parecer ahora federalista, pero que no es separatista. O sea, la foto de un Parlament fragmentado como nunca aparece prácticamente dividido en dos mitades. Y no se puede decir que no se hayan utilizado todos los medios para influir en la voluntad popular. Desde los de comunicación privados y públicos, manipulados hasta el bochorno, hasta la estigmatización del enemigo exterior, que tiene ya un nuevo chivo expiatorio, el ministro Wert, que pretende tan solo que el castellano pueda ser elegido libremente en las escuelas concertadas y que tenga el mismo rango que el otro idioma oficial, el catalán, como ocurre en todo el mundo. Y la llamada al desacato a lo que es tan solo un proyecto de ley, es profundamente antidemocrática y preludio de lo que se ve venir.

Pero quizás el argumento más eficaz, aunque no puede ser más falso, es el de que “España nos roba”. Cuando un Govern tiene que aplicar recortes como consecuencia de la herencia recibida y utiliza cortinas de humo para taparlos, la solidaridad, un concepto tan hermoso como fútil, sobre todo en épocas de crisis y para los nacionalistas, se evapora. Pero es un grave error incluso en términos meramente económicos, porque de la misma forma que las partes más ricas de Europa necesitan a las que lo son menos porque son parte de su mercado, y Alemania necesita a España, la idea de que Catalunya no necesita a España es una solemne utopía. Tanto como la contraria. En definitiva, como tantos catalanes, me niego a creer que no haya otra solución que la ruptura, que es la peor para todos.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura

I ara, què?

Ni majoria excepcional, ni majoria absoluta, ni tan sols la que hi havia. És a dir, el suport per iniciar un procés de ruptura amb Espanya, que aquest era l’únic motiu de l’avançament electoral, ha obtingut un fracàs excepcional i, a partir d’ara, Catalunya, que vol seguir a Espanya i a Europa, està més dividida i més ingovernable que abans d’aquestes innecessàries eleccions.

Quan per terra, mar i aire s’han utilitzat tots els mitjans disponibles, des d’una manifestació organitzada i subvencionada per CiU, tren i autocars inclosos, es manipulen sense pudor tots els mitjans de comunicació públics i privats, es polititzen fins als èxits del Barça, s’intenta penetrar fins a les més íntimes escletxes de la societat i es promet la lluna faltant obscenament a la veritat, la magnitud del fracàs es fa inocultable.

I és que tot ha sigut una gran trampa. L’organització i utilització de la manifestació ho ha sigut, l’insòlit avançament electoral per tapar una mala gestió del Govern i eludir les pròpies responsabilitats per traslladar als altres els efectes d’unes mesures impopulars però necessàries per superar la crisi.Totes aquestes argúcies han estat descober tes pels ciutadans, que no han acompanyat Artur Mas a un viatge impossible. I és que en reiterades ocasions ja s’ha assenyalat que si CiU fa dos anys s’hagués presentat amb el missatge actual no hauria obtingut el suport electoral que va aconseguir llavors.

I el resultat de l’aventura no ha sigut només el contrari per a l’objectiu dels seus promotors, és que la governabilitat de Catalunya serà molt més complicada. CiU es queda amb 12 escons menys, dels quals 11 se’n van a ERC, i els 4 de SI reapareixen, amb un menys, en els tres de CUP. El PSC-PSOE segueix en caigu da lliure i IC recull part de les seues pèrdues, Ciutadans emergeix amb força i al Partit Popular no se’l castiga per unes retallades que la gent entén obligades per superar la crisi, i Alícia Sánchez-Camacho obté els millors resultats de la seua història.

Altrament, CiU obté els pitjors resultats d’unes autonòmiques i ERC no iguala els seus millors resultats, 23 diputats l’any 93, que van permetre elTripartit d’infaust record i que continua castigant el PSC-PSOE. Total, Artur Mas, que amb 62 diputats disposava de la majoria suficient per governar còmodament, ha dilapidat aquest capital amb una fuga de vots cap a una opció radical, ERC, que contamina electoralment tots els que hi pacten. Per què? Perquè més enllà de quimeres impossibles, la prioritat dels ciutadans és superar la crisi per solucionar els seus problemes, cosa que no és a l’agenda dels republicans.

L’horitzó és el següent per al nou Govern de Catalunya, que, indiscutiblement, passarà per CiU. Pot elegir entre continuar amb les polítiques identitàries, aquest full de ruta impossible per separar Catalunya d’Espanya, de la Unió Europea, de la PAC i de la realitat econòmica, que és al que l’obligaran els republicans, que no tenen cap altre objectiu, o pot optar per superar la crisi adoptant les mesures que Brussel·les exigeix a Espanya i, per tant, a Catalunya.

O sigui, sortir d’Espanya o sortir de la crisi. El primer és impossible. Almenys, per la via legal. Per la via il·legal, encara menys. En tots dos casos, de tota manera, no es pot seguir ocultant als ciutadans les funestes conseqüències d’una ruptura amb Espanya. ERC ho demana des de temps immemorial amb el sostre electoral que tampoc ara no ha superat; CiU, que per primera vegada s’ha tret la careta, ja ha vist les conseqüències d’una cosa que no era tan imprevisible, perquè l’Estatut ja va tindre un pobre suport i les consultes clandestines que es produeixen des de fa dos anys obtenen paupèrrims resultats.

Superar la crisi és molt difícil, però és possible. Es tracta, en definitiva, de continuar generant frustracions o atendre els problemes reals i urgents dels ciutadans, cosa que requereix sacrificis i mesures impopulars, però que són les que ens exigeixen des de la Unió Europea, a la qual tothom, aquí sí tothom, vol seguir.A Lleida, el Partit Popular ha complert les seues expectatives, consolida els dos escons, de Dolo López i Marisa Xandri, guanya un 20% de vots i a la capital aconsegueix la segona posició, superant el PSC-PSOE, la caiguda del qual no ha pogut aturar Àngel Ros malgrat els seus agosarats esforços, perquè està en el discurs socialista equivocat. Com s’ha equivocat tambéArtur Mas, que governava amb una còmoda majoria a la qual no li faltaven els responsables suports del PP. El líder convergent i els seus nois es van equivocar quan van anar al notari i ho han tornat a fer ara.Veurem si el senyor Mas entén d’una vegada que Catalunya no és un només poble, sinó una societat plural i complexa que no es pot enganyar amb quimeres impossibles.

Perquè l’aventura de Mas conduïa a l’exclusió de Catalunya d’Espanya i de la UE, a l’empobriment de Catalunya i a generar, com per desgràcia està passant, actituds antiespanyoles que provoquen actituds anticatalanes, tan reprovables i irresponsables unes com les altres, perquè acaben perjudicant Catalunya i el conjunt d’Espanya. Per aquest motiu, per acabar, la pregunta inevitable és: per això feia falta l’avançament electoral? I ara, què?

José Ignacio Llorens Torres

Diputat al Congrés del PP per Lleida

i President d’Agricultura al Congrés

Cataluña es España

“Los catalanes no nos hemos vuelto locos”, así se expresaba Artur Más en un acto público celebrado en Madrid, al día siguiente de la manifestación. El orador, sin duda, se había visto obligado a una aclaración necesaria aunque no suficiente, a la vista de sus continuos cambios de rumbo y opinión, desbordados por unos acontecimientos que el mismo ha provocado. No consiguió, sin embargo, tranquilizar a un auditorio atónito, que a continuación tenía que escuchar que el pacto fiscal no serviría para seguir en España. Esto es que Cataluña antes de marchar, quería cobrar.

Estamos ante un President embargado por la emoción, entregado a la mística y las utopías y que ha perdido el sentido de la realidad. Pero dejemos las emociones para los estadios deportivos y tratemos de conducir el debate por la senda de la racionalidad, porque la política tiene que servir para solucionar los problemas de la gente. Reflexionemos, pues. Ante todo, en el espacio en que se celebró la manifestación, alentada, convocada y subvencionada por el Govern de la Generalitat, no cabe ni la mitad de los que se dice que fueron y además no querían todos lo mismo. Los que pedían el pacto fiscal fueron arrollados por los que exigían la independencia, y hasta el lema originario de la manifestación, “Catalunya nuevo Estado de Europa”, constituye en sí mismo un gran engaño y una quimera imposible.

Porque si Cataluña sale de España, en un proceso contrario a la cesión de soberanía que necesita Europa que exige políticas comunes para superar la crisis, automáticamente quedaría excluida de la UE y para reincorporarse debería contar con la aprobación unánime de los 27 Estados Miembros, lo que no sería probable y no solo por la oposición de España. Así lo reconoce hasta el propio Jordi Pujol, que por si acaso ha descubierto al cabo de 40 años que prefiere una Cataluña como Montenegro o Islandia que seguir en la UE dentro de España.

Pero en fin, tampoco todos los manifestantes eran europeistas, porque algunas banderas europeas fueron quemadas el pasado día 11 de septiembre. Queda otra cuestión importante para que Cataluña se pudiera separar de España. Habría que modificar el cauce legal actual, porque venimos no sólo de 500 años de historia en común que hacen de España una de las naciones más antiguas del Viejo Continente. Venimos de la Constitución del 78, respaldada por el 90,3% de los catalanes, que consagra el actual Estado de las Autonomías y que es la que confiere la legitimidad al actual Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña.

En democracia, el cumplimiento de las leyes es obligado y lo contrario es violencia, que no conviene a nadie. El respeto al ordenamiento jurídico vigente requiere por tanto que en un proceso electoral, todas las opciones políticas incluyeran en sus programas electorales, su posición sobre la independencia de Cataluña. Tras las elecciones catalanas, ente un presunto pronunciamiento separatista de la cámara catalana, el Parlamento español, Congreso y Senado, a través de mayorías cualificadas, por dos tercios, debería dinamitar la Constitución, presentar la segregación, y someterla después a referéndum de todos los españoles, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Este es el procedimiento amistoso, no cabe otro con la Ley y la Constitución en la mano. Hasta ahora las consultas independentistas clandestinas han obtenido paupérrimos soportes electorales. Desde la restauración de la democracia, el voto en Cataluña a los partidos estatales y constitucionalistas, PP y PSOE, en todas las elecciones generales -en las autonómicas vota mucha menos gente y de otra manera- ha sido muy superior al voto manifiestamente independentista a ERC, que no llegó al 15%.

¿Qué ha ocurrido para que las diferencias, según dicen ahora los manipulados sondeos de la Generlitat se vayan reduciendo, aunque nadie pueda creer que de la noche a la mañana, la mayoría de los catalanes quieran la independencia? El caldo de cultivo para llegar a la situación actual ha sido la deslealtad del PSOE, que a través de su franquicia catalana, el PSC, no dudó para alcanzar el poder en pactar con un partido separatista, lo que ha dejado al electorado socialista sin unas referencias, debilitadas ya por la imposible reforma estatutaria ofrecida por ZP, que sólo respaldó el 30% de los catalanes.

La permanente política de confrontación con el Gobierno Central, auspiciada por el Gobierno de la Generalitat con abrumador apoyo mediático, han servido para excitar los ánimos contra el enemigo exterior común que necesita todo nacionalismo, que es Madrid, donde por cierto no he visto nunca quemar una senyera. La crisis ha sido determinante para la causa separatista, porque no deja de ser estridente que al único gobierno occidental que no castigan los sondeos por sus recortes es al de aquí, que utiliza el déficit fiscal de Cataluña como un arma de indudable eficacia para sus propósitos.

Pero no se dice que frente a los 16.000 millones de euros de déficit de Cataluña, que Madrid y Baleares por ejemplo aportan más al conjunto, que la diferencia entre lo que vendemos y compramos al resto de España supera los 20.000 millones de euros, que si no perteneciéramos a España no hubiéramos tenido ni Juegos Olímpicos, ni AVE ni tantas otras cosas, que los que pagan son las personas y no los territorios, y por último que este tipo de comparaciones acarrearían perniciosas consecuencias, si comparamos Alemania con España, o Cataluña con Lleida.

La ruptura traería graves consecuencias para España pero también para Cataluña. Algunas conocidas. La división sería inevitable, aquí con el resto de España también. Nos quedaríamos fuera de la UE y del euro, con una deuda de 43.000 millones, que no podríamos pagar sin la ayuda de España o Europa. Otras preguntas no se pueden responder desde la improvisación o la ocurrencia. En la OTAN no se puede entrar sin ejército. ¿Quién nos defendería si las tiernas miradas de la “primavera árabe” se posaran en nuestras costas? Cataluña sin duda quedaría aislada, dividida y empobrecida, y perderíamos todos, los catalanes y el resto de españoles.

¿Porqué, pues, lo que para casi todos hasta hace muy poco era imposible es hoy inevitable? Cataluña, sin duda, encontrará el momento para mejorar la financiación como se ha hecho otras veces, pero dentro del régimen común y sin rupturas. No es la hora de viajes de llenos de experiencias y aventuras que nos lleven a lo desconocido, a una ITACA que nunca llega. No llegó en 1932, ni en el 34, ni en el 36. Los movimientos nacionalistas acabaron siendo arrollados por los anarquistas. Es el momento como dice el Rey de España, Juan Carlos I, máxima autoridad del Estado Español, de defender la Constitución, como lo hizo el 23-F, y la unidad de España como lo hace ahora, para superar juntos la crisis. Y para terminar yo quisiera como tantos expresar mi sentimiento personal. Me quiero morir como he nacido y como he vivido. Como un catalán de LLeida, español.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por LLeida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente en el Congreso de los Diputados

Mesures doloroses però necessàries

Només des del més pur sectarisme polític es pot imputar a aquest govern les doloroses retallades a les quals obliga l’herència del govern Zapatero. L’atur i el deute rebuts, que han arribat a xifres majúscules i rècords històrics, un 24% d’atur i un deute que supera el 90% del PIB, ens han situat en una crítica situació i el govern de Rajoy ha fet sant i senya des del primer moment del respecte a la veritat.

Es podia, com va fer Zapatero, ocultar-la inútilment, com al final s’ha vist. Enganyant els ciutadans a dins i els mercats a fora, al final no s’aconsegueix ni una cosa ni l’altra. S’ha negat la crisi durant cinc anys i s’ha fet el contrari del que requeria la situació. Any rere any, els PGE es tancaven amb el doble de despesa del que s’ingressava; l’últim, amb 90.000 milions d’euros d’excés. El dèficit final no era del 6% com s’assegurava, sinó un 50% més alt, el 8,9%.Així és com s’han acumulat en quatre anys excessos de més de 320.000 milions d’euros.

Només que Zapatero hagués avançat les eleccions, quan a l’acabar la presidència espanyola de la UE va ser desautoritzat per Brussel•les i es va imposar la retallada dels sous als funcionaris i a les pensions, ens hauríem pogut estalviar l’últim ajust d’aquest govern de 65.000 milions d’euros, que, unit al dels 15.000 milions del mes de desembre, ha provocat, entre altres mesures, la pujada de l’IVA i els impostos i la supressió de la paga extra. Als amnèsics ara de la memòria històrica caldria recordar-los els efectes dels 6.000 milions d’euros per incentivar les adhesions electorals, o els 18.000 milions d’euros per canviar voreres, amb els quals es pretenia tapar el forat de l’atur.

Reconèixer i dir la veritat, encara que hi hagi qui diu que ens perjudica davant dels mercats, és obligació ineludible per recuperar una malparada confiança, sense la qual no podem accedir al crèdit que necessita el sistema financer “més solvent del món mundial”. Se’n recorden? Mentre la nostra economia era a la Champions, els nostres bancs i caixes estaven en les preferents, davant de la passivitat del Banc d’Espanya, que mirava cap a l’altra banda. La realitat és que estàvem enganyant i insultant Europa i nosaltres mateixos, i per això, perquè la situació era insostenible, els ciutadans van aplicar el correctiu més gran al PSOE i van atorgar al Partit Popular el suport més gran de la història contemporània. I d’aquesta manera, des del diagnòstic precís de la situació, aquest govern presidit per un Mariano Rajoy veraç, que diu la veritat dins i fora, independent i sense prejudicis per reconèixer que l’actual situació l’obliga a ajornar un programa electoral, és com es presta a atendre la primera de les necessitats.

La reducció del dèficit. Tothom pot entendre que quan es gasta molt més del que s’ingressa, arriba un punt en què la major part dels ingressos han de destinar-se al pagament del deute i els interessos, i si no és així, no et deixen els diners per continuar. Les retallades per reduir el dèficit són doloroses, indignen els ciutadans, però són inevitables per a la recuperació. La llei d’estabilitat pressupostària pactada durant les acaballes de Zapatero entre Partit Popular i PSOE, les retallades empreses per l’actual govern, el sostre de despesa dels PGE en 126.000 milions d’euros aprovat abans-d’ahir al Congrés i l’estalvi en el dèficit pressupostari de l’Administració central en 17.800 milions d’euros van en la direcció correcta per recuperar la confiança d’Europa.

Per alguna cosa Brussel·les ens deixa fins a 100.000 milions d’euros i ens ajorna la reducció del dèficit a canvi de complir, com és natural, determinades condicions. Però no només pressupostàries. La reforma laboral i l’impuls del contracte a temps parcial i indemnitzacions de 20 dies per evitar els acomiadaments, la reforma financera i la sanitària, la injecció de liquiditat de 35.000 milions d’euros perquè les administracions paguin les factures pendents als autònoms, la imminent llei per a emprenedors, l’esbossada reforma de l’Administració i la llei de comunicació audiovisual, que faculta la privatització de les televisions públiques autonòmiques i prohibeix que les despeses superin els ingressos, contribuiran que es recuperi la credibilitat a Espanya.

Però els ajustos i les ajudes també han d’arribar a les comunitats autònomes i, de la mateixa manera que Espanya ha de demanar ajudes a la UE i complir determinades condicions, el criteri és traslladable a les autonomies, que són a la UE precisament per formar part d’Espanya. Els 18.000 milions d’euros habilitats pel Govern central per ajudar, rescatar o com se li vulgui dir les autonomies s’han revelat com a essencials i molt oportuns. València, Murcia i Catalunya, que al dèficit provocat per Zapatero s’hi ha sumat el del Tripartit, ja han recorregut a aquest fons, i Espanya haurà de prestar aquesta ajuda amb la mateixa lleialtat, no sempre corresposta, exigible després a les comunitats, en forma de retallades en despeses supèrflues com ambaixades, canals de televisió, etc.

No és el moment de salvi’s que pugui, sinó de la suma i la unió, que potencia Espanya com una gran nació, que s’enriqueix amb la diversitat de les seves comunitats autònomes. Pocs dies han hagut de transcórrer per posar en evidència el greu error que suposava aquest front autonòmic contra el Govern central que propugnava el president de la Generalitat, Artur Mas. Vivim moments d’angoixa, molta gent ho està passant molt malament, però junts podem superar la crisi. I ho farem.

No voldria acabar sense dedicar un record a Gregorio Peces-Barba, el meu primer president al Congrés i de qui sempre vaig rebre un tracte equànime i excel·lent. Va ser un gran president, que va treballar amb decisió per la reconciliació dels espanyols.

José Ignacio Llorens Torres

Diputat al Congrés del PP per Lleida i President d’Agricultura al Congrés

Europa confia en Rajoy

Els diversos conferenciants, des de diferents angles polítics, expressaven la seva confiança a superar la crisi. Bàsicament, per les següents raons. Aquest govern no amaga la veritat i disposa de la majoria suficient i de la voluntat política per reduir la despesa i el dèficit, i emprendre reformes tan necessàries com la reforma laboral, el sanejament del sector financer i el pla d’ajuts als emprenedors. No es pot negar que en tan sols cinc mesos el Govern de Rajoy ha fet les reformes necessàries, tot i que encara no siguin suficients, per recuperar l’activitat econòmica i l’ocupació.

I l’endemà del final de les jornades, va arribar el que alguns encara interessadament s’entossudeixen a denominar intervenció, d’altres rescat, i que finalment no ha sigut cap altra cosa, com ha aclarit el president del Govern, Mariano Rajoy, que l’obertura d’una línia de crèdits que concedeix la UE a una part del sistema financer espanyol fins a un límit de 100.000 milions d’euros, de moment 66.000 milions, a un tipus d’interès molt més baix que el de mercat.

Els ajuts concedits per la UE arribaran primer al FROB, que els distribuirà posteriorment entre les entitats financeres que ho sol·licitin. Aquesta intermediació permetrà, primer, que el Govern, a través del FROB, i no la UE, pugui vigilar el compliment del pla de sanejament i retallada de despeses que s’exigirà a les entitats sol·licitants i, sobretot, que els crèdits concedits no només es dediquin a la recapitalització de bancs en dificultats en condicions més avantatjoses que les actuals, sinó que els crèdits arribin finalment a les pimes, els autònoms i a les famílies, perquè es pugui recuperar l’activitat econòmica i crear ocupació.

La diferència entre aquest pla d’ajudes per a una part del nostre sistema bancari i la intervenció no és merament semàntica. És abismal. Una intervenció, com les que han registrat Grècia, Portugal o Irlanda, suposa la pèrdua total de la sobirania econòmica i política d’un país. Els governs no poden confeccionar els seus pressupostos i passen a ser substituïts per la troica comunitària, els homes de negre, sense rostre, que són nomenats per la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu, i que agafen les regnes dels països intervinguts, que es veuen sotmesos a brutals retallades salarials, acomiadaments massius de funcionaris i treballadors, taxes hospitalàries caríssimes, supressió de pagues extra, etc.

Naturalment que els bancs hauran de tornar els diners que els prestin i el FROB, és a dir, el Govern, cobrarà un interès superior al concedit per Brussel·les; no en va, és l’avalador final de l’operació, que li servirà per reduir el dèficit. Lògicament, els bancs hauran de complir una sèrie de requisits i les recomanacions que arribin de Brussel·les al Govern espanyol seran cada vegada més exigents. Però de la mateixa forma que quan una família o un petit negoci gasta més del que té i per continuar la seva activitat necessita un préstec, cada vegada més car i més difícil perquè no compleix les condicions d’austeritat que li exigeix el que deixa els diners, fins al punt que no li’n deixa més encara que sigui a un cost molt car, que arribi finalment l’ajuda econòmica en condicions avantatjoses només pot ser qüestionat des de la miopia política.

En aquests moments, pocs poden dubtar que si hagués continuat Zapatero o el PSOE hagués guanyat les recents eleccions generals, Espanya seria avui un país intervingut. Qui havia negat i ocultat la crisi, qui gastava 90.000 milions d’euros a l’any més del que ingressava, qui assegurava que estàvem a la Champions, en el camí de la plena ocupació, o teníem el sistema financer més solvent del món, en definitiva, qui titllava de fracassada Merkel i no aixecava el cul davant de la bandera americana, que no li ha perdonat ni Obama, havia perdut tota la credibilitat i totes les simpaties dels que ens poden ajudar.

És evident que la forma sincera, seriosa, rigorosa i solvent de dirigir la política i l’economia que té Mariano Rajoy suscita una confiança en Europa que ha evitat la intervenció. Aquesta confiança a la qual d’una o una altra manera al·ludien els assistents a les Trobades. Des de l’alcalde de la Seu, que recordava el valor de la paraula i el compromís que li havia inculcat el seu avi, o el conseller Mas-Colell, que en una intervenció no exempta d’ironia i enginy confiava en el nostre país primer perquè les nostres empreses, creades durant el boom immobiliari, inverteixen en l’exterior al voltant del 40% del PIB del nostre país, i també perquè Espanya, al ser pitjor que els altres, té la possibilitat i l’avantatge que pot demanar ajudes, com així ha sigut.

El president de les jornades, Ramón Roca, en una intervenció documentada, reclamava unes regles de joc, un marc, que permetés que els emprenedors poguessin tirar al país endavant. El secretari d’Estat Miguel Ferre anunciava que els 35.000 milions d’euros ja estaven arribant a les administracions perquè paguessin les factures pendents als proveïdors. Per aquest motiu, al final, l’expressió més generalitzada d’aquestes jornades era “ens en sortirem”, que té una gran expressivitat i contundència. Suposa ànim, compromís i confiança. La que està suscitant el president Rajoy a Europa i també a Espanya.

José Ignacio Llorens Torres

Diputat del PP per Lleida i President de la Comissió d’Agricultura al Congrés