Defendamos nuestra Constitución

Erase una vez un gran país, que decidió enterrar los fantasmas de una espantosa guerra civil, restañó viejas heridas y supo unir dos mitades que parecían irreconciliables. El año 1978, los dirigentes y representantes del más variado espectro ideológico de ese gran país, que no es otro que España, se pusieron de acuerdo para asegurar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, construir un Estado de Derecho y garantizar la alternancia en el Gobierno de la Nación como resultado de la voluntad de todos los ciudadanos, libremente expresada en las urnas. Ese gran acuerdo recogido en la vigente Constitución fue sometido al voto de todos los ciudadanos, que lo respaldaron abrumadoramente con el 88 por cien -más del 90 por cien en Cataluña- sobre una participación del 67 por ciento. El proceso de transición del régimen surgido tras la Guerra Civil a un régimen democrático de libertades, cuyo éxito asombró al mundo entero, fue posible gracias a la responsabilidad de nuestros padres constituyentes, cuyo legado nunca agradeceremos bastante.

Porque nadie puede negar que la Constitución, que el pasado sábado cumplió 36 años, nos ha traído el mayor periodo de paz, bienestar y prosperidad de nuestra convulsa historia. Nuestro Estado de las Autonomías permite un nivel de autogobierno de las Comunidades jamás conseguido. La distribución de competencias entre los diversos poderes central, autonómico y local no tiene parangón en el mundo entero, y compagina el respeto a la diversidad de identidades y al principio de solidaridad y subsidiariedad sin el que todo Estado perdería toda su razón de ser y nuestro modelo de sanidad pública, educación y pensiones, es envidiado por todo el mundo.

En los 36 años de vida de la Constitución española ha sufrido toda clase de avatares. La Constitución fue absolutamente determinante en el fracaso del golpe de Estado contra la democracia el 23-F. Nuestros nacionalistas recurrieron a ella para frenar los recortes a las competencias autonómicas que suponía la LOAPA. Algunos han querido cambiarla simplemente porque no la votaron. Precisamente, su permanencia en el tiempo y los grandes consensos que la apoyan es lo que da valor a la Constitución. La de Estados Unidos tiene más de 200 años. De hecho, todos los estados democráticos del mundo, menos el Reino Unido, que ha transferido sus competencias al Parlamento, están regidos por una Constitución.

De un tiempo a esta parte la Constitución está amenazada por toda clase de desafíos. Como si fuera culpable del recorte del Estatut inconstitucional alentado por Zapatero, o responsable de la crisis. Pero digámoslo claramente, los nacionalistas, que utilizan la Constitución como blanco de sus insaciables reivindicaciones, han sido profundamente desleales con la Constitución. Cuando fui diputado en el Parlament ya le oí a Pujol en 1991 que el objetivo de CiU coincidía con el de ERC. Lo que era distinto eran los plazos y los métodos para conseguir la independencia de Cataluña. Después Ibarretxe también intentó, sin éxito, la del País Vasco y ahora, ya abiertamente y sin tapujos, se pone en evidencia la coincidencia entre ERC y CiU anunciada por Pujol.

Se veía venir. Desde el año 2010 el President de la Generalitat ha faltado a sus compromisos constitucionales y democráticos gracias a los que llegó a sus actuales responsabilidades de gobierno, y ha olvidado para lo que le han votado porque no ha gobernado. Ha encontrado en la confrontación con el Estado, del que se ha declarado enemigo, en la división que ha provocado en la sociedad catalana y en su repentina conversión confesa al independentismo la vía de escape a la crisis y a su incapacidad para afrontar la impopularidad que comporta resolver la situación económica heredada que ha desatendido y ha empeorado.

Además, la interminable campaña de agitación de las masas en contra del enemigo exterior que "nos roba" le ha situado fuera de los límites que un gobernante democrático nunca debería traspasar. La declaración de Artur Mas para iniciar un proceso de 18 meses para declarar la independencia de Cataluña le sitúa fuera de la Constitución y excluye a su Govern del marco legal. Sea con lista unitaria o no con ERC, con declaración unilateral inmediata o aplazada, la negociación es imposible porque se ha traspasado las líneas rojas que ninguna Constitución puede aceptar. La integridad territorial y el sujeto de la soberanía es decir la unidad de España y la competencia de quienes deben decidirla.

No es nada raro el fracaso internacional suscitado por el proceso soberanista porque Europa y el mundo tienden a lo contrario a la disgregación. Algunos ingenuos creen que la solución está en la reforma constitucional, para lo que habría que conocer su alcance, objetivo y el consenso que podría concitar, porque la propia Constitución para prevenir circunstancias coyunturales cambiantes exige mayorías excepcionales para ser cambiada y tampoco es que se pueda confiar mucho en un PSOE, que dos años después dice que se equivocó cuando propuso llevar la Constitución la estabilidad presupuestaria exigida por la UE.

Lo cierto es que Mas ya se ha declarado presidente de un país que excluye a dos de cada tres catalanes, que se ha convertido en un caudillista agitador de masas y con lista unitaria o no con ERC, que ya le ha salvado de la comparecencia en el caso Pujol y le ha declarado inviolable, prescinde de cualquier reforma constitucional que pueda apaciguar su fiebre separatista y le ha dado definitivamente la espalda a todos los catalanes porque cuadrar los presupuestos de la Generalitat con 2.000 millones de euros que, supuestamente le debe el Estado, es una irresponsabilidad total.

Menos mal que Mariano Rajoy no abdica de las suyas. Para defender la Constitución, la estabilidad política y para gobernar para todos los españoles. Para superar la crisis y recuperar la economía española, que ya crea más de 1.000 empleos diarios. Para atender hasta con más de 40.000 millones de euros procedentes del FLA, el pago de la deuda de la Generalitat, los servicios públicos esenciales, las pensiones y los proveedores de una Cataluña que no es de pensamiento uniforme y que no está representada por una lista única y separatista. Para que Cataluña siga, como siempre, formando parte de España. Porque juntos hemos conseguido los Juegos Olímpicos para Barcelona, que el AVE una las cuatro provincias catalanas, que el Segarra Garrigues sea una realidad y juntos saldremos de la crisis.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados

Más catalanes que independentistas

Y todo ello dando por buenos unos resultados que no tienen credibilidad. Se ha votado desde los 16 años y lo han hecho también los extranjeros, en cajas de cartón que todavía están abiertas y sin ningún tipo de control. Ha sido como un partido de fútbol sin rival y con el árbitro a favor. Familiarizados como están con el engaño, solo se pueden engañar a sí mismos los que presentan como un éxito lo que ha sido un gran fracaso. El 9-N del 2014 estaba señalado como un hito histórico. El Govern, desde que Mas abrazó hace dos años la causa separatista, no ha hecho otra cosa que impulsar logística, económica y descaradamente un proceso en el que al final dos de cada tres catalanes ni se han molestado en participar. Después de tanto follón, gasto y propaganda, el globo se ha pinchado, especialmente en la Val d’Aran o en el área metropolitana de Barcelona (L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, etc.), donde de los 1,5 millones de ciudadanos no llega al 20%del censo los que apoyaron independentismo ¿Podrían autodeterminarse estas zonas en una Catalunya independiente?

En realidad el permanente estado de agitación y excitación en el que viven nuestros soberanistas les induce a cometer graves errores. El simulacro del 9-Nal 25-N, además de una falta de respeto por la democracia y una burla al electorado, pone en evidencia la existencia de un techo electoral que no consigue perforar el sentimiento de los más de 4,5 millones de catalanes que se sienten también españoles, no quieren romper con España y tienen otras prioridades y preocupaciones, como se manifiesta en elecciones generales, en las que hasta ahora siempre se ha movilizado el voto a favor de opciones no independentistas. El 9-N ha servido también para descubrir que el soberanismo usurpa una representatividad que no tiene. Cuando habla en nombre del pueblo catalán como si fuera uno y el suyo, no solo desprecia a los muchos –la mayoría– que piensan distinto, es que además confunde al electorado, que canaliza su malestar en contra del Gobierno como si fuera suyo y no es así. Los balcones silenciosos le han ganado la partida claramente a las banderas sediciosas y continuar con este proceso solo conduce a la división y al empobrecimiento de Catalunya y a la deslegitimidad de un Govern que no cumple las leyes y de un president que solo lo es de los independentistas y únicamente se dedica a trabajar contra España y contra el Estado del que se declara enemigo.

Entretenido como está en liderar la competición identitaria y marear la perdiz, y el lobo, la actitud desafiante y arrogante de Mas no es la más propicia a un diálogo con el que todos estamos de acuerdo pero que no consiste en que a uno le den la razón en todo ni en exigencias de imposible cumplimiento. Como lo fue pedir el pacto fiscal el 12-S del 2012 nada menos que para ¡irse de España!, cuando además estaba entonces a punto de ser intervenida, ni exigir ahora un referéndum que no cabe en la Constitución española ni en ninguna otra del mundo porque la ONU solo lo reconoce para situaciones coloniales o en caso de violación de derechos humanos. Lo que sí es posible, como ya ha reiterado muchas veces Rajoy, es el diálogo dentro del marco de la ley y de la Constitución, que se puede reformar de acuerdo con los procedimientos establecidos en ella, pero no derogar. Si lo que pretende Mas es arrebatarle al conjunto del pueblo español el derecho a decidir sobre la integridad territorial de España, va a tener por parte del Partido Popular, que se ha constituido en el garante de la unidad nacional, la misma respuesta que siempre, y llegados a este punto sería conveniente que los socialistas liderados en Madrid por el apolíneo Sánchez y aquí por el sinuoso Iceta aclararan de una vez la reforma constitucional que proponen y abandonaran la equidistancia entre los que estamos defendiendo la Constitución y la unidad de España y los que quieren romperla.

De momento, y como no podía ser de otra manera, Mariano Rajoy se dedica a ejercer de presidente de Gobierno de todos los españoles, y entre ellos de los 7,5 millones de catalanes también. Cuando Catalunya ha necesitado ayuda, como ahora, para superar la crítica situación financiera en la que nos ha situado el Tripartit y este Govern, el Gobierno de España ha aportado la liquidez que ha permitido financiar los servicios públicos esenciales y el pago de la deuda y los proveedores, y ahora Catalunya como uno de los motores que es de la economía española se beneficiará de la recuperación que se ha iniciado en el conjunto de España porque ha vuelto el crecimiento económico, bajan las listas del paro y aumentan las de afiliados a la Seguridad Social.

Y esto es lo que garantiza la sostenibilidad del estado del bienestar. Los catalanes, a partir del 1 de enero del 2015, como el resto de los españoles, tendremos una rebaja media del 12,5% del IRPF del tramo estatal y las retenciones de los salarios se suprimirán o reducirán ostensiblemente. Las familias numerosas y las que tienen dependientes a cargo tendrán importantes bonificaciones fiscales y la Catalunya emprendedora se beneficiará de la reforma del impuesto de sociedades. Juntos nos irá mejor porque Catalunya necesita tanto a España como España a Catalunya. No ha dejado de ser una triste coincidencia que el mismo día, hace 25 años, que se derrumbaba el muro de Berlín, algunos aquí impulsaran fronteras que nos aislarían del resto de España y del mundo.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

La gran farsa del 9-N

Todo empezó en Arenys de Munt. Como acaba de recordar el líder de la CUP, el partido de la zapatilla, el 9-N tiene su origen en la consulta municipal por la independencia propuesta por el alcalde de ERC de esa localidad el año 2009. El 96,1% de los 2.671 votantes de Arenys respaldó la independencia de Catalunya y, aunque solo votó el 41% del censo, el éxito impulsó la iniciativa a otros municipios expresamente seleccionados. Pero ese éxito empezó a desvanecerse cuando la consulta llegó a los núcleos urbanos. Así, en Lleida los resultados no fueron ni difundidos a pesar de las facilidades. No había papeletas del no y las del sí podían repetirse y durante varios días.

Sin embargo, la semilla había prendido en el subconsciente soberanista, y cómo se ha visto ha sido después retomada y ha desembocado en el denominado proceso participativo que tiene todavía más carencias democráticas que el frustrado referéndum suspendido por el TC y garantías parecidas a las consultas de Arenys. Ni censo, ningún tipo de control de votantes ni de resultados, 15 días para votar desde los 16 años y participación tan abierta que en la propia web de la Generalitat ya figuran como participantes desde Bob Esponja hasta Elvis Presley, así que los resultados pueden ser tan espectaculares que el número de votantes puede superar incluso el censo. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta esta ridícula y grotesca parodia? Es verdad que el Estatut de ZP, los dos Tripartit y las manifestaciones del 11-S inicialmente impulsadas por Maragall y Montilla animaron la fiebre separatista. Pero la sentencia del TC sobre el Estatut a la que tanto se apela no produjo ningún tipo de desgarro en la sociedad catalana, en la que seguían conviviendo los dos sentimientos de pertenencia con absoluta tranquilidad. Más eufórica la separatista, pero mayoritaria todavía ahora, si se analizan a fondo los sondeos, la de los catalanes que de una u otra forma quieren seguir en España pero lo quieren expresar a través de cauces legales y democráticos.

Las consultas verdaderas, las electorales, tras la sentencia del TC, así lo ratifican. Los separatistas no consiguieron representación en la Paeria y solo 3 diputados en el Congreso. Es cierto que en esas elecciones de legislatura vigente, Convergència todavía no se había convertido al independentismo. Pero la mayoría excepcional solicitada por nuestro intrépido Mesías para hacer realidad sus sueños que se han convertido en una pesadilla para todos fue castigada con 12 diputados menos que se llevó ERC. La suma de ambos, algo más de 1.800.000 votos sobre un censo de 5.200.000, tampoco representa un extraordinario respaldo, no mejoró en las recientes europeas y en todo caso queda muy lejos de la mitad del censo mínimo exigible para soñar con Ítaca.

Hay que buscar otros motivos para explicar la actual fiebre secesionista. Nuestro astuto protagonista, al que hoy sus socios de ERC le birlaron dos mayorías, quedó muy impresionado cuando al primer año de su mandato en el 2011 tuvo que entrar en el Parlament con helicóptero. Las herencias de ZP y el Tripartit de ERC, la crisis y los recortes suponían dificultades difíciles de afrontar y por eso el president del Govern decidió volver al notario, esto es, romper con el PP, que le apoyaba para gobernar, y se entregó al desgobierno con tanto fervor que acabó arrebatando las pancartas que encabezaban las manifestaciones del 11-S. Nada más rentable ante un gobierno con dificultades, como todos los de esta época, que eludir las propias responsabilidades, fomentar las hostilidades contra el enemigo exterior y excitar el victimismo pidiendo lo imposible como lo era en 2012 exigir un pacto fiscal en una España a punto de ser intervenida. Ha sido una vía de escape perfecta para un president que ha conseguido que el populismo separatista arrastrara, se mezclara y sepultara –de momento– al populismo antisistema, desactivar la protesta social por los recortes y pasaran casi desapercibidas las conexiones con la cleptocracia de la dinastía Pujol y la clase dirigente de Convèrgencia durante estos 30 años.

Convenía, pues, reforzar el proceso con esa astucia de la que hace gala el que se autodefine como enemigo de España a pesar de que la representa en Catalunya y seguir engañando al Estado con una trampa tras otra. ¿Hay algo aparentemente más sugestivo y democrático que el derecho a decidir y algo más espantoso que negarle el voto al pueblo catalán? Es tan obvio y los ejemplos tan numerosos y evidentes de que el derecho a decidir tiene sus limitaciones que solo puede ser negado por la ceguera nacionalista. Otra trampa de Mas, el astuto, contra el Gobierno Central del que no obstante sigue percibiendo las ayudas del FLA para el pago de proveedores y deudas. Ante tanto engaño el reto ahora es recorrer el camino inverso al que les ha permitido a los soberanistas en tan poco tiempo ganar ilegítima y antidemocráticamente tanta influencia. Democracia, derecho a decidir y libertad son las grandes falacias utilizadas por la propaganda soberanista. ¿Cómo puede ser libre una consulta cuando la Generalitat ha utilizado hacia una sola dirección todo su poder institucional, ha manipulado hasta la obscenidad aTV3, ha destinado ingentes cantidades de dinero público, obliga a medios de comunicación públicos y privados a insertar publicidad gratuita, presiona a funcionarios y dispone ya listas amarillas y negras? Toda una prueba de que el nacionalismo es junto al comunismo y el fascismo el mayor enemigo de la libertad y responsable directo de las grandes tragedias de la humanidad en Europa, en el mundo y en España.

¿Cuáles van a ser las consecuencias de la chapuza del 9-N? Evidentemente en esta farsa no se puede participar, pero el daño ya está hecho. El capital aportado para crear empresas en Catalunya ha descendido hasta septiembre un 63%, hasta 478 ME, mientras en Madrid se ha disparado hasta 2.500 ME. No es lo peor, porque la división y confrontación ya ha llegado a la sociedad catalana. Este es el triste balance de un Govern que no ha gobernado, se ha situado fuera de la legalidad democrática y será responsable de lo que ocurra a partir del 9-N. Este es el delirio de un president que para taparlo todo ha conducido al suicidio político a su partido en favor de otros que si llegaran al poder destrozarían a una Catalunya que ya está al borde del abismo. La única solución es restaurar la ley, proteger la Constitución, que es la que nos protege a todos, y defender la unidad de España.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

El cost del sobiranisme ja és aquí

Processos de participació ciutadana, els anomena ara, sense control ni garanties, amb urnes de cartró que recorden les fracassades consultes municipals. Resum, de referèndum a consultes, de consultes a enquestes i en l’horitzó unes eleccions plebiscitàries que no ho són.

La divisió és un altre cost no menor que al si de la societat catalana arriba fins a les famílies. La unitat somiada per Mas ha partit la política catalana en dos blocs, aquells que volen la ruptura amb Espanya i els que volen seguir, com sempre, a Espanya. Ni tan sols no ha aconseguit l’inefable president de la Generalitat la unitat de l’anomenat bloc sobiranista, el qual ara mateix recorda a la cabina dels germans Marx, amb els còmplices repartint-se el botí inexistent del qual al final s’emportaran la millor part els de la sabatilla i les agitadores socials i antisistema que presideixen les supersubvencionades ANC i Òmnium.

Efectivament, l’ANC de la Forcadell i l’Òmnium de Casals han passat de ser utilitzats per Mas a utilitzar-lo a ell, donar- li instruccions de compliment obligat i són les encarregades ara de mantenir l’ànim un punt alacaigut del nostre indesmaiable personatge, al qual, d’una banda, se li resisteix el somicaire Junqueras per formar una llista única que dissimuli l’estrepitós fracàs electoral que espera a Convergència i, de l’altra, se li escapen la Unió de Duran i Lleida, els d’Iniciativa i la CUP, farts de ser utilitzats.

O sigui, l’escenari és la unió sobiranista saltant pels aires, la de CiU trencada, les catalines d’ANC i Òmnium ordenant el procés, aquesta espècie de camises brunes passant per les cases prometent el món feliç, les institucions catalanes incitant per terra, mar i aire a la rebel·lió contra l’Estat iTV3 prosseguint la seua campanya desvergonyida i obscena per tal d’incorporar addictes a la causa, amb la inestimable col·laboració d’un Mas al qual no se li pot negar que no ha escatimat generosos esforços i sacrificis per conduir-nos a les portes d’aquest escenari desconegut.

Perquè no és conegut fins ara un procés d’autodestrucció d’un partit a favor d’un altre que passarà als annals de la història. Perquè dels 62 diputats que va aconseguir CiU el 2010 davant dels 10 d’ERC, els republicans al cap de 2 anys van rebre l’inesperat regal dels 12 diputats que va perdre CiU, amb la qual cosa la diferència va quedar en 50 a 22. I com que l’obsequi convergent prossegueix, segons tots els vaticinis, s’invertirà el lideratge a favor de Junqueras, que com és natural no accepta la llista única. En resum, declaració unilateral d’independència a l’horitzó, Catalunya immersa en la incertesa i estupor generalitzat davant d’un Govern que ha dilapidat 62 diputats per governar i ha sigut incapaç de fer ho.

És que ha passat una cosa enormement greu per tal que una legislatura que ara hauria d’estar acabant, perquè va començar l’any 2010, que va ser interrompuda al cap de dos anys amb unes altres eleccions per iniciativa d’un partit al qual els catalans van confiar la majoria suficient per tal de governar, que ha sigut incapaç de fer ho i d’afrontar els mateixos problemes que la crisi ha provocat a la resta de territoris espanyols, ha empitjorat encara més l’herència rebuda i únicament s’ha dedicat a encoratjar un procés que, encobert en tota classe d’eufemismes, únicament persegueix trencar amb Espanya malgrat que aquest objectiu no figurava en el programa electoral amb el qual CiU va guanyar les eleccions? Quina legitimitat pot invocar en el futur qui no respecta la del present i va prometre complir la Constitució que ara menysprea i que li va permetre assolir la presidència de la Generalitat?

El cost en termes democràtics és brutal perquè la democràcia se sustenta en el compliment de la llei, la màxima expressió de la qual en un estat de dret és la Constitució que va ser votada per més del 90% dels votants catalans i de la resta d’espanyols. Però és que el cost econòmic de la ruptura amb Espanya, que s’oculta, és suïcida. En aquest sentit, el deute propi de la Generalitat, que són més de 60.000 milions d’euros, ascendiria al 145% del PIB català al sumar la part del deute de l’estat. Seria impagable.

Una Catalunya independent no només quedaria fora de la UE, de la PAC i de l’OTAN, el saldo comercial amb la resta d’Espanya que és favorable a Catalunya quedaria molt minvat pels aranzels, la fuga massiva d’empreses i capitals posaria en risc el pagament de pensions i subsidis, la inversió estrangera cauria en picat, la qual cosa ja es comença a notar perquè l’últim semestre ja ha caigut respecte al mateix període de l’any anterior, des de 1.267 ME a 522 ME, la pèrdua de liquiditat dels bancs catalans sense el paraigua del BCE faria inevitable el corralito i Catalunya quedaria en fallida. S’utilitza tota classe de mètodes espuris i propaganda perquè l’eufòria separatista superi la majoria silenciosa que segons tots els sondejos és més nombrosa i vol seguir a Espanya. Ja s’ha vist a Escòcia que una cosa són les marxes de carrer i una altra, la realitat. L’Espanya ens roba ja ha desaparegut per raons òbvies del discurs sobiranista, però es continua ocultant que la Generalitat per tal de pagar els serveis públics bàsics ha rebut de l’Estat en el que va de legislatura més de 40.000 ME, un terç del total. De veritat ens podem creure que l’origen d’aquest guirigall és la frustració provocada per la reforma de l’Estatut de ZP de l’any 2006 que només va recolzar el 36,1% dels catalans? Es pot pensar en altres raons, “viurem molt millor”, ells sí, és l’única veritat que diuen i més tranquils, perquè tot quedaria tapat. Però en mans de qui quedaria Catalunya?

José Ignacio Llorens Torres

Diputat al Congrés del Partit Popular per Lleida

Presupuestos para el empleo

El gobierno de Mariano Rajoy tiene dos prioridades. El compromiso de mantener la unidad de España y el impulso a las políticas económicas y sociales que fortalecen el progreso y el bienestar de los españoles. Empezando por lo segundo, los Presupuestos Generales del Estado constituyen el marco en el que se establecen las prioridades económicas para cumplir unos objetivos, y los de este gobierno son el crecimiento económico y la mejora de la competitividad y la creación de empleo, que es el que sostiene el estado del bienestar, cuya mejora es primordial.

Lo primero que hay que resaltar, pues, de los PGE para el 2015 es que a pesar de las restricciones económicas a las que obliga el cumplimiento del déficit, no solo se mantienen sino que se incrementan las partidas destinadas al gasto social, que se amplían del 52,7% en el 2014 al 53,9% del total en el 2015. O sea, no se recortan las pensiones, la sanidad o la educación sino el gasto corriente de los ministerios, el pago de los intereses de la prima de riesgo que este gobierno se encontró en 650 puntos y ahora está en poco más de 100, y las prestaciones al desempleo porque el paro se ha reducido y se han creado más de 300.000 empleos. Es obligado recordar aquí que este Gobierno se encontró con un déficit no del 6% sino del 9%, o sea 30.000 millones de euros más de lo declarado, y que ha ido reduciendo para situarlo en el objetivo del 2,9% que exige la Unión Europea. Este esfuerzo, que todavía ha tenido que ser mayor porque las facturas de los proveedores estaban sin pagar y han aparecido gastos de todo tipo sin cuantificar, ha sido posible gracias al sacrificio de los ciudadanos y a las directrices de un gobierno que se resistió a una intervención reclamada por todos el año 2012 y cuyas consecuencias hubieran sido dramáticas. Pero gracias a estos esfuerzos se ha recuperado la confianza de los inversores internacionales, que vuelven a creer en nuestro país, y del Banco Central Europeo, que ha vuelto a abrir el grifo de los créditos y las ayudas indispensables para reflotar una economía hundida. Hay que recordar también que gracias a los auxilios europeos se ha podido sanear el sistema bancario, que estaba en bancarrota, y a pesar de las protestas de algunos nadie puede negar a la vista de sus beneficiosos efectos los resultados de la reforma laboral.

Y porque se ha reducido el déficit público a base de recortar el gasto improductivo sin tocar el gasto social, ahora se puede poner en marcha una reforma fiscal que supone un importante incentivo para las pymes, los autónomos y las empresas en general. Y para los ciudadanos, que tendrán una rebaja media del 12,5% en el IRPF, que será del 23% para las rentas inferiores a 24.000 euros al año y total para los que ganen menos de 12.000 euros. Es decir, los ciudadanos dispondrán los próximos dos años de 9.000 millones de euros en sus bolsillos para gastar o ahorrar y animar la economía, con incentivos a familias y contribuyentes con personas a cargo.

Las infraestructuras, que es la parte más visible pero no necesariamente la más eficaz de un presupuesto, crecen en el conjunto del Estado pero a un ritmo menor, como viene siendo la constante en esta legislatura porque hay que equilibrar las cuentas. En la provincia de Lleida asciende ligeramente la inversión en infraestructuras, aunque es cierto que a un ritmo menor porque las grandes obras públicas que han llegado a Lleida de la mano de los gobiernos del Partido Popular, como son el AVE y el Segarra-Garrigues, están ya finalizadas o casi. Algunos grupos políticos, que se apresuran más en criticar los presupuestos que en leerlos o entenderlos, sobre todo cuando están en la oposición, denuncian cifras que no son ciertas probablemente porque no han sabido o querido detectar todas las partidas.

Así, la dotación del ministerio de Fomento es de 32,6 millones de euros, 18 de los cuales son para la A-14, tramo Lleida-Rosselló, y la inversión del conjunto de los distintos ministerios en Lleida es de 36,2 millones. Pero es que el Estado, a través de sociedades mercantiles o empresas públicas, invierte también en Lleida 21,7 M, de los que 12,6 son para el Segarra-Garrigues y 2,8 para el abastecimiento a Lleida 3ª fase con el ramal a Benavent y los depósitos de Almenar y Alguaire. Cabe destacar también, entre otros, 700.000 euros destinados al monasterio de Vallbona, los 88.000 euros al Castell de Verdú y los EDAR en Térmens, Menàrguens y Alcoletge, y la travesía de Gerri de la Sal en la N-260. En cuanto al desdoblamiento de la carretera N-240, no es que el PP se oponga, es simplemente que no hay dotación presupuestaria porque los trámites previos a la ejecución de la obra no están resueltos y lo que se hace es arbitrar medidas a corto plazo como bonificar peajes en la AP-2. Pero es que a las dotaciones de 36,2 millones de euros más 21,7 millones de euros, hay que añadir 11,6 correspondientes al Programa 453A relativo al Plan PITVI de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la parte imputable a Lleida del nuevo Plan Estatal de Fomento de alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas, que sería del orden de 22 millones de euros. Es decir, en total la inversión prevista en Lleida es del orden de 91,6 millones de euros, sin contar los riegos de Bolòs y Fenollet comprendidos en una partida del Desarrollo Rural o los riegos de compensación del embalse de Rialb margen derecha Peramola-Basella, que están incluidos en partidas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Como puede verse, las cifras de los PGE de 2015 para Lleida son muy distintas a las que tanto critican los que cuando tienen responsabilidades de gobierno solo saben prorrogar presupuestos, recortar gastos sociales para destinarlos a propaganda y finalidades identitarias o para impulsar campañas intimidatorias que llegan hasta los propios domicilios particulares. Porque no tienen otra prioridad, en realidad es una obsesión patológica, que perpetrar un asalto a la democracia a costa de lo que sea, porque otra cosa no es incumplir la ley. A su respeto y cumplimiento para mantener la unidad de España es también a lo que se dedica el Gobierno de Rajoy. Como decía al principio de mi artículo, esa es la primera prioridad.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

Amb el cor i amb el cap

Per als nostres sobiranistes catalans obstinats en la similitud entre Escòcia i Catalunya, el resultat ha representat una autèntica gerra d’aigua freda. D’altres, tanmateix, hem sostingut tot el contrari, com fins i tot va haver d’aclarir Alex Salmond. Escòcia era un estat independent abans d’integrar-se al Regne Unit el segle XVIII; Catalunya mai no ho ha sigut, des de finals del segle XV va estar integrada en la Monarquia Hispànica i anteriorment a la Corona d’Aragó. El referèndum escocès era legal i, per tant, democràtic; el que es proposa aquí no és legal ni democràtic perquè no hi ha res menys democràtic que incomplir la llei. L’autonomia d’Escòcia és molt menor que la de Catalunya i l’esquerra que allà és capaç d’anteposar l’interès general al partidista, aquí acaba alineada amb els separatismes per tal d’erosionar el PP. A més, el referèndum escocès ha estat impulsat per l’SNP d’Alex Salmond, que va guanyar les eleccions regionals amb majoria absoluta amb un programa explícitament independentista. Aquí no. La conversió a l’independentisme de Convergència és recent i la majoria excepcional que demanava Artur Mas li va costar 12 diputats que no la dimissió, que això sí que és exemplar! Les similituds, en tot cas, caldria buscar-les en les reaccions que provoquen els resultats d’aquest tipus de referèndum.

Així, davant de la unió, la resposta econòmica dels mercats ha sigut tan positiva com la unànime satisfacció de tots els líders europeus perquè s’hagi evitat una fragmentació que podia encomanar-se i atemptar contra l’esperit d’integració de la UE. I és que davant d’una decisió tan important com la que afecta la integritat d’un estat i l’enorme transcendència i inquietud interna i internacional que suscita la seua possible divisió, es posa de manifest la necessitat de mecanismes constitucionals que defensin l’estabilitat del sistema i el protegeixin de majories exigües, canviants i conjunturals. Així, l’independentisme quebequès, que ja ha perdut dos referèndums, l’últim el 1995 per amb prou feines 20.000 vots, ara és recolzat tan sols per un 30% de l’electorat, i aquí, a Catalunya, no fa més de 5 anys només el 16% dels votants donaven suport al separatisme. Han canviat tant les coses en tan poc temps per parlar en nom de tot el poble català i presentar com a inevitable una consulta que, com que és il·legal, únicament pot ser votada pels que volen la ruptura? Malgrat la reforma de l’Estatut promoguda per Zapatero i Maragall a la qual amb prou feines va donar suport poc més del 35% dels catalans, i que ha sigut la metxa de les últimes diades cada vegada més incendiàries i subvencionades, els resultats electorals i els últims sondejos indiquen que la majoria dels catalans prefereixen les solucions a la ruptura.

Per tant, es pot continuar alimentant la frustració i el victimisme amb banderes, reverberacions i tot tipus de campanyes d’agitació i odi, però malgrat la vergonyosa manipulació de TV3 i d’un procés sobiranista farcit de trampes, en el qual fins i tot la pregunta final és equívoca, ni arriba la presumpta majoria excepcional ni molt menys existeix unanimitat en les diades, perquè allà es barregen els descontentaments, els que aprofiten el conflicte territorial però que en el fons busquen el conflicte social i els radicals de tot tipus amb Junqueras i Mas al capdavant. Tampoc no és que hi hagi unitat a les files sobiranistes malgrat l’inaudit i deslleial suport dels socialistes al referèndum il·legal aprovat divendres passat dia 19 al Parlament, que posa de manifest una vegada més que no són de confiança i al qual només es van oposar dels 15 diputats lleidatans les diputades del PP, Dolors López i Marisa Xandri. És que estaven representant el conseller Pelegrí i l’alcalde Ros la voluntat dels ciutadans que en el seu dia els van votar? Sens dubte no la dels nombrosos lleidatans que aquell mateix dia vam anar a un acte convocat per Societat Civil Catalana i entre els quals em trobava com l’únic dels quatre diputats al Congrés elegit per Lleida. I allà a la Seu Vella hi havia des de diferents ideologies polítiques els que no renunciarem als nostres sentiments com a lleidatans, catalans i espanyols, els que volem continuar junts com sempre des que vam nàixer, aquí i amb la resta d’espanyols, els que apel·lem a la llibertat en una Catalunya cada vegada menys lliure i més manipulada, els que exigim respecte a la legalitat, a la raó i a la veritat. Perquè no és veritat que Espanya ens roba, ens compra la meitat del que produïm, 2 vegades més que França i 5 més que Alemanya, són d’altres els que ho fan en nom de Catalunya i exigim també que no s’ocultin les conseqüències econòmiques reals d’una ruptura que ens deixaria fora de la UE, del BCE i dels organismes internacionals. És veritat que alguns viurien millor i ja no haurien d’anar a Suïssa i Andorra, però la majoria no, perquè una Catalunya independent seria més pobra i tindria més atur i més problemes per sostenir les pensions i la sanitat.

Votar, Sr. Mas, hem votat moltes vegades des de la restauració de la democràcia, totes les lleis i la Constitució que ara vol atropellar i que li ha permès assolir la presidència de la Generalitat. No la utilitzi per destrossar Catalunya i per dividir les famílies, els amics i la societat, perquè els nacionalismes exacerbats van provocar el segle passat a Europa les pitjors guerres de la humanitat. L’any 1934 la Generalitat es va aixecar contra la legalitat republicana. Les conseqüències van ser desastroses. Sigui president de tots els catalans. No les repetim, els ho demanem amb el cor i amb el cap.

José Ignacio Llorens Torres

President de la Comissió d’Agricultura al Congrés dels Diputats

El impacto del cierre de la frontera rusa

Los agricultores de Lleida están consternados y no les faltan motivos para ello. He hablado con varios de ellos y con el Presidente de Afrucat, y es fácil comprender y compartir su inquietud y zozobra, porque el cierre de la frontera rusa a las importaciones agroalimentarias y pesqueras de los países que pertenecen a la UE, además de las que proceden de Estados Unidos, Australia y Canadá, va a tener un impacto especialmente negativo para los productores de Lleida que tienen en Rusia uno de los prioritarios destinos de exportación.

Lo cierto es que la actividad agraria, que es la base de unos de los principales pilares de la recuperación económica de España, está sometida continuamente a una serie de riesgos impredecibles. Unas veces son los climatológicos, otras crisis como la del pepino del año 2011, en la que nuestro país cargó injustamente con los efectos de la bacteria e.Coli. Este año las sanciones económicas impulsadas principalmente desde la UE y los Estados Unidos contra Rusia en represalia a su actuación en el conflicto de Ucrania, ha provocado la respuesta rusa, que recae otra vez injustamente en nuestros agricultores y ganaderos.

Esta respuesta consiste en la prohibición revisable por un año a la importación de determinados productos hortofrutícolas, cárnicos y lácteos procedentes de la UE y resto de países que impulsaron las sanciones económicas contra Rusia. El veto ruso a las exportaciones comunitarias podría suponer más de 5.000 millones de euros, siendo Lituania con 927millones, Polonia con 841millones y Alemania con 595 millones los más afectados. Para España el impacto de las prohibiciones se estima en unos 337 millones de euros, pero respecto a la producción hortofrutícola, España, que exportó 225,8 millones de euros en 2013, el 12% del total exportado a Rusia por la UE, es el tercer país más perjudicado tras Lituania y Polonia.

Casi una tercera parte del importe de las prohibiciones rusas a España corresponde a Cataluña y de esa cantidad unos 70 millones de euros proceden del sector cárnico, principalmente porcino, y unos 40 millones de los productores de fruta, especialmente melocotón y nectarina, por lo que, aunque el impacto de la prohibición en su conjunto es limitado para España y no supera el 1,8%del total de las ventas agrarias, en el caso de Lleida, que es la principal exportadora a Rusia en dichas producciones, el quebranto económico es muy grave y concierne a la totalidad de la economía leridana que como sabemos gravita sobre el sector agroalimentario.

Por eso, todos los esfuerzos que haga el Gobierno español y concretamente el Ministerio de Agricultura, y me consta que están haciendo todo lo que pueden, serán pocos. Pero conviene aclarar e insistir antes que nada que esta es una crisis internacional que tiene que resolverse en el ámbito comunitario. Por eso, la Ministra de Agricultora, Isabel García Tejerina, con que la que pude hablar inmediatamente, solicitó en nombre del Gobierno español una reunión del Comité de Gestión de Crisis en Bruselas para el jueves día 14 de agosto, que es uno de los logros importantes en la nueva reforma de la PAC 2014-2020 y tiene competencias y recursos importantes para sufragar las pérdidas que pueden producirse como consecuencia de graves alteraciones del mercado.

Mientras tanto, ¿qué está haciendo el Gobierno español, cuya actuación algunos no desperdician la oportunidad de criticar aunque sea de forma tan infundada como la que nos ocupa? Pues reaccionar con rapidez, con proximidad y con sensatez. La Ministra se ha reunido con las organizaciones y los principales sectores agrarios afectados, se están evaluando los daños reales y sin duda negociará con firmeza y habilidad para conseguir las máximas ayudas para los sectores afectados, no solo a cargo del presupuesto de las ayudas agrarias ordinarias como pretende Bruselas, sino también para obtener recursos del Fondo de Gestión de Crisis a los que no piensa renunciar Isabel García Tejerina, como acertadamente ya ha anunciado.

El Comisario Ciolos ya ha anunciado medidas de apoyo excepcional, con un aumento de los volúmenes de fruta que se retira del mercado y que se compensará con ayudas europeas y fondos extraordinarios para programas de promoción en mercados alternativos, pero la ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina, propondrá que ese dinero provenga del Fondo de Gestión de Crisis y no solo del presupuesto de las ayudas agrícolas ordinarias. Es decir, el Gobierno español además de enviar mensajes de tranquilidad a los mercados para evitar que cunda el pánico y se hundan más los precios, no abandonará a los agricultores y ya está actuando con seriedad y solvencia donde tiene que hacerlo.

Por último, también es conveniente recordar que pertenecer a la Unión Europea comporta derechos y obligaciones solidarias. Grandes ventajas y también como ahora inconvenientes, pero son tan superiores las primeras que hasta los que se quieren ir de España no querrían abandonar la Unión Europea. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es apoyar todos juntos la excelente labor de la ministra de Agricultura, buena conocedora de los entresijos de Bruselas, donde Miguel Arias Cañete a las puertas de su probable nombramiento como comisario supondrá un apoyo eficaz para nuestros sacrificados payeses, que un año más tienen que enfrentarse a unas adversidades que con la ayuda de todos, sin duda, podrán superar.

José Ignacio Llorens Torres

Presidente de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados