El derecho a saber la verdad

A MUY pocos les puede sorprender la suspensión de la cumbre económica social,“Entre tots ho farem tot”, prevista por el Govern este fin de semana. Entre la prioridad de esta coalición CiU-ERC que gobierna la Generalitat, no figuran las prestaciones sociales que ponen en peligro la situación de emergencia económica que se vive en Cataluña.

Naturalmente la culpa se sigue atribuyendo al déficit fiscal, “España nos roba”. Pero cada vez resulta más difícil ocultar la monstruosa deuda que nos ha dejado el Tripartit, uno de cuyos socios es quien verdaderamente manda ahora en Cataluña, y que se ha visto ampliada por el actual Govern nada menos que a 50.000 millones de euros. El caso es que la Generalitat no tiene dinero, es la Comunidad más endeudada de España y no paga a nadie.

¿Qué hace con el dinero el Govern de la Generalitat? ¿Cómo es posible, cuando no se paga el transporte escolar o a las farmacias, que siga el despilfarro en subvenciones identitarias, el gasto en tantos canales autonómicos de televisión y empresas públicas, o en el soez engrase a unos medios de comunicación entregados a la causa soberanista? La respuesta no es difícil de imagina aunque parezca descabellada. Porque no es demasiado inteligente ni razonable el intento de recuperar el diálogo –económico– con el gobierno de Madrid y no despreciar al mismo tiempo ninguna ocasión para colocarlo contra las cuerdas, aunque sea de forma tan grotesca como la de plantear en el Parlament la reprobación de la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, porque ha tenido la osadía de exigir que la bandera española figure también en los edificios e Instituciones Públicas.

No, no parece razonable el camino emprendido hacia Ítaca por quien al día siguiente de perder diez escaños para la mayoría indestructible pedida para llegar a la meta, ha hecho lo contrario de lo que expresaban las urnas. Los modelos se han ido sucediendo y empeorando. De Escocia, visto el declive separatista que expresan los sondeos al conocerse las verdaderas consecuencias de la independencia, hemos pasado al modelo Kosovo, o sea, a la declaración unilateral de independencia.

Toda una gran patraña, un verdadero despropósito que no puede conducir más que a un desastre para Cataluña. Sin duda se busca el amparo internacional. Porque el derecho a decidir inunda nuestras vidas y pretende taparlo todo, pero en realidad es una propuesta incompleta. Así, en abstracto, el derecho a decidir puede resultar democráticamente atractivo. A muchos les gustaría decidir sobre el pago de las hipotecas, o sobre una rebaja del IBI, que en Lleida pagamos cuatro veces. Y no faltarían quienes querrían decidir sobre la pena de muerte para los terroristas o incluso sobre la permanencia de algunos vecinos de su comunidad.

Pero, afortunadamente, el derecho a decidir que ejercitamos todos cuando votamos tiene sus limitaciones, que son el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, que nos legitima a todos. Por lo tanto, el derecho a decidir... sobre la independencia de Cataluña, que es lo que realmente y en el fondo plantea la cuestión apoyada por los nacionalistas y socialistas, no es más que un regate a la legalidad nacional y a la internacional, y un derecho que va contra la legalidad no es tal.

El derecho a decidir la independencia de una parte del territorio le corresponde al sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, tal y como establece la Constitución, que también contempla los mecanismos para que se reforme. El derecho a decidir la independencia de un pueblo, Kosovo, o sea la Autodeterminación, es un derecho universal reconocido por la ONU en tres supuestos, situación colonial, ocupación militar y apartheid, que evidentemente no se dan en Cataluña, aunque algunos los hayan descubierto después de la manifestación del 11-S del 2012.

Hay otro derecho que aquí, en Cataluña, en la que hasta hace poco se presumía de oasis, no se respeta. No me refiero a que se cumpla las sentencias o al valeroso ejercicio de las Universidades catalanas que han decidido no supeditar la excelencia académica a las imposiciones lingüísticas. Se trata de un derecho natural y universal, el derecho a saber la verdad. Cuando Cataluña va a percibir más de la mitad del Fondo de Liquidez Autonómico, concretamente 7.133 millones, no se puede seguir alimentando la confrontación con quien nos ayuda.

El último desprecio al rigor y a la verdad, uno más entre mil, lo han protagonizado en la inauguración de la Fira de Mollerussa el Conseller Pelegrí y el Alcalde de Mollerussa, el diputado Solsona, afirmando que si Cataluña no cumple el déficit nuestros payeses no cobrarán la PAC. Es una información falsa, tendenciosa y equívoca, de la que por lo visto no se enteró el diputado cuando se lo preguntó, tres días antes, al Ministro de Agricultura en la Comisión. Las ayudas de la PAC, que solo se perderían en una Cataluña independiente, como la que algunos defienden, porque quedaría fuera de la UE, tienen un destino finalista, y aunque el gobierno de España quisiera no podrían destinarlo a otro fin que no fuera ayudar a los agricultores y ganaderos. Seguramente a los dirigentes nacionalistas les traiciona el subconsciente porque es el Govern de la Generalitat el que desvía ayudas a otras finalidades de las previstas, ya sean fondos sociales europeos o fondos procedentes del Gobierno Central, que no llegan al pago de los proveedores.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

La nueva PAC 2014-2020

El reciente debate sobre el Estado de la Nación no puede ocultar el acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el marco financiero 2014-2020 de la Unión Europea, que ha sido excelente para España y un éxito del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha visto reconocido tanto su esfuerzo negociador como el respeto que merece en nuestros socios europeos el programa de reformas y austeridad emprendidas por el gobierno español.

Las grandes cifras del nuevo marco financiero europeo así lo acreditan, porque aun descendiendo por primera vez el techo de gasto de la Unión para el periodo 2014-2020 en 34.000 millones de euros hasta 960.000, España logra mantener un saldo favorable con la UE hasta 2020. En lugar de contribuyentes netos, como se preveía, seguiremos siendo receptores y además se consiguen 1.800 millones para fondos estructurales y 1.000 millones para el programa de empleo juvenil.

Se trata sin duda de un espaldarazo de Europa a las políticas del gobierno español, que ya tienen reflejo en el aumento de la competividad y de las exportaciones de la economía española.

Una atención especial merece el capítulo destinado a la PAC. Los augurios y los pronósticos no podían ser más pesimistas. El Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, anunciaba una rebaja de más del 15% respecto a la situación actual. Los últimos Estados de la Unión van a tener derecho en el nuevo periodo a las ayudas directas al primer pilar, que hasta ahora no percibían. O sea, menos dinero para distribuir entre más socios. Finalmente, a pesar de que el recorte ha sido de 54.000 millones de euros, España va a percibir en la nueva PAC 35.700 millones de euros en ayudas directas para el periodo 2014-2020, 286 millones de euros más que las percibidas en el actual periodo.

Los resultados positivos de esta negociación no acaban ahí, porque España también será destinataria de 8.300 millones de euros para el segundo pilar durante los próximos seis años, es decir, 250 más que en el periodo actual para el desarrollo rural. Como todas las organizaciones profesionales y el sector han reconocido, el buen hacer, la entrega y la capacidad y habilidad negociadora del Ministro Miguel Arias Cañete han sido decisivos en lo que no puede calificarse de otra manera como de un éxito tan inesperado como rotundo. Faltan aún otros trámites. Como se sabe, ahora el Parlamento Europeo tiene ya la capacidad de co-decisión y quedan por cerrar flecos muy importantes, que impedirán posiblemente que la nueva PAC entre en vigor antes del 2015.

No obstante, cabe destacar que la primera batalla se ha ganado y ahora vendrán otras, y probablemente como ha señalado el Ministro no ha sido ajeno al éxito alcanzado la colaboración de todos los eurodiputados españoles, que han sido capaces de mantener un frente unido en defensa de nuestro sector agrario. El sobre nacional, las ayudas agrarias para España, se han mantenido gracias a que se ha aceptado el modelo propuesto por España de convergencia interna de las ayudas de la PAC, que en nuestro país, con una media de 223 €/ha, está por debajo de la media europea, que es de 243 €/ha. En el modelo español se descarta la obligación de alcanzar una tarifa plana de las ayudas directas de 100 €/ha propuesto por el gobierno del PSOE, y a cambio se prevé la posibilidad de introducir una aproximación de las mismas a nivel nacional o regional.

No menos importante ha sido la posibilidad solicitada también por nuestro país de que el Estado Miembro puede limitar la superficie elegible con derecho a percibir las ayudas directas. En la propuesta original de la Comisión, la superficie elegible sería toda la superficie agraria útil, lo que en el caso español se traduciría en la práctica duplicación, de 21 hasta 38 millones, del volumen de hectáreas con derecho a percibir las ayudas de la PAC, lo que supondría que se reducirían a la mitad el importe actual de las ayudas.

En materia de reverdecimiento, greening, se ha logrado una suavización notable de los requisitos que se exigiría a los agricultores y que podrían suponer un coste añadido importante. Las explotaciones que se encuentran acogidas a programas agroambientales de Desarrollo Rural, la agricultura ecológica o las explotaciones que están situadas en la zona de Red Natura, quedarán exentas de la práctica del greening, así como las tierras con cultivos permanentes, como aceite de oliva, vid y árboles frutales, que están dentro de la superficie elegible, que tampoco tendrán que cumplir las nuevas exigencias ecológicas.

Otras medidas destacadas que merecen mención son la aprobación de un Programa Nacional de Desarrollo Rural en convivencia con los 17 Programas Autonómicos, el rechazo a la propuesta de la Comisión de obligar a un ahorro del 25% de agua para acceder a las inversiones en regadíos, el aplazamiento al 2030 de la eliminación de los derechos de plantación de los viñedos, la ampliación al mercado de la UE de las campañas de promoción de los vinos y la obligatoriedad de establecer un porcentaje mínimo de ayudas que se tendrán que dedicar al apoyo a los jóvenes agricultores.

Por último, para la agricultura leridana cobran singular importancia las medidas de gestión de mercado que refuerzan los instrumentos de intervención y la introducción de un nuevo instrumento para hacer frente a las crisis en el sector de frutas y hortalizas, financiado a parte de los fondos gestionados para ese fin por las organizaciones de productores, así como la posibilidad de intercambiar fondos entre pilares y el incremento de un 10% a un 15% del porcentaje que podía ser destinado a pagos acoplados y que incluye a petición española la posibilidad de conceder ayudas asociadas a los ganaderos que no dispongan de tierras en propiedad, o sea, a la ganadería de cebo.

Queda ahora un largo camino. A la aprobación del Parlamento Europeo seguirá el complejo reparto de las ayudas nacionales, donde ya se percibe las protestas de quienes sin embargo apoyan una Cataluña independiente que nos dejaría fuera de las importantes ayudas de la nueva PAC.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

El millor discurs de Rajoy

El reconeixement de la realitat no pot ocultar la dramàtica dada de l’atur. Gairebé 6 milions d’aturats. Més del 26% de la nostra població activa i més del 50% dels nostres joves no troben feina. Però tampoc es poden ocultar les causes que ho han provocat. El dèficit heretat va ser del 9% en lloc del 6%, un 50% més del que va informar el Govern Zapatero. El deute de les nostres administracions públiques s’havia duplicat en quatre anys i el dèficit de la nostra balança amb l’exterior s’havia multiplicat per quatre entre el 2003 i el 2007. Es gastava el doble del que s’ingressava i Espanya estava a punt de la suspensió de pagaments, era un país sense crèdit. Aquesta va ser l’herència.

Per aquest motiu, en aquesta situació de greu risc, Rajoy, abans que res, es va veure en l’obligació d’aparcar les promeses electorals i complir el seu deure, que no és sinó capgirar la situació, per a la qual cosa la majoria absoluta dels ciutadans li van donar la seva confiança, fa poc més d’un any. El primer objectiu va ser el de la reducció del dèficit, perquè, amb el que teníem, la Unió Europea ens retirava la confiança.

I per reduir el dèficit no n’hi ha prou de retallar les despeses, afany en què han col·laborat, és just reconèixer-ho, totes les administracions; també s’han hagut d’augmentar els impostos. L’augment de l’IRPF, suportat principalment pels contribuents amb més rendes, l’increment de l’IVA i el dels impostos especials i de societats s’ha traduït en un augment d’11.000 milions d’euros que, juntament amb els altres 11.000 milions que s’han retallat en despeses, han permès reduir en més de 20.000 milions el desequilibri de 30.000 milions que suposa la desviació del dèficit heretat i arribar al 7% del dèficit exigit a la Unió Europea.

Però no n’hi ha hagut prou amb aquests ajustos pressupostaris. El 30% del nostre sistema financer estava greument danyat i, per aquest motiu, s’ha hagut d’emprendre un rigorós sanejament, gràcies al qual, i també als esforços a reduir el dèficit, la Unió Europea ha prestat més de 40.000 milions d’euros en condicions avantatjoses, que permetran que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, cosa tan necessària per a l’economia com el sistema circulatori per a l’organisme humà.

No obstant, malgrat els esforços i sacrificis que aquest Govern ha hagut d’assumir, les pensions, encara que no s’han incrementat amb l’IPC, s’han millorat, així com les prestacions a l’atur, que ja es renoven de forma automàtica i el Govern central tampoc ha descuidat els seus compromisos amb les comunitats autònomes, amb els ajuntaments i amb els proveïdors a través dels crèdits ICO o el Fons de Liquiditat Autonòmic, del qual Catalunya, per cert, és el principal beneficiari.

Les reformes també eren inajornables. No només la de l’Administració, ara en marxa, per reduir costos, racionalitzar i evitar duplicitats en els serveis, o la de la unitat de mercat per fer més competitiva la nostra economia. La reforma energètica perquè el deute acumulat no es dupliqués d’aquí al 2015 o la reforma laboral per afavorir la flexibilitat interna i atansar la negociació col·lectiva a la realitat de les empreses han sigut indispensables. Els ajustos han estat molt durs, però no podíem seguir com estàvem.

No és que es pugui parlar de “brots primaverals” encara, però alguns símptomes positius s’entreveuen en l’horitzó. La balança de pagaments ja té superàvit en els cinc últims mesos, la prima de risc s’ha reduït a la meitat, de 638 al juliol a 360 punts; grans empreses automobilístiques com Renault, Nissan,Audi, Ford i Iveco han decidit augmentar la fabricació a Espanya i els excel·lents resultats aconseguits per a Espanya després del Consell Europeu, que ens permetrà seguir com a beneficiaris nets dels pressupostos europeus els pròxims set anys i mantendre la dotació per a la PAC i millores substancials per a l’ocupació juvenil i els fons de cohesió, indica que ja es confia en Espanya.

Queda una legislatura al davant, però ara, complerta la primera part de l’ajust, ja es podran plantejar estímuls. El president Rajoy va anunciar la reforma de l’IVA perquè no es pagui abans de ser cobrat, la reducció de l’IRPF, la llei d’emprenedors i estímuls especials a la contractació i bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social per fomentar l’ocupació, sobretot la juvenil. I no hi podia faltar una àmplia bateria de propostes i d’ofertes al conjunt de les forces polítiques en la lluita contra la corrupció, que ha passat a ser una prioritat obligatòria, per protegir la democràcia.

Finalment, el president del Govern va estar a l’altura de l’home d’Estat que és, al referir-se al respecte a la Constitució i a la llei, dins del qual caben diàlegs i amplis acords. Però Espanya, com qualsevol nació, ha de preservar la unitat, l’organització territorial i l’estabilitat política, sempre des de l’estat de dret, que és el que garanteix els nostres drets i llibertats. Per acabar, el president Rajoy no va poder reprimir un cert grau d’esperança i íntima satisfacció a l’assenyalar que els espanyols hem demostrat que ens mereixem que se’ns ajudi però no que se’ns dirigeixi, afirmació que, sens dubte, anava dirigida als que fa un any li exigien un rescat que no era inevitable i que hauria sigut molt més dolorós.

José Ignacio Llorens Torres

Diputat del PP per Lleida i President de la Comissió d’Agricultura al Congrés

Diàleg dins de la llei

El separatisme és un fenomen com el suflé. Emergeix com si fos un tsunami i al cap del temps s’esvaeix. De fet, el mateix Artur Mas, abans del fervor secessionista que li va pujar al cap després de la Diada, ja va reconèixer que no es registraven les condicions per a les proclames independentistes i es conformava amb el pacte fiscal.

Manejava enquestes, és clar. Cap de tan rotunda com el fracàs electoral i la negativa a aquesta majoria indestructible, excepcional, que reclamava messiànicament per emprendre el viatge al terreny que és desconegut, que no és precisament en aquests moments un reclam electoral atractiu. La majoria s’ha hagut de construir després amb un soci molest, un soci que vol ser al Govern i a l’oposició alhora, i que, a més, mai ha arribat a creure’s els seus propis somnis.

I està passant com a Escòcia, que ja ha deixat de ser la referència obligada dels nacionalistes. Allà, després que en igualtat de condicions mediàtiques s’estiguin debatent els avantatges i els inconvenients de la separació, el suflé nacionalista ja està per sota del 30 per cent, i va caient.Alguna cosa deu haver tingut a veure en la rebaixa de les expectatives el fet cert, reiterades vegades aclarit per la Unió Europea, que la segregació d’una part d’un Estat que pertany a la Unió implica la seua automàtica exclusió de la Unió Europea.

Aquí, a Catalunya, després de l’enquesta del grup Godó de fa unes setmanes que deia que dos terços dels votants de CiU no donarien suport a la independència de Catalunya si suposava l’exclusió de la Unió Europea, diumenge El Periódico oferia una altra enquesta amb els següents resultats: més del 55 per cent estava en contra de la independència de Catalunya, només el 15 per cent a favor i el 26 per cent, indiferent.

I és que alguns dels raonaments defensats pels separatistes són realment grotescos i no resisteixen ni la més mínima anàlisi basada en el sentit comú. No em refereixo només al terreny econòmic, que també. Però sentir afirmar al president de la Generalitat que Catalunya no necessitaria exèrcit perquè l’OTAN cobriria gratis la nostra seguretat, quan no existeix cap país que deixi d’aportar la seua solidaritat en la defensa occidental, és tan inversemblant com la continuïtat a la UE d’una Catalunya separada d’Espanya.

Les freqüents excursions a l’Exterior a la recerca de suports acostumen a acabar en la direcció contrària que pretenen els seus promotors. Així, els 33.070 signants que demanaven, ni més ni menys que als Estats Units, suport a la causa sobiranista, s’han trobat amb la resposta que el Govern americà expressa la seua confiança en el fet que “el Govern i el poble d’Espanya resoldran l’assumpte d’acord amb les lleis i la Constitució”. Naturalment, la resposta ha tingut menys publicitat que la proposta.

I és que el diàleg dins de la llei és l’opinió cada vegada més àmplia i determinant que sorgeix des dels més variats angles de la societat catalana. Personalitats que fins ara han mantingut un silenci discret i prudent, així es manifesten. Ho ha fet Isidre Fainé, president de La Caixa, institució emblemàtica de Catalunya; MiquelValls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Gay de Montellà, president de Foment del Treball, i altres líders socials i sindicals.

Fins i tot el mateix president de la Generalitat,Artur Mas, sembla últimament moderar la seua actitud bel·ligerant i les seues altives insolències. I és que el risc d’una fractura social, política i econòmica a Catalunya es fa cada dia més patent, fins al punt que és molt probable que es cancel·li l’acte convocat per al dia 14 per la gran patronal catalana, on ja ha arribat la divisió. I és que, com ja reconeix el senyor Mas, el nou no té per què ser millor que el que ja tenim.

Perquè és clar, alguns fets i evidències són inocultables. Quan el Govern de la Comunitat de Madrid ha pogut col·locar el deute que el d’aquí no pot, quan el president del Bundesbank afirma que l’èxit del Govern d’Espanya ha estat no demanar el rescat, s’obre pas amb força la idea que la unió i la suma d’esforços, una vegada superades les actuals turbulències que sacsegen el mapa polític espanyol, permetran que arribi la recuperació econòmica, la creació d’ocupació i la millora de les prestacions socials, que són les preocupacions principals i reals dels ciutadans.

I, mentrestant, el victimisme té cada vegada una justificació més difícil. Perquè més d’un terç del FLA el percebrà Catalunya, que és, juntament amb Andalusia, la comunitat en què l’Estat més inverteix en infraestructures, i que sense anar més lluny rebrà gairebé el 50 per cent dels 600 milions d’euros de la recent licitació expressa anunciada pel ministeri de Foment, que s’invertiran en el cinturó de Barcelona, a la CN-2 al seu pas per Girona i en una rotonda a Margalef (Lleida), a la N-240.

En resum, l’independentisme es refreda amb la informació perquè, al final, la sobirania nacional es tradueix en canviar un grau de dependència pròxima i integral per una dependència llunyana i insolidària, que no es traduiria en avanços a la sortida de la crisi, provocaria un imparable empobriment i la fractura social seria inevitable. La pregunta, doncs, es fa inevitable: quin és l’avantatge de trencar amb Espanya?

José Ignacio Llorens Torres

Diputat del PP per Lleida

President Comissió Agricultura al Congrés dels Diputats

Tiempos de convulsión

Desde la restauración de la democracia, España ha vivido momentos difíciles, de verdadera convulsión. El golpe de Estado, afortunadamente fallido, del año 1981, los escandalosos episodios de principios de los 90, que acompañaron el fin del felipismo, y que coincidieron además con una crisis económica similar a la actual, han marcado etapas criticas que, no obstante, se han podido superar porque se han respondido con medidas y decisiones adecuadas.

Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica que comporta dolorosos costes sociales y sacrificios personales, a los que hay que añadir las irregularidades y escándalos conocidos estos últimos días, que acentúan la justa indignación ciudadana, y para colmo, un gobierno legalmente constituido plantea la ilegal segregación de una parte del Estado. Estamos pues ante un momento difícil, delante de una grave crisis económica, política, social e institucional. Una crisis de Estado.

Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnostico y después aplicar las soluciones necesarias. Todos los partidos, no solo al que me honro pertenecer desde el año 1982, hemos vivido casos de corrupción. Considero que formo parte de un proyecto colectivo, por tanto, me parecería insolidario sumarme a las criticas, que ya nos llueven desde todos los ámbitos.

Solo quiero añadir que la propuesta del presidente Mariano Rajoy para depurar responsabilidades internas del PP hasta las ultimas consecuencias, resolver de una vez la financiación de los partidos políticos y ofrecer un gran acuerdo a todas las formaciones políticas para luchar contra la corrupción, es un verdadero pacto de Estado que no debería ser desaprovechado. Sobre esta cuestión, no deja de ser llamativo el tratamiento que los medios de comunicación catalanes dispensan a los casos de corrupción, según a quien afecte. Ciertamente, Catalunya es un oasis... informativo, y para tener una información completa, uno tiene que recurrir a lo que aquí se llama "caverna mediática de Madrit".

El derecho a decidir. Despejemos equívocos, bajo este eufemismo se esconde un subterfugio, una gran mentira. Quienes lo defienden intentan crear una confusión interesada entre democracia y legalidad. Pero la primera regla de oro en democracia es el respeto a las leyes y al Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia. El derecho a decidir desde la legalidad, tal y como lo plantean quienes lo quieren someter a la voluntad del pueblo catalán es una ilegalidad, por tanto, es una falacia y no es democrático. Ese derecho le corresponde al conjunto del pueblo español a través de los procedimientos legales vigentes, reiteradamente expuestos.

Si llegara ese momento, se tiene que plantear con honestidad y transparencia y sinceridad a los ciudadanos de Catalunya y del resto de España, las consecuencias de una hipotética secesión. No se puede sostener en serio y sin faltar a la verdad que Catalunya seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Quedaría fuera, y no es necesario un alarde de imaginación para enumerar los costes de todo tipo que iban a suponer para el resto de España y para Catalunya, especialmente, la secesión.

La ruptura se basa en unos agravios que son falsos. España no nos roba, al contrario. El superávit comercial de Catalunya con el resto de España es de mas de 22.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB catalán. No es cierto, como aseguro Artur Mas el mismo día de la llegada del AVE a Girona, que el Estado no invierte en Catalunya. Al revés. Desde el año 1996 es la Comunidad Autónoma en la que mas se ha invertido, con más de 20.000 millones de euros. En caso de ruptura, según datos contrastables del Instituto de Estudios Económicos, Catalunya tendría que pagar 180.000 millones de euros de la deuda española, las exportaciones a España descenderían en un 50 por ciento y el PIB catalán en un 20 por cien, y todo ello sin contar la fuga de capitales y empresas y los costes de una moneda propia.

La solución a la espantosa situación económica heredada en el conjunto de España no ha sido ocultarla, sino reconocerla y afrontarla. La reforma laboral y la reforma financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el esfuerzo de todas las administraciones en recortar el gasto y reducir el déficit empiezan a surtir efecto. España es percibida ya como un país serio, el crédito europeo comienza a fluir y se empiezan a notar síntomas esperanzadores. No hay derecho a que en estos momentos la irresponsable actitud del Govern de Catalunya se haya convertido en el principal lastre para la recuperación de la economía del conjunto de España.

Los movimientos populistas y nacionalistas cobran especial fuerza con sus falsas retóricas en épocas de crisis, prometiendo soluciones fáciles que no son ciertas. Con la independencia no viviríamos mejor porque los costes de todo tipo serian muy superiores a los beneficios. Artur Mas y los suyos, que en solo dos años han elevado la deuda de la Generalitat en mas de 9.000 millones de euros pueden seguir culpando al Gobierno Central de sus incumplimientos del déficit, en vez de atajar la hemorragia en los gastos de los Consorcios, Agencias, Consells, de la juventud, del agua, audiovisuales, deporte, lingüísticos, etcétera, y de las cerca de 500 empresas públicas que hay en Catalunya.

También es muy libre, quien hoy preside la Generalitat, de cambiar de socio, de penalizar el sentido de la responsabilidad de Durán i Lleida y de Unió y seguir perdiendo votos en favor de ERC. Pero de la crisis que vivimos no se sale con utopías y visiones mesiánicas, ni con confrontaciones estériles. España tiene que resolver sus diferencias para mantener el proyecto común, y eso exige por parte de todos pactos de Estado y políticas de grandeza. Porque señor Mas: la culpa no es siempre de los demás. La culpa de su fracaso electoral no es del señor Duran i Lleida, y la culpa de su fracaso económico tampoco del señor Rajoy, sino de los derroches identitarios, que al final obligan a que personajes tan significativos como el señor Josep Pujol Ferrusola haya cambiado su domicilio fiscal a 'Madrit'.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del PP por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

La ley nos obliga a todos

El año 2010, los catalanes le dieron a Artur Mas y a CiU la mayoría suficiente para gobernar. Antes de llegar a la mitad de ese mandato, tras la “espontánea” manifestación del 11-S, promovida, alentada y subvencionada por el Govern de la Generalitat, su President decidió anticipar las elecciones. De repente, el señor Mas, preso de un súbito fervor mesiánico, sintió la imperiosa necesidad de pedirles a los catalanes que, como un solo pueblo, le otorgaran una mayoría excepcional, una mayoría indestructible, para romper con España.

Pero el pueblo catalán que respondió como lo que es, como una sociedad plural, no le confirió la mayoría requerida para la ruptura que había sido el objeto del anticipo electoral. Y no solo eso, le castigó a Mas con 12 escaños menos, lo que no fue óbice para que en vez de dimitir, que hubiera sido la lógica respuesta democrática, Artur Mas emprendiera una suicida salida hacia delante y se entregara a los que pedían lo mismo para lo que él pidió una mayoría excepcional, que le había sido negada. Error tras error.

Pactar con ERC, partido que no se ha distinguido precisamente por su aportación a la gobernabilidad, y menos ahora que pretender ser a la vez gobierno y oposición, es otro error grave. Pero lo es más someterse a planteamientos económicos que hace tres meses se consideraban inviables. El caso es que gobierna CiU pero manda ERC, que vigilará a través de los comités mixtos el estricto cumplimiento de los compromisos, entre ellos una nueva organización territorial de Cataluña, que relegará a Lleida al limbo, y doce nuevos impuestos que convertirán a Cataluña en la comunidad que soporta mayor fiscalidad de España.

Pero no nos dejemos engañar, el gran objetivo político es romper lo que siempre ha estado unido. No, este no es un gobierno de diálogo y moderación. Todo lo contrario, porque no puede presumir de moderado un Govern que quiere romper 500 años de historia en común con España, porque así lo han decidido en tres meses Artur Mas y los suyos, a sabiendas de que esa quimérica ruptura provocaría una profunda quiebra social, económica, profesional y afectiva con el resto de España, y entre tantos catalanes que no aceptamos el enorme desagarro personal que supone que se nos quiera despojar de unos de los dos sentimientos con los que hemos nacido.

El diálogo no consiste en imponer a la otra parte, sí o sí, lo que uno quiere. Y es que el diálogo no interesa a un Govern que busca la confrontación, que desde el primer momento propone una serie de medidas y leyes que no caben en la Constitución, propias de un Estado independiente, destinadas a sustituir al que hay, y todo ello desde antes de convocar un referéndum ilegal que se da ya anticipadamente por refrendado y respaldado. En realidad, lo que interesa es el conflicto permanente, para alimentar una mayoría de ruptura inexistente.

Porque así lo expresan los sondeos, como uno reciente del grupo Godó, que reduce a una tercera parte los votantes de CiU que elegiría la independencia si significara la exclusión de Cataluña de la UE, y como se desprende de una adecuada interpretación parlamentaria de la aritmética electoral que quisiera repasar para corregir un error numérico que cometí en mi último artículo publicado en Segre el 14-D. Así, si de los 50 diputados que obtuvo CiU se restan por lo menos 13 de Unió que no están por la independencia, quedan 37, que sumados a los 21 separatistas sin tapujos de ERC más los 3 del CUP, suponen 61 diputados. Es muy aventurado decir que los 13 de IC representen votos independentistas y desde luego no lo son ni los 19 de PP, ni los 9 de Ciutadans, ni los que votaron a los 20 del PSC. En resumen, una cámara fragmentada como nunca y prácticamente dividida en dos bloques respecto a la independencia.

Por eso, a partir de ahora, para alcanzar un respaldo mayoritario de ruptura que hoy no existe, estos visionarios, promotores de la versión actualizada del plan Ibarretxe, tratarán de excitar los ánimos contra el enemigo exterior, que es España. Así, el debut del nuevo conseller de Presidencia no ha podido ser más beligerante, “Madrid ha dictado nuestra sentencia de muerte.”Y nosotros sin enterarnos…Y nada tan eficaz, sobre todo, en época de crisis, que incorporar a los sentimientos separatistas, presuntas afrentas económicas y los intereses de quienes ingenuamente se creen que en una Cataluña independiente viviríamos mejor.

Aunque es difícil sostener en serio que “España nos roba” cuando nos compra la mitad de nuestras ventas al exterior, la renta media de Cataluña es de 27.340 euros al año, frente a los 23.271 euros del conjunto, Cataluña percibe 8.300 millones de euros, una tercera parte del Fondo de Ayuda Autonómica para toda España, y desde 1996 ha sido la más favorecida en inversión de infraestructuras. Tampoco importa la deslocalización de empresas (Planeta, Cobega…) que no ha hecho más que empezar, la fuga de capitales o que la inversión extranjera haya experimentado en Cataluña la mayor caída el último trimestre.

Hemos empezado “un camino incierto”, ciertamente. Porque no sabemos el impacto de los aranceles sobre nuestras ventas a la UE y al resto de España. Ni el alcance de las tensiones devaluatorias e inflacionistas que comportaría una moneda propia o seguir en el euro, tampoco se sabe como se va a pagar nuestra deuda, la mayor de España, y los patrióticos bonos.

Lo que sí sabemos es que en una Cataluña independiente se produciría una caída del 20% del PIB, según los análisis del Instituto del Estudios Económicos, cuyo Presidente ha señalado que “los que buscan la secesión de Cataluña no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen”. Eso sin contar las pérdidas de la PAC, los fondos sociales europeos y los proyectos comunitarios de energía y transporte. Existe otro riesgo mayor. Un gobierno no puede vivir al margen de la ley. La democracia es una consecuencia –y no al revés– del Estado de Derecho y del cumplimiento de unas leyes, por encima de las cuales está la Constitución que nos obliga a todos y que es la que ha legitimado y legitima al actual Parlament, Govern y President de la Generalitat. Convendría recordarles a quienes solo tienen la máxima aspiración de conseguir una Cataluña independiente de España, para convertirla en una Cataluña mucho más dependiente de la UE, lo que además es imposible, que no se puede pedir a los ciudadanos que respeten y cumplan las leyes cuando sus gobernantes no lo hacen y abandonan los caminos del diálogo y del entendimiento tan necesarios como posibles.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura

El pacto separatista

Entre todas las opciones que CiU tenía para gobernar, ha elegido la peor. Esta legislatura, que se presume tanto o más breve que la anterior, no tiene otro objetivo que la independencia de Catalunya, o sea, la ruptura con España, y todo lo demás, los problemas reales de los ciudadanos, no le importan a un Govern entregado a ERC, que le ha puesto un precio a su apoyo: el referéndum ilegal para el 11 de septiembre de 2014, ilegal porque para que fuera legal tendría que celebrarse en toda España, previa reforma de la Constitución a través de los procedimientos legales y mayorías cualificadas establecidas para reformarla.

Esta es la situación. CiU ha cometido el mayor error de su historia y lo pagará muy caro, en términos electorales porque los proyectos radicales refuerzan a los más radicales, como se acaba de ver, y en términos de responsabilidad y credibilidad. Podía haber continuado gobernando, tenía apoyos suficientes, y asumir los esfuerzos que se necesitan para reducir el déficit, que son los que exige Bruselas para que lleguen las ayudas necesarias para superar la crisis. Pero el señor Mas le ha dado la espalda a esa responsabilidad y nadie puede creer que un socio que ha sido protagonista y cómplice en la desastrosa gestión económica de dos tripartitos, le va a aportar las ayudas necesarias para una gobernabilidad responsable.

Al contrario. Pero ya hablamos de que la obsesión republicana ha sido desde hace siglos la independencia al precio y coste que sea, y que los catalanes, como somos muy buenas personas, no necesitaremos ni a la OTAN ni al Ejército, podremos permanecer en la Unión Europea y nuestros payeses percibir la PAC, que el resto de españoles, que también son muy buena gente, nos seguirán comprando, aunque nosotros solo consumamos productos catalanes y que en una Catalunya independiente no habrá paro ni corrupción, ni desahucios ni huelgas, y todos seríamos más felices.

Lo más sorprendente es que quien hasta el 11 de septiembre declaraba reiteradamente que en Catalunya no existía el clima y los apoyos suficientes para la secesión, como lo estaban señalando las consultas clandestinas, en Lleida un 8%de los votos, de golpe y sopetón, después de la manifestación que no supo leer, convocara unas elecciones en pos de una mayoría excepcional e indestructible, conceptos de dudosa legitimidad democrática, con unos resultados que tampoco el señor Mas ha sabido interpretar y que en cualquier otro país le hubiera llevado a la dimisión.

Asegura ahora el señor Mas que ya tiene la foto real del país, que desde luego no puede estar más lejos de sus ambiciosos sueños. Porque el voto independentista sin tapujos es el de ERC, que, con 21 diputados, no supera sus mejores resultados, mientras que CiU obtiene los peores y la suma de ambos está lejos de los resultados obtenidos en el 95, o sea, que el binomio ERC-CiU está estancado y a la baja.

Por otra parte, no todo el voto de CiU tiene la misma intencionalidad, porque hay quien lo utiliza instrumentalmente para conseguir ventajas económicas, otros optan por el pacto fiscal y muchos no acaban de creer que CiU quiera realmente romper con España. Cuando se utilizan tantos eufemismos, desde el soberanismo hasta el derecho a decidir, aunque se pretenda encubrir el objetivo real, la interpretación del voto puede inducir a la confusión y, desde luego, no cabe duda de que a los 60 de CiU habría que restar los 12 de Unió, que no están por la independencia.

Nos quedamos pues en 48 más 21, igual a 69 diputados, representativos de la causa soberana independentista, a los que cabría sumar los 3 de la CUP. A la hora de seguir ampliando esa opción, conviene aclarar que no se puede sumar caballos con perdices. Es decir, es arriesgado pensar que los 13 de IC, que apoyan el referéndum legal, quieran la independencia. En el otro lado están Els Altres, los 21 diputados del PP, que hoy por hoy representan el único proyecto estable que garantiza la cohesión nacional, los 9 de Ciutadans y los 20 del PSC, que representan un voto desorientado y difícil de clasificar, al parecer ahora federalista, pero que no es separatista. O sea, la foto de un Parlament fragmentado como nunca aparece prácticamente dividido en dos mitades. Y no se puede decir que no se hayan utilizado todos los medios para influir en la voluntad popular. Desde los de comunicación privados y públicos, manipulados hasta el bochorno, hasta la estigmatización del enemigo exterior, que tiene ya un nuevo chivo expiatorio, el ministro Wert, que pretende tan solo que el castellano pueda ser elegido libremente en las escuelas concertadas y que tenga el mismo rango que el otro idioma oficial, el catalán, como ocurre en todo el mundo. Y la llamada al desacato a lo que es tan solo un proyecto de ley, es profundamente antidemocrática y preludio de lo que se ve venir.

Pero quizás el argumento más eficaz, aunque no puede ser más falso, es el de que “España nos roba”. Cuando un Govern tiene que aplicar recortes como consecuencia de la herencia recibida y utiliza cortinas de humo para taparlos, la solidaridad, un concepto tan hermoso como fútil, sobre todo en épocas de crisis y para los nacionalistas, se evapora. Pero es un grave error incluso en términos meramente económicos, porque de la misma forma que las partes más ricas de Europa necesitan a las que lo son menos porque son parte de su mercado, y Alemania necesita a España, la idea de que Catalunya no necesita a España es una solemne utopía. Tanto como la contraria. En definitiva, como tantos catalanes, me niego a creer que no haya otra solución que la ruptura, que es la peor para todos.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura