Acoso antidemocrático

1. El escrache:

El escrache, o sea el acoso domiciliario a los diputados del Partido Popular, es profundamente antidemocrático porque intenta coaccionar el voto de los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos. Por lo tanto, el acoso al Partido Popular, que además está respaldado en las urnas por la mayoría absoluta, es un acoso a los ciudadanos que lo han votado, pero también a los que no lo han votado, al sistema y a la democracia.

El acoso es una coacción, un atentado a la libertad, una forma de violencia, y por lo tanto nunca puede ser calificado como cívico ni como pacífico. Evidentemente, la violencia puede ser ejercida de muchas formas y ya estamos viendo estos días que se expresa de distintas maneras y con diferente intensidad, pero quien le apoya o no la condena se convierte en cómplice de ella y hay suficientes ejemplos en la historia de nuestro país y fuera, para recordar que así empezaron trágicas etapas.

2. El valor de la coherencia y la credibilidad:

“Vamos a agilizar los desahucios”, quien así se expresaba era la entonces Ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, al presentar el llamado “Plan Chacón”, que entre otras medidas contemplaba la creación de seis Juzgados de Primera Instancia de lo Civil, precisamente para facilitar los desahucios. La propuesta fue aprobada en Consejo de Ministros del 2007 y el desahucio express fue aprobado durante el mandato de Zapatero. Es mas, el Gobierno del PSOE rechazo diez veces la dación en pago que ahora apoya.

En el esplendoroso periodo, que va del 2008 al 2012, se produjeron casi 400.000 desahucios, 80.000 de ellos en el año 2011. Eran los tiempos de la Champions y del mejor sistema financiero del mundo mundial. Eran los tiempos de las preferentes también, y de los controles ejercidos por destacados socialistas en los órganos competentes. Esto es la CNMV y el Banco de España. No hace falta añadir que las hipotecas por aquella época, con cláusulas a veces abusivas, proliferaban, y que la Ley Hipotecaria -vigente desde mucho antes- seguía inalterable. La bochornosa actitud de los socialistas ahora, demuestra su gran desprecio por el indisociable binomio coherencia-credibilidad.

3. La respuesta del gobierno del partido popular:

Aunque lo parece, por el activismo y proliferación de Plataformas que durante el gobierno anterior no existían, el problema de los desahucios no es nuevo. Lo que ha sido nuevo es la respuesta de un gobierno que por primera vez ha actuado para resolver un problema que no ha creado y que se ha agudizado con la crisis económica heredada.

Antes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), el gobierno Rajoy aprobó el Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre, que comprendía diversas medidas para facilitar el pago de las hipotecas y evitar los desahucios. Cabe destacar, entre ellas, dos muy importantes, la creación de un fondo social de viviendas con el objetivo de facilitar a las personas desahuciadas el acceso a contratos de arrendamiento asumibles y la paralización, o sea la suspensión, durante dos años del desalojo de las viviendas de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos inmigrantes.

Las expropiaciones forzosas a las viviendas de los Bancos aprobadas por la Junta de Andalucía, no suponen ninguna ventaja respecto a la segunda medida de las antes citadas. Una suspensión de dos años, que puede prorrogarse en función de la situación económica del afectado, frente a una expropiación, ahorra el pago del justiprecio, no atenta contra el principio de seguridad jurídica y no viola el derecho constitucional a la propiedad privada. Es decir frente a la demagogia y el oportunismo político socialista, el Gobierno popular responde con oportunidad política adoptando soluciones realistas.

Por último, la respuesta a la ILP, que el grupo parlamentario popular podía haber bloqueado, ha sido un Proyecto de Ley que se aprueba esta semana con la aportación de todos los grupos políticos, en el que se limitan los intereses de demora y el alcance de las consecuencias para los afectados sin poner en peligro la viabilidad del sistema hipotecario, que no obstante tendrá que acogerse a un código de buenas prácticas que permita evitar situaciones abusivas como la que dio origen a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que fue una hipoteca concedida por la Caja que presidía el socialista Narcis Serra.

4. El oportunismo político y la calidad de nuestra democracia:

Estamos ante una especie de cruzada ideológica en contra del Partido Popular. Hay muchas razones para pensarlo, porque el 99 por cien de los desahucios se iniciaron en la etapa del gobierno socialista, antes del 2012, y estas Plataformas no aparecían entonces. La procedencia, además, de quienes las dirigen, que en muchos casos no están afectados por las hipotecas, y el inútil intento de coaccionar el voto individual de los Diputados que salen elegidos en las listas, es otra prueba más de la obscena manipulación política aprovechando el dolor de la gente, en contra de un Gobierno que ahora si, protegerá a los mas débiles.

Pero no nos engañemos, los que asaltan los supermercados, las posturas antisistema, los que coaccionan, los que incumplen las sentencias y desafían las Constitución, los que no respetan las leyes ni el Estado de Derecho, no van a arreglar nada, porque son los peores enemigos de la libertad y de la democracia, y lo que intentan es subvertir el resultado de las urnas que han legitimado y confiado a este Gobierno la solución a unos problemas que no ha creado. Y si no lo hace, los ciudadanos a través de los votos, y no de otra manera, podrán cambiar a quienes les dirijan. Esta es la esencia de la democracia, cuya calidad entre todos debemos preservar.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado del Partido Popular por Lleida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados

La Generalitat al borde de la bancarrota

Las finanzas de la Generalitat están en bancarrota. Al enorme agujero de 50.000 millones de euros, estos días se ha conocido que la Generalitat tiene comprometidos pagos en diferido por valor de 79.052 millones de euros pagaderos…..¡el año 2108! En esta situación resulta incomprensible, por lo menos hasta ahora, la actitud seguida por el President de la Generalitat, que tiene que elegir entre dos opciones.

Por un lado el desafío independentista, y por otro lado la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones del día a día que hoy incumple el Govern. La Generalitat, que arrastra la mayor deuda de España, tiene graves problemas para pagar las nóminas, las farmacias, las escuelas, los hospitales o a los proveedores, no tiene liquidez, no la encuentra en los mercados y sólo tiene las posibilidad de recurrir al Gobierno Central, que no puede dejar caer a ninguna Comunidad Autónoma.

O sea, Artur Más está en un callejón que sólo tiene una salida, que no es precisamente la que le exige ERC, que además de ser en gran parte responsable durante los sucesivos Tripartits de llegar a la situación actual, no quiere asumir los costes de apoyar unos Presupuestos que obligatoriamente tienen que ser restrictivos, como lo son para todo el Estado. Si gobernar tiene que servir para atender a los ciudadanos, está claro que hoy por hoy en Cataluña como en el resto de España, como en toda la UE, lo prioritario es superar la crisis, el crecimiento económico, la creación de empleo y cubrir las necesidades de los ciudadanos en sanidad, educación y pensiones.

Por eso, el encuentro entre el Presidente del Gobierno y el de la Generalitat es una buena noticia, propio de gobernantes responsables que deben atender a los intereses prioritarios de Cataluña y del conjunto de España, que son los mismos, y desde luego no son la confrontación mantenida hasta ahora. Habrá quien quiera echar agua al vino y detecte intereses chantajistas en una u otra dirección, pero ayudar a una parte de España tan importante como lo es Cataluña es imprescindible y por ello relajar el déficit y aportar liquidez a Cataluña es esencial.

Sentado lo anterior, dialogar no es imponer y la cuadratura del círculo es imposible, como lo es romper con España y pedir su ayuda y colaboración para hacerlo. Pero, de la misma forma en que hemos defendido que las Comunidades más ricas tienen que aportar su solidaridad a las más pobres, es justo también que a las que ahora pasen mayores apuros se les ayude más, aunque no faltarán quienes digan que con ello se castiga a las Comunidades que cumplen los criterios del déficit con rigor.

Pero este reencuentro o reanudación de un diálogo, que no debería haberse interrumpido, tiene que servir para desactivar algunos tópicos tóxicos. Los datos publicados por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat son escalofriantes. Los compromisos de pago en diferido contraídos entre el 2006 y el 2010, años de Tripartit, se multiplicaron por tres, hasta llegar a la cifra de casi 80.000 millones de euros, algunos tan pintorescos como el pago de los terrenos de la futura cárcel de Barcelona, o el de las estaciones adjudicadas de la línea 9, que ni ha sido construida.

Naturalmente, a estas cifras hay que añadir los 50.000 millones de euros a los que ha elevado la Deuda el Govern del Sr. Más, que dejan a una Cataluña hipotecada de por vida y por lo menos hasta el 2108. De momento, gracias al FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, del que Cataluña se lleva la mayor parte, y a la flexibilidad en la reducción del déficit, que la UE nos exige a todos y que otras Comunidades cumplen, podemos seguir adelante, pero el soberanista y recurrente lema de que España nos roba es tan falso como ingenuo.

El IEE, Instituto de Estudios Económicos, ha publicado un concienzudo estudio de lectura recomendable en el que, además de ofrecer datos contrastables e incontestables, llega a una interesante conclusión. El crecimiento de Cataluña desde 1978 hasta 2007 ha sido el más rápido de todos los países de la OCDE y nuestra renta alcanzó en el 2007 un 120% de la media europea, superior incluso a la media de Alemania e Italia. La presunta asfixia y expoliación económica a la que ha sido sometida Cataluña es un argumento insostenible, una falacia.

¿Qué ha ocurrido, pues, para que Cataluña esté al borde de la ruptura? Los sucesivos sistemas de financiación autonómica han sido recibidos por todos los Governs de aquí con elogios. La inversión en infraestructuras desde el año 96 ha sido la mayor del Estado. En todas las elecciones generales celebradas hasta ahora, por lo menos mientras el PSOE lo era y esperemos que lo siga siendo, ha reflejado un sentido inequívoco y mayoritario. La abrumadora mayoría de los catalanes HEMOS DECIDIDO seguir en España. Quienes optaban por la ruptura, CiU no lo hacía entonces, tenían muy pocos votos. Tampoco consiguió Más la mayoría excepcional para llevarnos al abismo.

¿Porqué, si hasta el 11-S del 2012 un pacto fiscal lo arreglaba todo, al día siguiente la única solución era romper con España, que como se está viendo no es una solución sino todo lo contrario? Ciertamente, los recortes a los que obliga la crisis, el permanente victimismo nacionalista, o la irresponsabilidad y desorientación de los socialistas gobernando con separatistas y generando frustraciones estatutarias, han podido confundir al electorado y provocar desafecciones.

Pero el actual President de la Generalitat, Artur Más, debe tener muy presente que los catalanes no le dimos la mayoría excepcional para aventuras, para romper lo que ha estado unido toda la vida durante más de 500 años, y sí le dieron una mayoría para gobernar y para superar una crisis de la que juntos aquí y con el resto de España vamos a salir. Porque juntos, podemos. Sumando vamos a ganar, restando vamos a perder todos, Cataluña y España. Y a eso no estamos dispuestos porque al Sr. Más le haya dado un ataque de “rauxa” y no sepa cuadrar las cuentas.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados

El derecho a saber la verdad

A MUY pocos les puede sorprender la suspensión de la cumbre económica social,“Entre tots ho farem tot”, prevista por el Govern este fin de semana. Entre la prioridad de esta coalición CiU-ERC que gobierna la Generalitat, no figuran las prestaciones sociales que ponen en peligro la situación de emergencia económica que se vive en Cataluña.

Naturalmente la culpa se sigue atribuyendo al déficit fiscal, “España nos roba”. Pero cada vez resulta más difícil ocultar la monstruosa deuda que nos ha dejado el Tripartit, uno de cuyos socios es quien verdaderamente manda ahora en Cataluña, y que se ha visto ampliada por el actual Govern nada menos que a 50.000 millones de euros. El caso es que la Generalitat no tiene dinero, es la Comunidad más endeudada de España y no paga a nadie.

¿Qué hace con el dinero el Govern de la Generalitat? ¿Cómo es posible, cuando no se paga el transporte escolar o a las farmacias, que siga el despilfarro en subvenciones identitarias, el gasto en tantos canales autonómicos de televisión y empresas públicas, o en el soez engrase a unos medios de comunicación entregados a la causa soberanista? La respuesta no es difícil de imagina aunque parezca descabellada. Porque no es demasiado inteligente ni razonable el intento de recuperar el diálogo –económico– con el gobierno de Madrid y no despreciar al mismo tiempo ninguna ocasión para colocarlo contra las cuerdas, aunque sea de forma tan grotesca como la de plantear en el Parlament la reprobación de la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, porque ha tenido la osadía de exigir que la bandera española figure también en los edificios e Instituciones Públicas.

No, no parece razonable el camino emprendido hacia Ítaca por quien al día siguiente de perder diez escaños para la mayoría indestructible pedida para llegar a la meta, ha hecho lo contrario de lo que expresaban las urnas. Los modelos se han ido sucediendo y empeorando. De Escocia, visto el declive separatista que expresan los sondeos al conocerse las verdaderas consecuencias de la independencia, hemos pasado al modelo Kosovo, o sea, a la declaración unilateral de independencia.

Toda una gran patraña, un verdadero despropósito que no puede conducir más que a un desastre para Cataluña. Sin duda se busca el amparo internacional. Porque el derecho a decidir inunda nuestras vidas y pretende taparlo todo, pero en realidad es una propuesta incompleta. Así, en abstracto, el derecho a decidir puede resultar democráticamente atractivo. A muchos les gustaría decidir sobre el pago de las hipotecas, o sobre una rebaja del IBI, que en Lleida pagamos cuatro veces. Y no faltarían quienes querrían decidir sobre la pena de muerte para los terroristas o incluso sobre la permanencia de algunos vecinos de su comunidad.

Pero, afortunadamente, el derecho a decidir que ejercitamos todos cuando votamos tiene sus limitaciones, que son el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, que nos legitima a todos. Por lo tanto, el derecho a decidir... sobre la independencia de Cataluña, que es lo que realmente y en el fondo plantea la cuestión apoyada por los nacionalistas y socialistas, no es más que un regate a la legalidad nacional y a la internacional, y un derecho que va contra la legalidad no es tal.

El derecho a decidir la independencia de una parte del territorio le corresponde al sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, tal y como establece la Constitución, que también contempla los mecanismos para que se reforme. El derecho a decidir la independencia de un pueblo, Kosovo, o sea la Autodeterminación, es un derecho universal reconocido por la ONU en tres supuestos, situación colonial, ocupación militar y apartheid, que evidentemente no se dan en Cataluña, aunque algunos los hayan descubierto después de la manifestación del 11-S del 2012.

Hay otro derecho que aquí, en Cataluña, en la que hasta hace poco se presumía de oasis, no se respeta. No me refiero a que se cumpla las sentencias o al valeroso ejercicio de las Universidades catalanas que han decidido no supeditar la excelencia académica a las imposiciones lingüísticas. Se trata de un derecho natural y universal, el derecho a saber la verdad. Cuando Cataluña va a percibir más de la mitad del Fondo de Liquidez Autonómico, concretamente 7.133 millones, no se puede seguir alimentando la confrontación con quien nos ayuda.

El último desprecio al rigor y a la verdad, uno más entre mil, lo han protagonizado en la inauguración de la Fira de Mollerussa el Conseller Pelegrí y el Alcalde de Mollerussa, el diputado Solsona, afirmando que si Cataluña no cumple el déficit nuestros payeses no cobrarán la PAC. Es una información falsa, tendenciosa y equívoca, de la que por lo visto no se enteró el diputado cuando se lo preguntó, tres días antes, al Ministro de Agricultura en la Comisión. Las ayudas de la PAC, que solo se perderían en una Cataluña independiente, como la que algunos defienden, porque quedaría fuera de la UE, tienen un destino finalista, y aunque el gobierno de España quisiera no podrían destinarlo a otro fin que no fuera ayudar a los agricultores y ganaderos. Seguramente a los dirigentes nacionalistas les traiciona el subconsciente porque es el Govern de la Generalitat el que desvía ayudas a otras finalidades de las previstas, ya sean fondos sociales europeos o fondos procedentes del Gobierno Central, que no llegan al pago de los proveedores.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

La nueva PAC 2014-2020

El reciente debate sobre el Estado de la Nación no puede ocultar el acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el marco financiero 2014-2020 de la Unión Europea, que ha sido excelente para España y un éxito del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha visto reconocido tanto su esfuerzo negociador como el respeto que merece en nuestros socios europeos el programa de reformas y austeridad emprendidas por el gobierno español.

Las grandes cifras del nuevo marco financiero europeo así lo acreditan, porque aun descendiendo por primera vez el techo de gasto de la Unión para el periodo 2014-2020 en 34.000 millones de euros hasta 960.000, España logra mantener un saldo favorable con la UE hasta 2020. En lugar de contribuyentes netos, como se preveía, seguiremos siendo receptores y además se consiguen 1.800 millones para fondos estructurales y 1.000 millones para el programa de empleo juvenil.

Se trata sin duda de un espaldarazo de Europa a las políticas del gobierno español, que ya tienen reflejo en el aumento de la competividad y de las exportaciones de la economía española.

Una atención especial merece el capítulo destinado a la PAC. Los augurios y los pronósticos no podían ser más pesimistas. El Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, anunciaba una rebaja de más del 15% respecto a la situación actual. Los últimos Estados de la Unión van a tener derecho en el nuevo periodo a las ayudas directas al primer pilar, que hasta ahora no percibían. O sea, menos dinero para distribuir entre más socios. Finalmente, a pesar de que el recorte ha sido de 54.000 millones de euros, España va a percibir en la nueva PAC 35.700 millones de euros en ayudas directas para el periodo 2014-2020, 286 millones de euros más que las percibidas en el actual periodo.

Los resultados positivos de esta negociación no acaban ahí, porque España también será destinataria de 8.300 millones de euros para el segundo pilar durante los próximos seis años, es decir, 250 más que en el periodo actual para el desarrollo rural. Como todas las organizaciones profesionales y el sector han reconocido, el buen hacer, la entrega y la capacidad y habilidad negociadora del Ministro Miguel Arias Cañete han sido decisivos en lo que no puede calificarse de otra manera como de un éxito tan inesperado como rotundo. Faltan aún otros trámites. Como se sabe, ahora el Parlamento Europeo tiene ya la capacidad de co-decisión y quedan por cerrar flecos muy importantes, que impedirán posiblemente que la nueva PAC entre en vigor antes del 2015.

No obstante, cabe destacar que la primera batalla se ha ganado y ahora vendrán otras, y probablemente como ha señalado el Ministro no ha sido ajeno al éxito alcanzado la colaboración de todos los eurodiputados españoles, que han sido capaces de mantener un frente unido en defensa de nuestro sector agrario. El sobre nacional, las ayudas agrarias para España, se han mantenido gracias a que se ha aceptado el modelo propuesto por España de convergencia interna de las ayudas de la PAC, que en nuestro país, con una media de 223 €/ha, está por debajo de la media europea, que es de 243 €/ha. En el modelo español se descarta la obligación de alcanzar una tarifa plana de las ayudas directas de 100 €/ha propuesto por el gobierno del PSOE, y a cambio se prevé la posibilidad de introducir una aproximación de las mismas a nivel nacional o regional.

No menos importante ha sido la posibilidad solicitada también por nuestro país de que el Estado Miembro puede limitar la superficie elegible con derecho a percibir las ayudas directas. En la propuesta original de la Comisión, la superficie elegible sería toda la superficie agraria útil, lo que en el caso español se traduciría en la práctica duplicación, de 21 hasta 38 millones, del volumen de hectáreas con derecho a percibir las ayudas de la PAC, lo que supondría que se reducirían a la mitad el importe actual de las ayudas.

En materia de reverdecimiento, greening, se ha logrado una suavización notable de los requisitos que se exigiría a los agricultores y que podrían suponer un coste añadido importante. Las explotaciones que se encuentran acogidas a programas agroambientales de Desarrollo Rural, la agricultura ecológica o las explotaciones que están situadas en la zona de Red Natura, quedarán exentas de la práctica del greening, así como las tierras con cultivos permanentes, como aceite de oliva, vid y árboles frutales, que están dentro de la superficie elegible, que tampoco tendrán que cumplir las nuevas exigencias ecológicas.

Otras medidas destacadas que merecen mención son la aprobación de un Programa Nacional de Desarrollo Rural en convivencia con los 17 Programas Autonómicos, el rechazo a la propuesta de la Comisión de obligar a un ahorro del 25% de agua para acceder a las inversiones en regadíos, el aplazamiento al 2030 de la eliminación de los derechos de plantación de los viñedos, la ampliación al mercado de la UE de las campañas de promoción de los vinos y la obligatoriedad de establecer un porcentaje mínimo de ayudas que se tendrán que dedicar al apoyo a los jóvenes agricultores.

Por último, para la agricultura leridana cobran singular importancia las medidas de gestión de mercado que refuerzan los instrumentos de intervención y la introducción de un nuevo instrumento para hacer frente a las crisis en el sector de frutas y hortalizas, financiado a parte de los fondos gestionados para ese fin por las organizaciones de productores, así como la posibilidad de intercambiar fondos entre pilares y el incremento de un 10% a un 15% del porcentaje que podía ser destinado a pagos acoplados y que incluye a petición española la posibilidad de conceder ayudas asociadas a los ganaderos que no dispongan de tierras en propiedad, o sea, a la ganadería de cebo.

Queda ahora un largo camino. A la aprobación del Parlamento Europeo seguirá el complejo reparto de las ayudas nacionales, donde ya se percibe las protestas de quienes sin embargo apoyan una Cataluña independiente que nos dejaría fuera de las importantes ayudas de la nueva PAC.

José Ignacio Llorens Torres

Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

El millor discurs de Rajoy

El reconeixement de la realitat no pot ocultar la dramàtica dada de l’atur. Gairebé 6 milions d’aturats. Més del 26% de la nostra població activa i més del 50% dels nostres joves no troben feina. Però tampoc es poden ocultar les causes que ho han provocat. El dèficit heretat va ser del 9% en lloc del 6%, un 50% més del que va informar el Govern Zapatero. El deute de les nostres administracions públiques s’havia duplicat en quatre anys i el dèficit de la nostra balança amb l’exterior s’havia multiplicat per quatre entre el 2003 i el 2007. Es gastava el doble del que s’ingressava i Espanya estava a punt de la suspensió de pagaments, era un país sense crèdit. Aquesta va ser l’herència.

Per aquest motiu, en aquesta situació de greu risc, Rajoy, abans que res, es va veure en l’obligació d’aparcar les promeses electorals i complir el seu deure, que no és sinó capgirar la situació, per a la qual cosa la majoria absoluta dels ciutadans li van donar la seva confiança, fa poc més d’un any. El primer objectiu va ser el de la reducció del dèficit, perquè, amb el que teníem, la Unió Europea ens retirava la confiança.

I per reduir el dèficit no n’hi ha prou de retallar les despeses, afany en què han col·laborat, és just reconèixer-ho, totes les administracions; també s’han hagut d’augmentar els impostos. L’augment de l’IRPF, suportat principalment pels contribuents amb més rendes, l’increment de l’IVA i el dels impostos especials i de societats s’ha traduït en un augment d’11.000 milions d’euros que, juntament amb els altres 11.000 milions que s’han retallat en despeses, han permès reduir en més de 20.000 milions el desequilibri de 30.000 milions que suposa la desviació del dèficit heretat i arribar al 7% del dèficit exigit a la Unió Europea.

Però no n’hi ha hagut prou amb aquests ajustos pressupostaris. El 30% del nostre sistema financer estava greument danyat i, per aquest motiu, s’ha hagut d’emprendre un rigorós sanejament, gràcies al qual, i també als esforços a reduir el dèficit, la Unió Europea ha prestat més de 40.000 milions d’euros en condicions avantatjoses, que permetran que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, cosa tan necessària per a l’economia com el sistema circulatori per a l’organisme humà.

No obstant, malgrat els esforços i sacrificis que aquest Govern ha hagut d’assumir, les pensions, encara que no s’han incrementat amb l’IPC, s’han millorat, així com les prestacions a l’atur, que ja es renoven de forma automàtica i el Govern central tampoc ha descuidat els seus compromisos amb les comunitats autònomes, amb els ajuntaments i amb els proveïdors a través dels crèdits ICO o el Fons de Liquiditat Autonòmic, del qual Catalunya, per cert, és el principal beneficiari.

Les reformes també eren inajornables. No només la de l’Administració, ara en marxa, per reduir costos, racionalitzar i evitar duplicitats en els serveis, o la de la unitat de mercat per fer més competitiva la nostra economia. La reforma energètica perquè el deute acumulat no es dupliqués d’aquí al 2015 o la reforma laboral per afavorir la flexibilitat interna i atansar la negociació col·lectiva a la realitat de les empreses han sigut indispensables. Els ajustos han estat molt durs, però no podíem seguir com estàvem.

No és que es pugui parlar de “brots primaverals” encara, però alguns símptomes positius s’entreveuen en l’horitzó. La balança de pagaments ja té superàvit en els cinc últims mesos, la prima de risc s’ha reduït a la meitat, de 638 al juliol a 360 punts; grans empreses automobilístiques com Renault, Nissan,Audi, Ford i Iveco han decidit augmentar la fabricació a Espanya i els excel·lents resultats aconseguits per a Espanya després del Consell Europeu, que ens permetrà seguir com a beneficiaris nets dels pressupostos europeus els pròxims set anys i mantendre la dotació per a la PAC i millores substancials per a l’ocupació juvenil i els fons de cohesió, indica que ja es confia en Espanya.

Queda una legislatura al davant, però ara, complerta la primera part de l’ajust, ja es podran plantejar estímuls. El president Rajoy va anunciar la reforma de l’IVA perquè no es pagui abans de ser cobrat, la reducció de l’IRPF, la llei d’emprenedors i estímuls especials a la contractació i bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social per fomentar l’ocupació, sobretot la juvenil. I no hi podia faltar una àmplia bateria de propostes i d’ofertes al conjunt de les forces polítiques en la lluita contra la corrupció, que ha passat a ser una prioritat obligatòria, per protegir la democràcia.

Finalment, el president del Govern va estar a l’altura de l’home d’Estat que és, al referir-se al respecte a la Constitució i a la llei, dins del qual caben diàlegs i amplis acords. Però Espanya, com qualsevol nació, ha de preservar la unitat, l’organització territorial i l’estabilitat política, sempre des de l’estat de dret, que és el que garanteix els nostres drets i llibertats. Per acabar, el president Rajoy no va poder reprimir un cert grau d’esperança i íntima satisfacció a l’assenyalar que els espanyols hem demostrat que ens mereixem que se’ns ajudi però no que se’ns dirigeixi, afirmació que, sens dubte, anava dirigida als que fa un any li exigien un rescat que no era inevitable i que hauria sigut molt més dolorós.

José Ignacio Llorens Torres

Diputat del PP per Lleida i President de la Comissió d’Agricultura al Congrés

Diàleg dins de la llei

El separatisme és un fenomen com el suflé. Emergeix com si fos un tsunami i al cap del temps s’esvaeix. De fet, el mateix Artur Mas, abans del fervor secessionista que li va pujar al cap després de la Diada, ja va reconèixer que no es registraven les condicions per a les proclames independentistes i es conformava amb el pacte fiscal.

Manejava enquestes, és clar. Cap de tan rotunda com el fracàs electoral i la negativa a aquesta majoria indestructible, excepcional, que reclamava messiànicament per emprendre el viatge al terreny que és desconegut, que no és precisament en aquests moments un reclam electoral atractiu. La majoria s’ha hagut de construir després amb un soci molest, un soci que vol ser al Govern i a l’oposició alhora, i que, a més, mai ha arribat a creure’s els seus propis somnis.

I està passant com a Escòcia, que ja ha deixat de ser la referència obligada dels nacionalistes. Allà, després que en igualtat de condicions mediàtiques s’estiguin debatent els avantatges i els inconvenients de la separació, el suflé nacionalista ja està per sota del 30 per cent, i va caient.Alguna cosa deu haver tingut a veure en la rebaixa de les expectatives el fet cert, reiterades vegades aclarit per la Unió Europea, que la segregació d’una part d’un Estat que pertany a la Unió implica la seua automàtica exclusió de la Unió Europea.

Aquí, a Catalunya, després de l’enquesta del grup Godó de fa unes setmanes que deia que dos terços dels votants de CiU no donarien suport a la independència de Catalunya si suposava l’exclusió de la Unió Europea, diumenge El Periódico oferia una altra enquesta amb els següents resultats: més del 55 per cent estava en contra de la independència de Catalunya, només el 15 per cent a favor i el 26 per cent, indiferent.

I és que alguns dels raonaments defensats pels separatistes són realment grotescos i no resisteixen ni la més mínima anàlisi basada en el sentit comú. No em refereixo només al terreny econòmic, que també. Però sentir afirmar al president de la Generalitat que Catalunya no necessitaria exèrcit perquè l’OTAN cobriria gratis la nostra seguretat, quan no existeix cap país que deixi d’aportar la seua solidaritat en la defensa occidental, és tan inversemblant com la continuïtat a la UE d’una Catalunya separada d’Espanya.

Les freqüents excursions a l’Exterior a la recerca de suports acostumen a acabar en la direcció contrària que pretenen els seus promotors. Així, els 33.070 signants que demanaven, ni més ni menys que als Estats Units, suport a la causa sobiranista, s’han trobat amb la resposta que el Govern americà expressa la seua confiança en el fet que “el Govern i el poble d’Espanya resoldran l’assumpte d’acord amb les lleis i la Constitució”. Naturalment, la resposta ha tingut menys publicitat que la proposta.

I és que el diàleg dins de la llei és l’opinió cada vegada més àmplia i determinant que sorgeix des dels més variats angles de la societat catalana. Personalitats que fins ara han mantingut un silenci discret i prudent, així es manifesten. Ho ha fet Isidre Fainé, president de La Caixa, institució emblemàtica de Catalunya; MiquelValls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona; Gay de Montellà, president de Foment del Treball, i altres líders socials i sindicals.

Fins i tot el mateix president de la Generalitat,Artur Mas, sembla últimament moderar la seua actitud bel·ligerant i les seues altives insolències. I és que el risc d’una fractura social, política i econòmica a Catalunya es fa cada dia més patent, fins al punt que és molt probable que es cancel·li l’acte convocat per al dia 14 per la gran patronal catalana, on ja ha arribat la divisió. I és que, com ja reconeix el senyor Mas, el nou no té per què ser millor que el que ja tenim.

Perquè és clar, alguns fets i evidències són inocultables. Quan el Govern de la Comunitat de Madrid ha pogut col·locar el deute que el d’aquí no pot, quan el president del Bundesbank afirma que l’èxit del Govern d’Espanya ha estat no demanar el rescat, s’obre pas amb força la idea que la unió i la suma d’esforços, una vegada superades les actuals turbulències que sacsegen el mapa polític espanyol, permetran que arribi la recuperació econòmica, la creació d’ocupació i la millora de les prestacions socials, que són les preocupacions principals i reals dels ciutadans.

I, mentrestant, el victimisme té cada vegada una justificació més difícil. Perquè més d’un terç del FLA el percebrà Catalunya, que és, juntament amb Andalusia, la comunitat en què l’Estat més inverteix en infraestructures, i que sense anar més lluny rebrà gairebé el 50 per cent dels 600 milions d’euros de la recent licitació expressa anunciada pel ministeri de Foment, que s’invertiran en el cinturó de Barcelona, a la CN-2 al seu pas per Girona i en una rotonda a Margalef (Lleida), a la N-240.

En resum, l’independentisme es refreda amb la informació perquè, al final, la sobirania nacional es tradueix en canviar un grau de dependència pròxima i integral per una dependència llunyana i insolidària, que no es traduiria en avanços a la sortida de la crisi, provocaria un imparable empobriment i la fractura social seria inevitable. La pregunta, doncs, es fa inevitable: quin és l’avantatge de trencar amb Espanya?

José Ignacio Llorens Torres

Diputat del PP per Lleida

President Comissió Agricultura al Congrés dels Diputats

Tiempos de convulsión

Desde la restauración de la democracia, España ha vivido momentos difíciles, de verdadera convulsión. El golpe de Estado, afortunadamente fallido, del año 1981, los escandalosos episodios de principios de los 90, que acompañaron el fin del felipismo, y que coincidieron además con una crisis económica similar a la actual, han marcado etapas criticas que, no obstante, se han podido superar porque se han respondido con medidas y decisiones adecuadas.

Ahora mismo estamos viviendo una crisis económica que comporta dolorosos costes sociales y sacrificios personales, a los que hay que añadir las irregularidades y escándalos conocidos estos últimos días, que acentúan la justa indignación ciudadana, y para colmo, un gobierno legalmente constituido plantea la ilegal segregación de una parte del Estado. Estamos pues ante un momento difícil, delante de una grave crisis económica, política, social e institucional. Una crisis de Estado.

Para solucionar un problema lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnostico y después aplicar las soluciones necesarias. Todos los partidos, no solo al que me honro pertenecer desde el año 1982, hemos vivido casos de corrupción. Considero que formo parte de un proyecto colectivo, por tanto, me parecería insolidario sumarme a las criticas, que ya nos llueven desde todos los ámbitos.

Solo quiero añadir que la propuesta del presidente Mariano Rajoy para depurar responsabilidades internas del PP hasta las ultimas consecuencias, resolver de una vez la financiación de los partidos políticos y ofrecer un gran acuerdo a todas las formaciones políticas para luchar contra la corrupción, es un verdadero pacto de Estado que no debería ser desaprovechado. Sobre esta cuestión, no deja de ser llamativo el tratamiento que los medios de comunicación catalanes dispensan a los casos de corrupción, según a quien afecte. Ciertamente, Catalunya es un oasis... informativo, y para tener una información completa, uno tiene que recurrir a lo que aquí se llama "caverna mediática de Madrit".

El derecho a decidir. Despejemos equívocos, bajo este eufemismo se esconde un subterfugio, una gran mentira. Quienes lo defienden intentan crear una confusión interesada entre democracia y legalidad. Pero la primera regla de oro en democracia es el respeto a las leyes y al Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia. El derecho a decidir desde la legalidad, tal y como lo plantean quienes lo quieren someter a la voluntad del pueblo catalán es una ilegalidad, por tanto, es una falacia y no es democrático. Ese derecho le corresponde al conjunto del pueblo español a través de los procedimientos legales vigentes, reiteradamente expuestos.

Si llegara ese momento, se tiene que plantear con honestidad y transparencia y sinceridad a los ciudadanos de Catalunya y del resto de España, las consecuencias de una hipotética secesión. No se puede sostener en serio y sin faltar a la verdad que Catalunya seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Quedaría fuera, y no es necesario un alarde de imaginación para enumerar los costes de todo tipo que iban a suponer para el resto de España y para Catalunya, especialmente, la secesión.

La ruptura se basa en unos agravios que son falsos. España no nos roba, al contrario. El superávit comercial de Catalunya con el resto de España es de mas de 22.000 millones de euros, un 10 por ciento del PIB catalán. No es cierto, como aseguro Artur Mas el mismo día de la llegada del AVE a Girona, que el Estado no invierte en Catalunya. Al revés. Desde el año 1996 es la Comunidad Autónoma en la que mas se ha invertido, con más de 20.000 millones de euros. En caso de ruptura, según datos contrastables del Instituto de Estudios Económicos, Catalunya tendría que pagar 180.000 millones de euros de la deuda española, las exportaciones a España descenderían en un 50 por ciento y el PIB catalán en un 20 por cien, y todo ello sin contar la fuga de capitales y empresas y los costes de una moneda propia.

La solución a la espantosa situación económica heredada en el conjunto de España no ha sido ocultarla, sino reconocerla y afrontarla. La reforma laboral y la reforma financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el esfuerzo de todas las administraciones en recortar el gasto y reducir el déficit empiezan a surtir efecto. España es percibida ya como un país serio, el crédito europeo comienza a fluir y se empiezan a notar síntomas esperanzadores. No hay derecho a que en estos momentos la irresponsable actitud del Govern de Catalunya se haya convertido en el principal lastre para la recuperación de la economía del conjunto de España.

Los movimientos populistas y nacionalistas cobran especial fuerza con sus falsas retóricas en épocas de crisis, prometiendo soluciones fáciles que no son ciertas. Con la independencia no viviríamos mejor porque los costes de todo tipo serian muy superiores a los beneficios. Artur Mas y los suyos, que en solo dos años han elevado la deuda de la Generalitat en mas de 9.000 millones de euros pueden seguir culpando al Gobierno Central de sus incumplimientos del déficit, en vez de atajar la hemorragia en los gastos de los Consorcios, Agencias, Consells, de la juventud, del agua, audiovisuales, deporte, lingüísticos, etcétera, y de las cerca de 500 empresas públicas que hay en Catalunya.

También es muy libre, quien hoy preside la Generalitat, de cambiar de socio, de penalizar el sentido de la responsabilidad de Durán i Lleida y de Unió y seguir perdiendo votos en favor de ERC. Pero de la crisis que vivimos no se sale con utopías y visiones mesiánicas, ni con confrontaciones estériles. España tiene que resolver sus diferencias para mantener el proyecto común, y eso exige por parte de todos pactos de Estado y políticas de grandeza. Porque señor Mas: la culpa no es siempre de los demás. La culpa de su fracaso electoral no es del señor Duran i Lleida, y la culpa de su fracaso económico tampoco del señor Rajoy, sino de los derroches identitarios, que al final obligan a que personajes tan significativos como el señor Josep Pujol Ferrusola haya cambiado su domicilio fiscal a 'Madrit'.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del PP por Lleida.
Presidente de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.