viernes, 11 de enero de 2013

La ley nos obliga a todos

El año 2010, los catalanes le dieron a Artur Mas y a CiU la mayoría suficiente para gobernar. Antes de llegar a la mitad de ese mandato, tras la “espontánea” manifestación del 11-S, promovida, alentada y subvencionada por el Govern de la Generalitat, su President decidió anticipar las elecciones. De repente, el señor Mas, preso de un súbito fervor mesiánico, sintió la imperiosa necesidad de pedirles a los catalanes que, como un solo pueblo, le otorgaran una mayoría excepcional, una mayoría indestructible, para romper con España.

Pero el pueblo catalán que respondió como lo que es, como una sociedad plural, no le confirió la mayoría requerida para la ruptura que había sido el objeto del anticipo electoral. Y no solo eso, le castigó a Mas con 12 escaños menos, lo que no fue óbice para que en vez de dimitir, que hubiera sido la lógica respuesta democrática, Artur Mas emprendiera una suicida salida hacia delante y se entregara a los que pedían lo mismo para lo que él pidió una mayoría excepcional, que le había sido negada. Error tras error.

Pactar con ERC, partido que no se ha distinguido precisamente por su aportación a la gobernabilidad, y menos ahora que pretender ser a la vez gobierno y oposición, es otro error grave. Pero lo es más someterse a planteamientos económicos que hace tres meses se consideraban inviables. El caso es que gobierna CiU pero manda ERC, que vigilará a través de los comités mixtos el estricto cumplimiento de los compromisos, entre ellos una nueva organización territorial de Cataluña, que relegará a Lleida al limbo, y doce nuevos impuestos que convertirán a Cataluña en la comunidad que soporta mayor fiscalidad de España.

Pero no nos dejemos engañar, el gran objetivo político es romper lo que siempre ha estado unido. No, este no es un gobierno de diálogo y moderación. Todo lo contrario, porque no puede presumir de moderado un Govern que quiere romper 500 años de historia en común con España, porque así lo han decidido en tres meses Artur Mas y los suyos, a sabiendas de que esa quimérica ruptura provocaría una profunda quiebra social, económica, profesional y afectiva con el resto de España, y entre tantos catalanes que no aceptamos el enorme desagarro personal que supone que se nos quiera despojar de unos de los dos sentimientos con los que hemos nacido.

El diálogo no consiste en imponer a la otra parte, sí o sí, lo que uno quiere. Y es que el diálogo no interesa a un Govern que busca la confrontación, que desde el primer momento propone una serie de medidas y leyes que no caben en la Constitución, propias de un Estado independiente, destinadas a sustituir al que hay, y todo ello desde antes de convocar un referéndum ilegal que se da ya anticipadamente por refrendado y respaldado. En realidad, lo que interesa es el conflicto permanente, para alimentar una mayoría de ruptura inexistente.

Porque así lo expresan los sondeos, como uno reciente del grupo Godó, que reduce a una tercera parte los votantes de CiU que elegiría la independencia si significara la exclusión de Cataluña de la UE, y como se desprende de una adecuada interpretación parlamentaria de la aritmética electoral que quisiera repasar para corregir un error numérico que cometí en mi último artículo publicado en Segre el 14-D. Así, si de los 50 diputados que obtuvo CiU se restan por lo menos 13 de Unió que no están por la independencia, quedan 37, que sumados a los 21 separatistas sin tapujos de ERC más los 3 del CUP, suponen 61 diputados. Es muy aventurado decir que los 13 de IC representen votos independentistas y desde luego no lo son ni los 19 de PP, ni los 9 de Ciutadans, ni los que votaron a los 20 del PSC. En resumen, una cámara fragmentada como nunca y prácticamente dividida en dos bloques respecto a la independencia.

Por eso, a partir de ahora, para alcanzar un respaldo mayoritario de ruptura que hoy no existe, estos visionarios, promotores de la versión actualizada del plan Ibarretxe, tratarán de excitar los ánimos contra el enemigo exterior, que es España. Así, el debut del nuevo conseller de Presidencia no ha podido ser más beligerante, “Madrid ha dictado nuestra sentencia de muerte.”Y nosotros sin enterarnos…Y nada tan eficaz, sobre todo, en época de crisis, que incorporar a los sentimientos separatistas, presuntas afrentas económicas y los intereses de quienes ingenuamente se creen que en una Cataluña independiente viviríamos mejor.

Aunque es difícil sostener en serio que “España nos roba” cuando nos compra la mitad de nuestras ventas al exterior, la renta media de Cataluña es de 27.340 euros al año, frente a los 23.271 euros del conjunto, Cataluña percibe 8.300 millones de euros, una tercera parte del Fondo de Ayuda Autonómica para toda España, y desde 1996 ha sido la más favorecida en inversión de infraestructuras. Tampoco importa la deslocalización de empresas (Planeta, Cobega…) que no ha hecho más que empezar, la fuga de capitales o que la inversión extranjera haya experimentado en Cataluña la mayor caída el último trimestre.

Hemos empezado “un camino incierto”, ciertamente. Porque no sabemos el impacto de los aranceles sobre nuestras ventas a la UE y al resto de España. Ni el alcance de las tensiones devaluatorias e inflacionistas que comportaría una moneda propia o seguir en el euro, tampoco se sabe como se va a pagar nuestra deuda, la mayor de España, y los patrióticos bonos.

Lo que sí sabemos es que en una Cataluña independiente se produciría una caída del 20% del PIB, según los análisis del Instituto del Estudios Económicos, cuyo Presidente ha señalado que “los que buscan la secesión de Cataluña no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen”. Eso sin contar las pérdidas de la PAC, los fondos sociales europeos y los proyectos comunitarios de energía y transporte. Existe otro riesgo mayor. Un gobierno no puede vivir al margen de la ley. La democracia es una consecuencia –y no al revés– del Estado de Derecho y del cumplimiento de unas leyes, por encima de las cuales está la Constitución que nos obliga a todos y que es la que ha legitimado y legitima al actual Parlament, Govern y President de la Generalitat. Convendría recordarles a quienes solo tienen la máxima aspiración de conseguir una Cataluña independiente de España, para convertirla en una Cataluña mucho más dependiente de la UE, lo que además es imposible, que no se puede pedir a los ciudadanos que respeten y cumplan las leyes cuando sus gobernantes no lo hacen y abandonan los caminos del diálogo y del entendimiento tan necesarios como posibles.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso Del PP por Lleida y
Presidente de la Comisión de Agricultura

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