jueves, 12 de junio de 2014

Constitución, democracia y España

La decisión personal del rey Juan Carlos I de abdicar del trono de España ha desencadenado el proceso sucesorio, que se está desarrollando de acuerdo con las previsiones constitucionales y formalidades parlamentarias en un marco de estabilidad política y normalidad constitucional que es lo que caracteriza a las grandes democracias consolidadas y maduras de los países más desarrollados del mundo. Ayer se aprobó por una amplísima mayoría, 299 diputados, el Proyecto de Ley Orgánica propuesto por el Gobierno y el próximo jueves, 19 de junio, se procederá a la proclamación del nuevo rey de España.

Culminará así la coronación de Felipe VI y un proceso que es símbolo a la vez de continuidad y renovación de una institución que representa la unidad de España y la plena vigencia constitucional. Los orígenes de ambos reinados son distintos, porque Juan Carlos I surge de un proceso de Transición hacia la democracia y Felipe VI surge de esa democracia ya consolidada en la Constitución. Sus reinados, sin embargo, se han encontrado con retos difíciles e importantes.

Nadie puede discutir la brillantez con que Juan Carlos I ha superado los que se encontró. Ha sido un artífice destacado en el restablecimiento de la democracia y garante de la Constitución y del Estado de Derecho, que tuvo su máxima expresión en su decisiva intervención para anular el golpe de Estado del 23-F. Ha sido también impulsor del Estado de las Autonomías, embajador de éxito en la defensa de los intereses económicos de España en el exterior y durante su reinado hemos conocido el mayor periodo de modernidad, paz, prosperidad y bienestar social de nuestro país. Sin duda, los aciertos en su gestión pesan más que sus errores y los españoles tenemos mucho que agradecerle a nuestro querido rey Juan Carlos I.

Igualmente, el reinado de Felipe VI no se presenta exento de dificultades, pero cabe esperar de su especial preparación y responsabilidad que sepa superarlas con el mismo acierto que su progenitor. La crisis económica con atisbos de recuperación gracias a las reformas y la estabilidad política que aporta este gobierno, pero que sigue ahí, la petición de referéndum sobre la forma de Estado, el desafío secesionista disfrazado de consultas ilegales, que ya se está contagiando al País Vasco, y la proliferación de formaciones y discursos antisistema, son cuestiones a las que tendrá que enfrentarse el nuevo rey, al que no le faltarán respaldos porque la sucesión ha contado con importantísimos apoyos. La Constitución ampara y regula la Monarquía Parlamentaria, el Estado de las Autonomías y la unidad de España, y hasta la reforma constitucional, que algunos invocan, está prevista en la propia Constitución.

Pero en aquellas manifestaciones callejeras de los indignados del 15-M, en los escraches y en las algaradas violentas, algunos detectaron irresponsablemente una cantera para sus propios intereses electorales, que luego se les ha vuelto en contra. En contra de todos. Porque los antisistema, tanto fuera como dentro, acaban convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad, para el sistema democrático de libertades que nos hemos dado y para el Estado de Derecho. Para la convivencia misma, porque sus reglas no se pueden violar. Y también para la recuperación económica y el empleo, que requieren sobre todo estabilidad.

Y lo que ocurre cuando se legitima el antisistema, cuando se piden referéndums republicanos en nombre de minorías que quieren imponer su voluntad a la mayoría, cuando no se cumplen las leyes o se impulsan consultas ilegales, al final se mezcla todo y republicanos, separatistas, Podemos, Bildu y antisistema acaban en lo mismo. Y ahí está la cadena de esta semana entre Durango y Pamplona como continuidad de las que tan irresponsablemente se han iniciado desde aquí, que se toman como modelo después.

En nombre de un pueblo que sigue sin rebasar la mitad de los que votan, porque en Catalunya ha votado el 47,63% frente al 45,84% en el conjunto de España, y que no llega ni a una quinta parte del electorado, porque ERC y CiU suman el 19,6% de los votos del total del censo de Catalunya, 1.142.867 votos sobre 5.317.298 ciudadanos con derecho a voto. Todo lo cual no es óbice para que prosigan los simposios, las provocaciones y los desafíos como los que acaba de protagonizar con sus disparatadas declaraciones el indescriptible portavoz del Govern de la Generalitat.

El Sr. Homs, ¡quién fue a hablar!, ha aclarado en Suiza que el rey abdica para salvar el negocio familiar, con lo que ha perdido una buena ocasión para callarse porque en su partido, cuya sede está embargada, no escasean las imputaciones de familiares, pero sus declaraciones revelan en el fondo que no se escatiman esfuerzos en dinamitar un diálogo que se pide pero no se quiere, y la abstención de ayer es una prueba más de que Convergencia se aleja cada vez más del sentido de Estado que había tenido hasta hace poco.

Y es que Convergencia se parece cada vez más a ERC, y los convergentes eligen la rauxa sobre el seny, o sea la estela rupturista y separatista de los republicanos sobre la moderación conciliadora y el sentido de la responsabilidad de un Duran i Lleida, que ayer no tuvo su mejor día, pero cuya dimisión sería una mala noticia, como lo es el relevo de Rubalcaba, para quienes todavía confiamos y esperamos que caben soluciones dentro del marco constitucional para que Catalunya continúe, como si duda va a continuar, incluida en España y en Europa. Aunque algunos juegan a todo lo contrario.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

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