Erase una vez un gran país, que decidió enterrar los
fantasmas de una espantosa guerra civil, restañó viejas heridas y supo unir dos
mitades que parecían irreconciliables. El año 1978, los dirigentes y
representantes del más variado espectro ideológico de ese gran país, que no es
otro que España, se pusieron de acuerdo para asegurar los derechos
fundamentales de todos sus ciudadanos, construir un Estado de Derecho y
garantizar la alternancia en el Gobierno de la Nación como resultado de la
voluntad de todos los ciudadanos, libremente expresada en las urnas. Ese gran
acuerdo recogido en la vigente Constitución fue sometido al voto de todos los
ciudadanos, que lo respaldaron abrumadoramente con el 88 por cien -más del 90
por cien en Cataluña- sobre una participación del 67 por ciento. El proceso de
transición del régimen surgido tras la Guerra Civil a un régimen democrático de
libertades, cuyo éxito asombró al mundo entero, fue posible gracias a la
responsabilidad de nuestros padres constituyentes, cuyo legado nunca
agradeceremos bastante.
Porque nadie puede negar que la Constitución, que el
pasado sábado cumplió 36 años, nos ha traído el mayor periodo de paz, bienestar
y prosperidad de nuestra convulsa historia. Nuestro Estado de las Autonomías
permite un nivel de autogobierno de las Comunidades jamás conseguido. La
distribución de competencias entre los diversos poderes central, autonómico y
local no tiene parangón en el mundo entero, y compagina el respeto a la
diversidad de identidades y al principio de solidaridad y subsidiariedad sin el
que todo Estado perdería toda su razón de ser y nuestro modelo de sanidad
pública, educación y pensiones, es envidiado por todo el mundo.
En los 36 años de vida de la Constitución española ha
sufrido toda clase de avatares. La Constitución fue absolutamente determinante
en el fracaso del golpe de Estado contra la democracia el 23-F. Nuestros
nacionalistas recurrieron a ella para frenar los recortes a las competencias
autonómicas que suponía la LOAPA. Algunos han querido cambiarla simplemente
porque no la votaron. Precisamente, su permanencia en el tiempo y los grandes
consensos que la apoyan es lo que da valor a la Constitución. La de Estados
Unidos tiene más de 200 años. De hecho, todos los estados democráticos del
mundo, menos el Reino Unido, que ha transferido sus competencias al Parlamento,
están regidos por una Constitución.
De un tiempo a esta parte la Constitución está
amenazada por toda clase de desafíos. Como si fuera culpable del recorte del
Estatut inconstitucional alentado por Zapatero, o responsable de la crisis.
Pero digámoslo claramente, los nacionalistas, que utilizan la Constitución como
blanco de sus insaciables reivindicaciones, han sido profundamente desleales
con la Constitución. Cuando fui diputado en el Parlament ya le oí a Pujol en
1991 que el objetivo de CiU coincidía con el de ERC. Lo que era distinto eran
los plazos y los métodos para conseguir la independencia de Cataluña. Después
Ibarretxe también intentó, sin éxito, la del País Vasco y ahora, ya
abiertamente y sin tapujos, se pone en evidencia la coincidencia entre ERC y
CiU anunciada por Pujol.
Se veía venir. Desde el año 2010 el President de la
Generalitat ha faltado a sus compromisos constitucionales y democráticos
gracias a los que llegó a sus actuales responsabilidades de gobierno, y ha
olvidado para lo que le han votado porque no ha gobernado. Ha encontrado en la
confrontación con el Estado, del que se ha declarado enemigo, en la división
que ha provocado en la sociedad catalana y en su repentina conversión confesa
al independentismo la vía de escape a la crisis y a su incapacidad para
afrontar la impopularidad que comporta resolver la situación económica heredada
que ha desatendido y ha empeorado.
Además, la interminable campaña de agitación de las
masas en contra del enemigo exterior que "nos roba" le ha situado
fuera de los límites que un gobernante democrático nunca debería traspasar. La
declaración de Artur Mas para iniciar un proceso de 18 meses para declarar la
independencia de Cataluña le sitúa fuera de la Constitución y excluye a su
Govern del marco legal. Sea con lista unitaria o no con ERC, con declaración
unilateral inmediata o aplazada, la negociación es imposible porque se ha
traspasado las líneas rojas que ninguna Constitución puede aceptar. La
integridad territorial y el sujeto de la soberanía es decir la unidad de España
y la competencia de quienes deben decidirla.
No es nada raro el fracaso internacional suscitado
por el proceso soberanista porque Europa y el mundo tienden a lo contrario a la
disgregación. Algunos ingenuos creen que la solución está en la reforma
constitucional, para lo que habría que conocer su alcance, objetivo y el
consenso que podría concitar, porque la propia Constitución para prevenir
circunstancias coyunturales cambiantes exige mayorías excepcionales para ser
cambiada y tampoco es que se pueda confiar mucho en un PSOE, que dos años
después dice que se equivocó cuando propuso llevar la Constitución la
estabilidad presupuestaria exigida por la UE.
Lo cierto es que Mas ya se ha declarado presidente
de un país que excluye a dos de cada tres catalanes, que se ha convertido en un
caudillista agitador de masas y con lista unitaria o no con ERC, que ya le ha
salvado de la comparecencia en el caso Pujol y le ha declarado inviolable,
prescinde de cualquier reforma constitucional que pueda apaciguar su fiebre
separatista y le ha dado definitivamente la espalda a todos los catalanes
porque cuadrar los presupuestos de la Generalitat con 2.000 millones de euros
que, supuestamente le debe el Estado, es una irresponsabilidad total.
Menos mal que Mariano Rajoy no abdica de las suyas.
Para defender la Constitución, la estabilidad política y para gobernar para
todos los españoles. Para superar la crisis y recuperar la economía española,
que ya crea más de 1.000 empleos diarios. Para atender hasta con más de 40.000
millones de euros procedentes del FLA, el pago de la deuda de la Generalitat,
los servicios públicos esenciales, las pensiones y los proveedores de una
Cataluña que no es de pensamiento uniforme y que no está representada por una
lista única y separatista. Para que Cataluña siga, como siempre, formando parte
de España. Porque juntos hemos conseguido los Juegos Olímpicos para Barcelona,
que el AVE una las cuatro provincias catalanas, que el Segarra Garrigues sea
una realidad y juntos saldremos de la crisis.
José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del
Partido Popular por Lleida
Presidente de la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados
1 comentario:
Gilipolles!!! quina constitució? la del 78? S'ha acabat el broquil fatxa fastigos.
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