jueves, 12 de abril de 2012

Presupuestos austeros con pocos recortes para Lleida

Los PGE del 2012 son los Presupuestos que se necesitan para sanear la economía y superar una crisis que hasta el propio Cándido Méndez, líder de la UGT, reconoce que ha provocado las equivocaciones de Zapatero. Efectivamente, el gobierno socialista, desde el año 2008, ha venido ocultando la realidad, ha gastado el doble de lo que ingresaba, ha tomado las medidas contrarias a lo que requería la gravedad de la situación, ha atisbado “brotes verdes” que nunca llegaban y ha engañado a todo el mundo. El resultado es que más de 5 millones de españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo, que el 50% de los jóvenes españoles están en paro.
¿Podríamos seguir en esa situación, negando la evidencia, viviendo de espaldas a la realidad, con una ausencia total de reformas y mintiendo a Bruselas? Rotundamente, no. Si el año pasado, el 2011, el gobierno socialista, tal y como se comprometió, hubiera cumplido el objetivo de reducir el déficit al 6%, el del Partido Popular se hubiera ahorrado el recorte de 25.000 millones de euros, que es lo que supone bajar el déficit del 8,5% real que se ha encontrado Rajoy, a ese 6% comprometido por Zapatero. Este recorte de 25.000 millones es prácticamente el ajuste de los PGE de este año.
Y, por si fuera poco, después de la grave amonestación de Bruselas al gobierno de España en mayo de 2010, el gobierno socialista gastó el año 2011, 90.000 millones de euros más de lo que ingresó. Estamos pues, ante un serio problema de credibilidad, y como dice el Presidente del Gobierno, lo primero que hay que decir a los españoles, es la verdad por mucho que duela, tomar las medidas necesarias para remediarlo y pedir la comprensión y el esfuerzo de todos, porque si se hace lo que se tiene que hacer superaremos la crisis, como lo hizo el PP de Aznar en el año 96. Y para ello hay que actuar sobre el inasumible déficit público, la falta de crédito y la pérdida de competitividad de la economía española.
El conjunto de reformas emprendido por el gobierno del PP en los 100 primeros días de gobierno, va en esta triple dirección. Desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no gastar más de lo que se tiene, la reforma laboral para facilitar el empleo, el saneamiento del sector financiero para que fluya el crédito, la reforma fiscal y el Plan de Apoyo a los Emprendedores, por citar algunas de las más importantes, sin olvidar la financiación de los pagos pendientes a los proveedores y la protección a los deudores hipotecarios sin recursos. Pero es en los PGE donde se concentran principalmente los esfuerzos para alcanzar el objetivo de reducir el déficit del 8,5% hasta el 5,3%, tal y como exige Bruselas para que España no sea intervenida y pueda seguir en la UE.
El ajuste de centra en un drástico recorte en el Gasto Público principalmente improductivo, de 18.300 millones de euros, y una aumento en los ingresos de unos 12.000 millones de euros, que se obtienen de un incremento de unos 5.300 millones de euros del impuesto de sociedades de las grandes empresas, por la vía fundamentalmente de la reducción de las deducciones, un aumento temporal del IRPF de 4.100 millones y un gravamen especial de 2.500 millones, que es lo pagarán los 25.000 millones de la economía sumergida que se pretenden aflorar para incorporarlos al mercado, tal y como en su día también hicieron los ministros socialistas Boyer y Solchaga.
Los presupuestos que sufren mayores recortes son el de exteriores con un 54,4%, debido sobre todo a la reducción de las Ayudas al Desarrollo, y el de Fomento, que desciende un 34,6%. Disminuyen las partidas destinadas a las políticas activas de empleo en más de 1.500 millones de euros, y a infraestructuras en 1.492 millones. Sin embargo, cabe destacar que los colectivos más desfavorecidos quedan protegidos y a salvo de lo recortes, porque se mantienen el poder adquisitivo de las pensiones y las prestaciones al desempleo, se incentiva la creación de puestos de trabajo para los colectivos con mayores dificultades y no se toca el sueldo de los funcionarios y el IVA.
A pesar de la crisis, los PGE del 2012 para Lleida sufren una disminución muy moderada. Desde los 193,5 millones de euros en el 2011 hasta los 174 millones de euros de 2012, lo que supone un descenso de tan sólo el 7%, que es menor en realidad porque una parte de la dotación presupuestaria del año pasado no se ha llegado a ejecutar. Las dotaciones más llamativas para este año se las llevan el tramo Almacellas-límite provincia de Huesca de la A22, con 11,3 millones de euros, el Canal Segarra-Garrigues, que eleva su dotación de 69 a 82 millones de euros, y el abastecimiento desde Rialb a 40 municipios por 9,7 millones de euros. Por otra parte, se prevé dotaciones para financiar las partidas previas a la ejecución de las obras en el Eix Pirinenc, en la A14 Lleida-Val d’Aran-Francia y en la carretera CN145 Seu d’Urgell-Andorra.
Llegarán sin duda las críticas de la oposición, pero son poco fundadas y fácilmente rebatibles desde la óptica del Estado y desde la leridana. Porque el recorte de los últimos PGE socialistas del 2011 fue del 50% respecto al anterior presupuesto. Las grandes autovías para Lleida han estado paralizadas, ya que la A14 Lleida-Val d’Aran-Francia todavía no ha salido de Lleida, y la A22 Lleida-Huesca no ha llegado ni a Almacellas, en los ocho años de gobierno socialista. Y lo que es peor, aunque no hubiera recortes no se hubiera podido avanzar, porque ni los trámites previos a la construcción de autovías (informes previos, impacto ambiental, redacción de proyectos...) se han hecho.
Es, pues, un balance fácilmente comparable con el AVE a Lleida, la autovía Cervera-Igualada, el túnel de Vielha y el Segarra-Garrigues de los ocho años de gobierno del Partido Popular. Y si tenemos en cuenta la incidencia en la autovía Lleida-Tarragona de la importante dotación prevista este año en el tramo Tarragona-Montblanc, la conclusión no puede ser otra que la de que no ha habido prácticamente recortes en Lleida en los PGE del 2012. pero lo más importante es que estamos en una situación de emergencia nacional, que la suicida deslealtad socialista y separatista no hace más que agravar y que exige grandes sacrificios para remediar la catástrofe heredada.
José Ignacio Llorens Torres
Diputado del PP por Lleida. Presidente de la Comisión de Agricultura en el Congreso

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