viernes, 22 de marzo de 2013

El derecho a saber la verdad

A MUY pocos les puede sorprender la suspensión de la cumbre económica social,“Entre tots ho farem tot”, prevista por el Govern este fin de semana. Entre la prioridad de esta coalición CiU-ERC que gobierna la Generalitat, no figuran las prestaciones sociales que ponen en peligro la situación de emergencia económica que se vive en Cataluña.

Naturalmente la culpa se sigue atribuyendo al déficit fiscal, “España nos roba”. Pero cada vez resulta más difícil ocultar la monstruosa deuda que nos ha dejado el Tripartit, uno de cuyos socios es quien verdaderamente manda ahora en Cataluña, y que se ha visto ampliada por el actual Govern nada menos que a 50.000 millones de euros. El caso es que la Generalitat no tiene dinero, es la Comunidad más endeudada de España y no paga a nadie.

¿Qué hace con el dinero el Govern de la Generalitat? ¿Cómo es posible, cuando no se paga el transporte escolar o a las farmacias, que siga el despilfarro en subvenciones identitarias, el gasto en tantos canales autonómicos de televisión y empresas públicas, o en el soez engrase a unos medios de comunicación entregados a la causa soberanista? La respuesta no es difícil de imagina aunque parezca descabellada. Porque no es demasiado inteligente ni razonable el intento de recuperar el diálogo –económico– con el gobierno de Madrid y no despreciar al mismo tiempo ninguna ocasión para colocarlo contra las cuerdas, aunque sea de forma tan grotesca como la de plantear en el Parlament la reprobación de la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, porque ha tenido la osadía de exigir que la bandera española figure también en los edificios e Instituciones Públicas.

No, no parece razonable el camino emprendido hacia Ítaca por quien al día siguiente de perder diez escaños para la mayoría indestructible pedida para llegar a la meta, ha hecho lo contrario de lo que expresaban las urnas. Los modelos se han ido sucediendo y empeorando. De Escocia, visto el declive separatista que expresan los sondeos al conocerse las verdaderas consecuencias de la independencia, hemos pasado al modelo Kosovo, o sea, a la declaración unilateral de independencia.

Toda una gran patraña, un verdadero despropósito que no puede conducir más que a un desastre para Cataluña. Sin duda se busca el amparo internacional. Porque el derecho a decidir inunda nuestras vidas y pretende taparlo todo, pero en realidad es una propuesta incompleta. Así, en abstracto, el derecho a decidir puede resultar democráticamente atractivo. A muchos les gustaría decidir sobre el pago de las hipotecas, o sobre una rebaja del IBI, que en Lleida pagamos cuatro veces. Y no faltarían quienes querrían decidir sobre la pena de muerte para los terroristas o incluso sobre la permanencia de algunos vecinos de su comunidad.

Pero, afortunadamente, el derecho a decidir que ejercitamos todos cuando votamos tiene sus limitaciones, que son el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución, que nos legitima a todos. Por lo tanto, el derecho a decidir... sobre la independencia de Cataluña, que es lo que realmente y en el fondo plantea la cuestión apoyada por los nacionalistas y socialistas, no es más que un regate a la legalidad nacional y a la internacional, y un derecho que va contra la legalidad no es tal.

El derecho a decidir la independencia de una parte del territorio le corresponde al sujeto de la soberanía, que es el conjunto del pueblo español, tal y como establece la Constitución, que también contempla los mecanismos para que se reforme. El derecho a decidir la independencia de un pueblo, Kosovo, o sea la Autodeterminación, es un derecho universal reconocido por la ONU en tres supuestos, situación colonial, ocupación militar y apartheid, que evidentemente no se dan en Cataluña, aunque algunos los hayan descubierto después de la manifestación del 11-S del 2012.

Hay otro derecho que aquí, en Cataluña, en la que hasta hace poco se presumía de oasis, no se respeta. No me refiero a que se cumpla las sentencias o al valeroso ejercicio de las Universidades catalanas que han decidido no supeditar la excelencia académica a las imposiciones lingüísticas. Se trata de un derecho natural y universal, el derecho a saber la verdad. Cuando Cataluña va a percibir más de la mitad del Fondo de Liquidez Autonómico, concretamente 7.133 millones, no se puede seguir alimentando la confrontación con quien nos ayuda.

El último desprecio al rigor y a la verdad, uno más entre mil, lo han protagonizado en la inauguración de la Fira de Mollerussa el Conseller Pelegrí y el Alcalde de Mollerussa, el diputado Solsona, afirmando que si Cataluña no cumple el déficit nuestros payeses no cobrarán la PAC. Es una información falsa, tendenciosa y equívoca, de la que por lo visto no se enteró el diputado cuando se lo preguntó, tres días antes, al Ministro de Agricultura en la Comisión. Las ayudas de la PAC, que solo se perderían en una Cataluña independiente, como la que algunos defienden, porque quedaría fuera de la UE, tienen un destino finalista, y aunque el gobierno de España quisiera no podrían destinarlo a otro fin que no fuera ayudar a los agricultores y ganaderos. Seguramente a los dirigentes nacionalistas les traiciona el subconsciente porque es el Govern de la Generalitat el que desvía ayudas a otras finalidades de las previstas, ya sean fondos sociales europeos o fondos procedentes del Gobierno Central, que no llegan al pago de los proveedores.

José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso del Partido Popular por Lleida

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