Adolfo Suárez nos ha dejado y el
pueblo español se ha volcado en su despedida. Es el reconocimiento a un
presidente del Gobierno que pasará a la historia como artífice de la Transición,
de la reconciliación definitiva de todos los españoles y de la Constitución
aprobada el 6 de diciembre de 1978 que, con una participación del 67%, consiguió
el respaldo del 87,9%de los ciudadanos, que aquí en Catalunya llegó al 90%.
Por eso, el impropio paralelismo que
en plena capilla ardiente pretendió establecer el Sr. Mas con la figura de Adolfo
Suárez no puede ser más equívoco. Porque el presidente Suárez gobernó para
todos los españoles, protagonizó su reconciliación y defendió siempre la
Constitución que había impulsado con un coraje que tuvo su expresión máxima el 23-F
del 81.Mas no se le parece, representa todo lo contrario. Porque no tiene el
valor ir el martes al Congreso –como lo hizo Ibarretxe– a defender su proyecto
de consulta soberanista, no actúa como presidente de todos los catalanes porque
nadie como él nos ha dividido tanto y utiliza todas las argucias posibles para
vulnerar una Constitución que es la que le legitima, entre otras cosas, como
president de la Generalitat.
La instrumentalización de Suárez, que
fue inmediatamente recriminada hasta por el propio Miguel Roca, previsible por
otra parte para quien ha osado asemejarse nada menos que a Mandela, Luther King
o Ghandi, fue tan inoportuna como la recusación de tres magistrados del TC por
supuesta catalanofobia el mismo día precisamente en que todos ellos, o sea los 3
más 9, rechazaban la consulta soberanista, lo que mereció la inmediata repulsa
de los Homs, Turull y compañía, que calificaron a los doce constitucionalistas como
agitadores políticos, aunque poco después sorprendentemente hayan cambiado de
opinión porque ahora dicen que la sentencia les da la razón. La cuestión es si
la tensión institucional entre Gobiernos y Parlamentos central y autonómico
responde en la realidad a un estado de opinión mayoritario, y presuntamente exacerbado
en Catalunya, o es el envoltorio de un proceso de confrontación permanente con el
Estado provocado desde aquí, cuyo único objetivo final es romper con España. Para
empezar, la mayoría del Parlament que ha impulsado la declaración soberanista
inconstitucional no reúne ni los dos tercios necesarios para tocar ni una coma del
Estatut y la actitud del Govern, teledirigido por Junqueras, ha ido de tumbo en
tumbo hasta la situación actual. Los orígenes de la actual situación no son tan
lejanos como para no ser recordados. Los ocho años de Tripartit y la reforma del
Estatut impulsada por ZP, apenas apoyada por el 35 por cien de los catalanes,
acabaron por desorientar a un electorado socialista mayoritario en elecciones
generales hasta hace poco en Catalunya, y por tanto no separatista. La
sentencia sobre el Estatut, la crisis, la ANC y la manifestación del 11-S del
2012 han servido para alimentar la semilla. Se adelantaron las elecciones pero
la mayoría excepcional no llegó y en vez de interpretar democráticamente el
resultado, la huida hacia adelante ha servido para alentar el enfrentamiento institucional.
La internacionalización del conflicto ha fracasado. Una Catalunya separada
quedaría fuera de la UE y del euro, y dado su demostrado y escaso sentido de la
solidaridad, con pocas posibilidades de reingreso. Aislada también de la ONU y
de la OTAN. La banca y las empresas dejarían Catalunya, habría que pagar
aranceles para vender al resto de España y UE y los bancos catalanes se
quedarían sin cobertura del BCE. Se oculta el coste real de la secesión y no
solo económico, porque no es precisamente una buena noticia el reciente anuncio
de la reaparición de una Nova Terra Lliure.
Y es que el Govern no informa a los
ciudadanos. Influye, manipula e impone, porque otra cosa no es la declaración unilateral
de independencia, sustentada en conceptos vagos y subrepticios que se utilizan de
forma maniquea. La consulta esconde un auténtico referéndum de autodeterminación,
el derecho a decidir no es ilimitado, no se puede decidir sobre cualquier cosa
porque la vida en común sería imposible. En nuestro caso el derecho a decidir
del pueblo catalán no puede lesionar el derecho a decidir de todo el pueblo
español.
Y el diálogo, como aclara la sentencia,
cuyo sentido intentan manipular ahora los que inmediatamente la satanizaron, esto
es los Homs y compañía, tiene que ajustarse al marco constitucional, que por
otra parte prevé también los procedimientos legales para reformar la
Constitución. Probablemente en una Catalunya independiente sería más fácil
tapar facturas y salvar a la familia. Podremos seguir debatiendo sobre los
efectos económicos, sociales y sentimentales de la ruptura, pero lo que no se
puede sostener en serio es que la sentencia del TC dice lo contrario de lo que
dice, salvo que se nos quiera hacer creer que es de noche cuando es de día.
José Ignacio Llorens Torres
Diputado al Congreso PP Lleida, Presidente
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Congreso de Diputados
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